Gobierno ha expulsado a 1.401 migrantes en cuatro años y los procesos duran dos meses en promedio

Un avión salió del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago, el domingo 6 de junio rumbo a Caracas, Venezuela. En su interior iban 19 extranjeros expulsados por resoluciones judiciales. Cuatro de ellos -según información entregada por el director del Servicio Nacional de Migraciones (SNM), Álvaro Bellolio- eran ciudadanos venezolanos que fueron sorprendidos traficando a 13 niños por la frontera. A ellos se sumaban otras 34 personas deportadas por no regularizar sus visas.

La política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera es defendida por las autoridades oficialistas, quienes aseguran que esta medida busca desincentivar el ingreso clandestino. Incluso, el propósito también sería evitar situaciones que puedan poner en peligro a quienes muchas veces arriesgan su vida al ingresar al territorio nacional.

Sin embargo, en los últimos días el Poder Judicial ha tomado protagonismo cuestionando estos procesos y decidiendo, de manera inédita, que las cortes sesionen de forma extraordinaria los domingos y en horarios inhábiles para revisar los amparos que buscan frenar estas deportaciones.

La Tercera requirió al gobierno las fechas en que notificaron a estas personas de sus expulsiones durante 2021 y en las que la PDI fue a detenerlos para posteriormente deportarlos.

Según informó el SNM, de los 34 migrantes expulsados por razones administrativas el 6 de junio, dos fueron notificados en diciembre de 2020 que serían devueltos a su país. Es decir, en este caso el gobierno esperó seis meses para adoptar la decisión administrativa de subirlos a un vuelo de retorno. En otras tres situaciones, se les informó en febrero de 2021 que se abriría un cuaderno de expulsión si no tramitaban la visa, a otros siete se les avisó en marzo, tres en abril, diez en mayo y a nueve en junio de 2021; es decir el mismo mes que se les devolvió a su país. Según el registro del SNM y la policía, uno de los deportados fue informado de su expulsión el 4 de junio, solo dos días antes de tener que tomar el vuelo, mientras que ocho de ellos fueron avisados tres días antes de ser expulsados, el 3 de junio.

Así, al sumar cuánto se demoraron con cada uno de estos 34 migrantes entre la notificación de que debían regularizar sus papeles hasta su expulsión (considerando el 1 de cada mes para los casos no exactos de notificación), en total pasaron 1.881 días. Esto da un promedio de casi dos meses (55 días) para el proceso completo.

Según cifras del SNM, entre 2018 y este año el gobierno ha intentado expulsar de Chile a 16.851 extranjeros (ver infografía) por haber ingresado ilegalmente al suelo nacional. De ellos, solo logró materializar la expulsión de 1.401, siendo en su mayoría ciudadanos de Venezuela. Los últimos extranjeros que fueron regresados a su país el 6 de junio son parte de los 321 que el Ejecutivo ha deportado por razones administrativas en los casi seis meses de lo que va de 2021.

Por su parte, el Servicio Jesuita Migrante (SJM) registra un total de 151 expulsiones por vía administrativas ejecutadas entre enero y abril de este año, de los cuales 116 son venezolanos. La misma estadística establece que en 2020 -ya con la pandemia del Covid desatada en Chile y el mundo- se envió en vuelos de retorno a 202 personas, la mayoría de República Dominicana (52).

De acuerdo al Ejecutivo, ello se ciñe al artículo 90 del Decreto de Ley 1094, que dice: “La medida de expulsión deberá ser notificada por escrito al afectado, quien podrá en dicho acto, si ello fuere procedente, manifestar su intención de recurrir en contra de la medida o conformarse con ella. En este último caso, la expulsión se llevará a efecto sin más trámite”. Además, señala que “transcurrido el plazo de 24 horas contado desde la notificación, en el caso de que no se haya interpuesto recurso o en el de no ser éste procedente, o transcurrido el mismo plazo desde que se haya denegado el recurso interpuesto, la autoridad a que se refiere el artículo 10 procederá a cumplir la expulsión ordenada”.

El que el último vuelo de retorno fuera un domingo -un día que por ley es de descanso y en que los tribunales del país no operan- generó suspicacias al interior del Poder Judicial. Tanto así, que el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, ordenó a la Sexta Sala que estaba de turno a constituirse de forma extraordinaria para revisar un recurso de amparo presentado por una ciudadana venezolana que sería expulsada. El tribunal de alzada acogió la medida y suspendió la expulsión de la mujer del país, en espera que se analice el fondo del recurso. Junto con esto le dio 24 horas al gobierno para responder a la acción constitucional.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo a La Tercera que “en los casos de las expulsiones se espera en promedio mucho más que 24 horas después de haber notificado para finalmente materializar la expulsión. Incluso, de las 37 personas que fueron expulsadas el fin de semana, solo nueve fueron notificadas en los primeros días de junio, es decir, al menos dos días antes de materializarse el proceso. A todos se les notificó un día hábil de manera que lo que se dice respecto a los días inhábiles es impreciso, las notificaciones se hacen en día hábil y, por lo tanto, los notificados tuvieron días, meses y hasta un año para presentar sus recursos”.

Consultado sobre por qué Chile no da refugio a quienes migran de un país en crisis como Venezuela, Galli sostuvo que “la figura del refugio apunta a darles protección especial a quienes tengan un fundado temor de ser perseguidos”. Pero dijo que “las personas que ingresan a nuestro país por pasos no habilitados no están en esa situación por regla general. Pese a que Venezuela vive hoy una crisis social, económica y de graves vulneraciones a los derechos humanos, lo que ha ocasionado la salida de aproximadamente 5 millones de sus ciudadanos, quienes ingresan a Chile generalmente no aducen razones de persecución, sino que laborales. Muchas veces, incluso, declaran haber residido en países distintos de Venezuela por más de un año y medio. Es más, en la declaración que realizan los extranjeros ante la PDI se les pregunta si han sufrido persecución política para así darles resguardo de ser necesario”.

En total, durante 2021 han despegado tres aviones de Chile con migrantes deportados por el gobierno.

El primero fue un vuelo que estuvo a cargo de la Fuerza Aérea. Éste salió del territorio nacional el miércoles 10 de febrero desde Iquique, sacando del país a 72 extranjeros por razones administrativas, y a 14 por vía judicial. En su mayoría eran de nacionalidad venezolana y colombiana.

El segundo vuelo se registró el domingo 25 de abril en un avión Sky. En este, el gobierno pretendía subir a 80 migrantes por razones administrativas. De ellos, detalla el SNM, 10 fueron notificados de su expulsión en 2019, cuatro personas fueron informadas en 2020, otras 14 entre enero y marzo de 2021 y 52 en abril de este año. Desde la entidad aseguraron: “Ninguna de ellas fue notificada con posterioridad al 23 de abril, por lo que contaron con el plazo de impugnación previsto en el artículo 90 del DL 1094. Estas personas extranjeras no cuestionaron ni ejercieron ningún tipo de impugnación frente a la notificación del acto expulsivo, oportunidad en la que podían hacer valer sus argumentos sobre arraigo y otros puntos, y solo reaccionaron al momento de la materialización de la sanción”.

Asimismo, desde el gobierno señalan que “existió acceso efectivo al ejercicio de acciones constitucionales, según da cuenta el hecho que de ese total de 80 ciudadanos extranjeros, 39 consiguieron suspender su expulsión por orden de distintas cortes de Apelaciones”. Es decir, el Ejecutivo terminó sacando del país solo a 41 personas en ese avión.

Agregan que “más allá de su condición de expulsados administrativos, al momento de arribar a territorio venezolano, Interpol advirtió que dos de ellos tenían órdenes de captura pendientes emanadas de tribunales venezolanos por la comisión de delitos tales como la posesión ilícita de armas de fuego, privación ilegítima de libertad y tratos crueles”.

El tercer vuelo fue el que se realizó el domingo pasado. En total, durante este año el Ejecutivo ha devuelto a sus países de origen a 147 migrantes en estos tres aviones.

La situación de los migrantes en Chile volvió al centro de la polémica luego de que el domingo pasado la Corte de Apelaciones de Santiago interviniera, sesionando en día feriado, para evitar la deportación de la ciudadana venezolana que -según el decreto de expulsión- ingresó de forma ilegal al país el 1 de noviembre de 2020.

En el recurso de amparo, los defensores de la mujer explican que ella se fue de su país porque estaba en una situación de “peligro inminente que enfrentaba su integridad física y psicológica en el contexto de la profunda crisis económica y política que atraviesa Venezuela”. Con estas acciones constitucionales, la mujer logró que se decretara una orden de no innovar y así frenar, por el momento, su salida de Chile.

Al interior del Palacio de Tribunales hay cierta molestia con el Ejecutivo. Aseguran que los vuelos al exterior con extranjeros se hacen casi siempre los fines de semana, impidiendo en algunos casos el actuar diligente de la justicia. En el caso que resolvió la corte santiaguina, ella fue notificada de su expulsión el 19 de mayo de 2021 y 17 días después, el sábado 5 de junio, la PDI la fue a detener a su domicilio en Santiago.

En la misma línea del jefe del SNM, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, dijo este martes que “el promedio de tiempo en el cual se le avisó a las personas que fueron expulsadas de manera administrativa era de dos meses, por tanto, evidentemente tenían mucho tiempo, así que esa crítica de que se hace un fin de semana no tiene ningún sentido”.

Este jueves, dos días después de los dichos del vocero, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, instruyó a las cortes de Apelaciones del país que dispongan de las medidas necesarias para reunirse en horas inhábiles. Es decir, los domingos o incluso fuera del horario normal de funcionamiento de las salas, que en la semana es hasta las 14:00 horas, ante la interposición y resolución de admisibilidad de recursos de amparos que requieran urgente atención. “Los jueces están obligados a actuar con prontitud en la salvaguarda los derechos esenciales que emanan de la dignidad humana”, dijo Silva.

Consultado sobre esta medida de los tribunales, el subsecretario del Interior señaló que “lo relevante no es el día en que se materializa el vuelo de expulsión, sino que el día en que se les notifica de la decisión del Estado de expulsar. Las notificaciones, por regla general, se realizan en día hábil. En todo caso, creo que es correcto que las cortes puedan funcionar todos los días del año. La sociedad actual nos está exigiendo a los servidores públicos que tengamos una dedicación casi 24 horas al día y siete días a la semana a nuestra función”.

Para deportar a todas estas personas, el Ejecutivo ha destinado entre 2014 y lo que va de 2021 un total de $ 3.723.310.144 en el pago de pasajes aéreos. En lo que va de este año, se han desembolsado $ 41,7 millones. Además, desde 2014 a la fecha se ha recaudado por concepto de multas a extranjeros un total de $ 31.190.856.075.

De acuerdo a Galli, el fenómeno migratorio ha variado mucho en la última década. En ese sentido, explicó que las infracciones migratorias hasta 2014 eran excepcionales y no tenían mayor complejidad: “Esto cambia con el aumento de la migración desde países centroamericanos y del norte de nuestro continente, particularmente con ingresos de personas que no sinceran su intención de migrar a nuestro país. Por eso, comenzaron a ser necesarios vuelos para materializar expulsiones”.

Agregó que primero la decisión fue hacer vuelos con el apoyo de la FACh, pero por el volumen de ingresos clandestinos y de infracciones migratorias graves, a lo que se suman las expulsiones que decreta el Poder Judicial, decidieron contratar servicios aéreos privados de transporte. “En términos presupuestarios, ello no genera mayor impacto porque la misma ley migratoria contempla que esos gastos se financian con lo que pagan los propios ciudadanos extranjeros por multas y cargos de faltas migratorias”, aseguró el subsecretario.