Asociación de Fiscales en alerta por sobrecarga laboral de 82 persecutores de tres regiones

Alta preocupación existe en la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) producto de los resultados que arrojó un estudio de carga laboral que elaboró a petición de la entidad el fiscal José Morales. Y es que por medio del análisis comprobaron que en ciertas regiones del país los persecutores están enfrentando situaciones críticas, debido a la gran cantidad de causas que deben atender. De acuerdo con la medición, los profesionales que se desempeñan en O’Higgins, Arica y Parinacota y Los Lagos serían los más afectados.

En medio del estudio, Morales definió una serie de indicadores, como el número de causas con imputado conocido que lleva cada fiscal. Así, por ejemplo, se mostró que cada uno de los 19 persecutores de la I Región tiene 1.485 procesos al año, los 31 de la VI 1.926 y los 32 de la X 1.723, mientras que otras zonas, como la XI Región 10 fiscales tienen a su cargo 612 causas cada uno.

Ante el escenario, el presidente de la ANF, Francisco Bravo, manifestó a La Tercera que ciertamente es algo que les “llama la atención”, por cuanto “claramente hay un problema de distribución, pero también de déficit, que es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo. La fiscalía está con un estrés desde el punto de vista de sus capacidades humanas”.

Como expuso, el déficit que enfrentan es de al menos 300 fiscales, si es que se considera el número ideal de acuerdo con lo que se discutió en el marco de la ley de responsabilidad penal adolescente, el años 2005. “Ahí se estimó que un número adecuado de causas por fiscal son 1.250 causas al año por fiscal”, dijo, agregando que urge que se tomen medidas en torno a fortalecer a los equipos en las regiones donde la situación estaría llegando a niveles críticos.

El déficit, según se advierte en el informe remitido por Morales, afecta directamente la gestión del Ministerio Público y su capacidad. “La dotación por regiones y de la Fiscalía Nacional es uno de los aspectos en que se debe prestar atención por las autoridades de la institución, sobre todo, la distribución de fiscales, abogados y funcionarios en cada una de las fiscalías regionales, sin dejar de considerar la propia Fiscalía Nacional”, sostuvo.

“Esta distribución presenta algunas particularidades que no tienen una explicación aparente y que muchas veces provienen desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, sin que se hayan tomado medidas correctivas para efectos de distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y la dotación dentro de la institución”, advirtió el persecutor en el escrito, agregando que “se observa una disminución de la eficiencia de la persecución penal, como asimismo la consolidación de fenómenos criminales de mayor gravedad y connotación social”.

Para los persecutores es claro que se deben tomar cartas en el asunto, sobre todo si se considera que bandas del crimen organizado internacional como el Tren de Aragua ya han irrumpido con fuerza en la escena nacional. Por lo mismo, Bravo planteó que no sólo se requiere un “apoyo urgente” a las regiones con mayor “estrés”, sino que insistió en que se debe avanzar en la creación “de una fiscalía supraterritorial de crimen organizado que enfrente esto como fenómeno delictual, no con una mirada compartimentada, sino que global”.

“Creo que la propia fiscalía no ha tenido la fuerza suficiente o la capacidad para hacer entender que acá hay un problema que hay que abordar rápidamente para así fortalecer a estas fiscalías que están en una situación bien crítica. No sólo es más pega para los fiscales, sino que se traduce en un servicio que no es óptimo para los usuarios. No hemos sido capaces de ir anticipándonos. El crimen organizado ya irrumpió en Chile, pero antes hubo ciertas señales de que era una situación que iba a explotar, como el aumento de los homicidios, que se duplicaron en la última década. Sin embargo, parece que nadie advirtió la situación y que había una situación preocupante, y eso es responsabilidad, en primer lugar, de las autoridades”, aseveró.

En ese sentido, agregó que esperan que las autoridades tanto del Ministerio Público como de los poderes Ejecutivo y Legislativo tengan “una reacción enérgica y rápida, no esperar que el crimen organizado siga ocupando no sólo territorio, sino que se introduzca en el Estado. Estamos muy preocupados por la seguridad de los fiscales, porque hay mucha exposición y hay claros riesgos, y sabemos que en la realidad de América Latina es que en los últimos dos meses han matado tres fiscales. Eso nos tiene particularmente preocupados”.

“El tema de la seguridad de los fiscales y sus familias es grave y hay que enfrentarlo ahora. Se requiere una política de Estado, porque para hacer una política eficiente de persecución, hay que proteger a los agentes de la persecución penal y, por cierto, a las policías que participan en los procedimientos. No es solo brindar un auto o poner un guardia, sino que conversar e involucrar a todos los actores. Más del 30% de los fiscales revela que han sido amenazados, el 8% que ha sido agredido. Eso es grave”, puntualizó el presidente de la asociación.