Caso Covid-19: fiscalía insiste al Minsal luego de tres meses sin respuesta a solicitud de información

Son dos las causas penales en las que están querellados el Presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud Jaime Mañalich y otras autoridades del área. En ambas les imputan varios delitos vinculados al manejo de la pandemia, entre ellos, presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos.

En uno de los casos, iniciado tras la querella del abogado Ramón Sepúlveda en representación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el 2 de julio la la Fiscalía Centro Norte requirió a la cartera de Salud entregar una serie de antecedentes en relación al manejo de la pandemia en la comuna de Recoleta.

Sin embargo, al no obtener respuesta luego de tres meses desde que se hizo la solicitud, Sepúlveda requirió a la fiscalía que “se pida cuenta del requerimiento de información despachado el 2 de julio al ministro de Salud Enrique Paris, toda vez que a la fecha han transcurrido más de tres meses sin que dicha institución entregue alguna respuesta”. Esto, dijo pese a que el Ministerio Público le había dado un plazo máximo de 10 días para entregar la información.

Además, Sepúlveda señaló que todo el resto de los organismos públicos oficiados, entre ellos, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Registro Civil y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya han respondido dentro de un plazo prudente a excepción del Minsal

Así, el fiscal Marcelo Carrasco resolvió acceder a lo solicitado por el querellante y 16 de octubre pidió cuenta al Minsal para que entregue la lista de fallecidos en Recoleta con Covid-19, los protocolos aplicados, el registro de pacientes con PCR positivos, entre otros antecedentes.

“Hemos pedido cuenta de un requerimiento de información requerido como diligencia en la querella por las víctimas de Recoleta hace tres meses, respecto del cual no ha dado respuesta, lo que a todas luces no es casualidad. Como querellante estimamos que el Ministerio de Salud ha tenido una actitud para enfrentar este procedimiento que podría configurar los delitos de obstrucción a la investigación y desacato”, dijo Sepúlveda.

El penalista añadió que “si sumamos a esto ya lo que está ocurriendo con la diligencia de entrada y registro del Minsal y Entel, creo que estamos ante una situación muy grave, no por la oposición a la entrega de información, que es un derecho consagrado en nuestro sistema, sino porque ahora que la Corte Suprema ha resuelto la controversia y ha ordenado que se realice la diligencia, la autoridad sigue poniendo trabas absolutamente poco ajustadas a derecho, solicitando al Máximo Tribunal que deje sin efecto la resolución dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía”.

Según el querellante, esto no tiene asidero legal y “el juzgado de garantía solo ordenó cumplir lo resuelto por la Suprema”.

Consultados los abogados de las defensas, no se pudo obtener una respuesta.