Corte declara admisible recurso de abogado que busca impedir entrega de chats de Hermosilla y oficia al CDE y al Ministerio Público
La resolución del tribunal de alzada se da luego de que el abogado Mario Vargas repusiera su recurso tras el rechazo inicial de la Corte de Apelaciones de Santiago.
A casi una semana de que el abogado Mario Vargas ingresara un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el cual busca que se impida que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acceda a los chats que tenía con Luis Hermosilla en el denominado Caso Audio, el tribunal de alzada lo declaró admisible.
Lo anterior, se da luego que la semana pasada la propia Corte lo rechazara. Ante aquello, Vargas repuso el recurso y, por ende, se volvió a revisar y se decidió declararlo admisible. La resolución de este miércoles de la Corte sostiene que “quien recurre en esta etapa de admisibilidad, con la precisión efectuada, logra satisfacer la exigencia de indicar hechos que pueden constituir vulneración de garantías constitucionales”.
Junto con eso, la primera sala de la Corte también ordenó solicitar informes al CDE y al Ministerio Público, organismos que deberán remitir el informe solicitado por el tribunal en un plazo máximo de cinco días. Además de aquello, también deberán derivar todos los antecedentes que tengan en su poder sobre lo que generó que Vargas recurriera a la justicia a través de un recurso de protección.
El recurso presentado por el abogado, se da en medio de la investigación del denominado Caso Audio, en el cual se analizan las conversaciones del abogado Luis Hermosilla, lo que generó un informe de más de 770 mil mensajes que tenía el influyente abogado en su teléfono. Indagatoria que ya derivó en la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, luego de que se expusiera en los chats del abogado presuntos delitos de parte del jefe de la policía civil.
En ese contexto, Vargas expuso que dentro de los fundamentos de la acción se incluye que tiene conversaciones con Luis Hermosilla “desde hace años, las que tienen diverso contenido, y que van desde cuestiones absolutamente personales, intercambio de opiniones, hasta las situaciones de algunos clientes que defendimos de forma conjunta, las que no tienen relación alguna con los hechos investigados, si no que se insertan dentro mi ámbito privado y el acceso a otras conversaciones importa una infracción al secreto profesional”.
Los argumentos del abogado
En su presentación ante la Corte, el abogado apuntó a que si la Fiscalía accede a entregar los chats al CDE, estaría vulnerando sus garantías constitucionales. “En ese orden de ideas, y sin que yo haya tenido vinculación alguna con los demás intervinientes que participaron en la reunión que dio origen a la incautación del teléfono, el acceso a mis conversaciones privadas, por parte del Ministerio Público y la consecuente solicitud del Consejo de Defensa del Estado, constituyen actos ilegales que perturban y amenazan, respectivamente, mis garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y mi derecho a la honra y privacidad”, sostiene el recurso.
Además de eso apunta a que el CDE “no puede arrogarse competencias para estudiar las 770.000 páginas que tiene el informe de extracción por cuanto no todas aquellas dicen relación con hechos ilícitos ni tampoco participan en ellas solo funcionarios públicos, como es mi caso. Ese solo criterio debería hacer desistir al Consejo de acceder a la totalidad del informe, por cuanto, en mi caso particular, no cuentan con la legitimación que justifique la intervención lesiva en mis derechos fundamentales”.
Vargas, asegura que durante el último tiempo “ha surgido una nueva categoría de personas”, entre las que hizo la diferenciación de los que han mantenido conversaciones con Hermosilla y los que no, “lo que incide directamente en la honra y prestigio de un profesional”.
“Esta estigmatización, avalada por el Ministerio Público al extraer la totalidad de conversaciones sin límite temporal ni referidos a los hechos que estaba investigando inicialmente, trae consecuencias gravísimas al estatuto de garantías que la Constitución garantiza a todas las personas”, concluye el recurso de Vargas.
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