Corte mantiene prisión preventiva de Luis Hermosilla y defensa del penalista dispara contra la Fiscalía y el gobierno

Diez minutos faltaban para las 8.30 de la mañana, cuando a la explanada del Palacio de Tribunales llegó el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensa y hermano de Luis Hermosilla, protagonista del caso Audio, quien se encuentra en prisión preventiva. Medida cautelar que mantuvo, tras una extensa jornada de alegatos, la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó, de forma unánime, la medida cautelar más gravosa por peligro para la sociedad.

Si bien como en todas las jornadas la defensa del otrora reputado penalista se dio el tiempo para hablar con la prensa, se centró en definir el criterio sobre cómo expondrían los mensajes del teléfono de su hermano, sin adelantar parte de su alegación. Argumentos que se guardó para la audiencia, donde no solo apuntó sus críticas al Estado de derecho, sino también al gobierno y a los propios dichos del Presidente Gabriel Boric, quien tras decretarse la prisión preventiva de Hermosilla celebró la medida. Palabras que fueron citadas en cinco ocasiones por la defensa.

Tras una corta espera en las afueras de la undécima sala del tribunal de alzada, la cual está especializada en delitos tributarios, todas las partes ingresaron a comparecer ante el presidente Miguel Vázquez, la ministra (s) Lidia Poza y el abogado integrante Luis Hernández. Diferente a lo que se creía, no hubo recusaciones ni cuestionamientos a la integración de la sala.

En la instancia también estaba presente la defensa de la abogada Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, quien también solicitó la rebaja en las medidas cautelares de su clienta. Ambos imputados pedían el arresto domiciliario nocturno o total, por sobre la prisión preventiva.

El primero en tomar la palabra fue la defensa de Luis Hermosilla, quien comenzó hablando de la reforma procesal penal, cómo funcionaba el sistema antiguo y en comparación al actual sistema, el cual a su juicio se ha “pervertido”. “Hemos transformado una especie de regresión al sistema antiguo”, dijo respecto al uso de la prisión preventiva.

En ese término, apuntó a que no se pudo contrastar prueba durante la audiencia de formalización, ya que el Ministerio Público entregó los antecedentes horas antes de la instancia en la que se dictó prisión preventiva en contra de Hermosilla.

Pero no sería la única crítica. En sus argumentos, Hermosilla apuntó nuevamente a la especie de “camotera” -como él lo definió-, el hecho de que su hermano además de ser investigado por el Ministerio Público también estaba querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los diputados socialistas.

Apuntando a lo que los abogados llaman la “desigualdad de armas”, la defensa del penalista afirmó que “no solo hemos tenido que litigar en contra del Ministerio Público y todas estas instituciones, sino que también contra el Presidente de la República, contra la ministra del Interior, que salió a decir que están establecidos los hechos; contra el ministro de Justicia, que me sale a increpar. El derecho no es eso, de ahí venimos, estuve en dictadura y defendí los derechos humanos no como todos los abogados en esta mesa”.

“Nosotros hemos sido víctimas de la mala fe del Estado”, agregó.

Pero las citas a las palabras del Mandatario no quedarían ahí, porque más adelante, por segunda vez, Juan Pablo Hermosilla apuntó a que “aquí está todo el Estado en contra de nosotros y esto ha sido a la vista. Este abogado ha tenido que salir a contestar todas las cosas que han dicho ministros y el Presidente de la República en esta materia”.

Ya avanzada la audiencia, y en la argumentación respecto al delito de lavado de dinero que se le imputa a Luis Hermosilla, su defensa apuntó a que se le está juzgando “igual, con los mismos presupuestos material, si lo hubiésemos sorprendido lavando dinero del chapo Guzmán, del cartel de Juárez”.

Sumado a eso, seguirían los emplazamientos al SII por los delitos tributarios por los cuales se querelló: “Todos vimos al SII escoger algunas personas con las platas políticas, querellarse y con otros no, no se querellaron contra el expresidente Piñera, no se querellaron por el expresidente Frei y salieron impunes en la misma Fiscalía Oriente, que hoy día está aquí y que consigue que el SII se querelle el mismo día que se pide la formalización para sorprendernos (...) esto pasaría a ser un simulacro de Estado de derecho”.

Durante su alegación, Hermosilla también apuntó -nuevamente- a la jueza Mariana Leyton, con quien tuvo un intercambio de palabras durante la audiencia de formalización, lo cual no olvidó en esta instancia y además agregó nuevos antecedentes.

“Hace tiempo que no me pasaba que me faltaban el respeto (...) después de tres días en que expusieran, la jueza se puso a hablar con el funcionario administrativo del tribunal, está ahí en el video, mientras yo hablaba. ¿Qué significa para mí eso? Que no le interesa lo que estoy diciendo, porque si le interesara no estaría conversando con el funcionario cuando recién está escuchando la alegación de la defensa, eso no es justicia”, dijo respecto a la magistrada.

La defensa del penalista, más adelante en su exposición, también apuntó al gobierno nuevamente, cuando se refirió a que se dictó la prisión preventiva en contra de su hermano. “Tuvimos que pasar por una cosa que yo jamás pensé que íbamos a pasar, que el gobierno nos mandara, en vez de donde van todos los presos por delitos económicos nos mandara donde los presos comunes para sacar un dividendo político, y lo dicen por la prensa más encima”, dijo Juan Pablo Hermosilla.

En esa línea, apuntó a que a su hermano se le pone como “enemigo público número uno, el gobierno se sube, parlamentarios, porque el principio (del derecho) no importa, comámonos el principio de culpabilidad”.

Seguido de aquello, parafraseando a las autoridades y al Ministerio Público, volvió a mencionar, por tercera vez, al Presidente. Afirmando que pese a que el Ministerio Público tiene la información del teléfono de su hermano “parece que se está filtrando información privada, ese es el Estado de derecho que tenemos hoy en día. Y se sube el Presidente de la República, el ministro de Justicia que salió hasta increparme a mí directamente”.

Pero no quedaría ahí. Juan Pablo Hermosilla citaría por cuarta vez a Boric, señalando que “acá hay instituciones que quieren sacar prestigio a costa de esto, por eso me dio rabia el alegato de mi colega del CDE, por eso me dio rabia con el Presidente de la República cuando se alegra de que Luis Hermosilla se va preso, porque esto no es un festín, dígalo y nos vamos todos para la casa. Y no hago más clase de derecho penal y no enseñamos más el principio de legalidad”.

No solo críticas al gobierno tuvo, durante su alegación, la defensa del abogado recluido en la Cárcel Anexo Capitán Yáber, sino que también para el Ministerio Público. “Este caso es una vergüenza desde el punto de vista de las garantías”, dijo Hermosilla.

El abogado afirmó que mientras “yo estoy hablando acá, estén circulando contenidos del teléfono celular de Luis Hermosilla que fue entregado al Ministerio Público para que lo resguardara, es una cosa gravísima. Hay conversaciones cubiertas por el secreto profesional”. En esa línea, agregó: “Ahora se han filtrado hasta cosas de la vida íntima de Luis”, afirmó el abogado citando las consultas de la prensa respecto a información privada contenida en el teléfono de Luis Hermosilla y que ha rondado durante los últimos días.

Continuando con sus cuestionamientos a las filtraciones, también apuntó que de parte de la Fiscalía “parece ser” que haya mentiras, ya que a su juicio “bastó que yo dijera que iba a ser pública esta conversación y los contactos con Luis todos se iban a reconocer, y empezaron a sacar comunicados el fiscal nacional y la fiscal a cargo del caso diciendo ‘es que parece ser que yo tengo mensajes con él también’. ¿Y por qué no filtraron esos?”.

“Me han dicho cosas que son insólitas, el propio Ministerio Público, cuando se están filtrando cosas que ellos tienen, que es delito (...) filtran todo desde adentro, además están escogiendo enemigos, escogen a Jean Pierre Matus, a la ministra (Ángela) Vivanco, al ministro (Antonio) Ulloa, empiezan a disparar al enemigo, empiezan a cobrar cuentas al interior del Ministerio Público, se van en contra el fiscal (Carlos) Palma y empiezan a hacer una cuestión que es delirante. ¿Filtra alguien del Ministerio Público y después abren una causa por la filtración de los antecedentes que ellos mismos tenían antes? Entonces se produce una escandalera por esta filtración y después el fiscal nacional dice ‘uy vamos a abrir una causa’. ¿Qué es eso?”, afirmó Hermosilla.

Antes de terminar, la defensa de Luis Hermosilla tendría por quinta vez una mención a Boric, cuando afirmó que en esta causa se hizo “esta especie de funa pública y que se suba el Presidente de la República, la ministra del Interior y el ministro de Justicia”.

“Se está respondiendo a un fenómeno mediático más que a una realidad jurídica”, concluyó Juan Pablo Hermosilla.

En su alegación, además de fundar la necesidad de mantener la prisión preventiva, la jefa jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, también respondió los argumentos de la defensa. En ese sentido, respondió a las acusaciones sobre la filtración de conversaciones.

Sobre aquello, la abogada afirmó en su alegación que una vez que se levantó el secreto de la investigación, previo a la formalización, “recién de nueve meses, comenzaron a publicarse, en este caso, whatsapp de diferentes tipos y de los que estaban en este celular que había sido absolutamente resguardado. Esto se abre cuando se abrió a los intervinientes y de eso, no se puede culpar al Ministerio Público”.

Por otro lado, también apuntó a las “alegaciones por la prensa” a las que hicieron énfasis las partes. “Nosotros no comenzamos esto. No nos interesa litigar para la prensa, nosotros litigamos acá”, afirmó la abogada.

Casi dos horas tuvieron que pasar, desde que terminaron los alegatos y tras un receso, para que la sala undécima finalmente resolviera la solicitud de las defensas. Luego de resueltas las fallas técnicas del tribunal, razón por la cual se extendió el receso inicial de 45 minutos, finalmente los magistrados decidieron rechazar los argumentos de las defensas y consigo mantener, de forma unánime, la resolución del tribunal y consigo la prisión preventiva para Hermosilla y Villalobos.

La resolución, que fue leída por la ministra (s) Poza ante los problemas a la garganta del presidente de la sala, fue unánime. A juicio del tribunal de alzada, los antecedentes recogidos hasta ahora “aparecen con la razonabilidad suficiente como para justificar la existencia de los delitos que se investigan y presumir fundadamente su participación”.

Respecto a la gravedad de los delitos y la necesidad de cautela, decidieron mantener la prisión preventiva dada las penas de los delitos que se imputan, el carácter de estos al ser de “relevancia de la sociedad” y la forma “sofisticación y complejidad” en la que fueron cometidos.

Tras el término de la audiencia, la Fiscalía afirmó que ahora existe un fallo de nueve páginas de la Corte que “dan por acreditadas las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal y en cuanto a la necesidad de cautela señalaron que los imputados resultan ser peligrosos para la seguridad de la sociedad por la sofisticación del delito”.

“Acá no hay una persecución, no es personal esto, esto no es contra Luis Hermosilla o contra Leonarda Villalobos. Esto es derecho penal de actos y estos actos son actos que para nosotros revisten de mucha gravedad porque es corrupción”, afirmó.

Juan Pablo Hermosilla por su parte, concluyó que “yo igual siento que se están fijando precedentes complicados, esa es mi opinión personal, pero siento que se están fijando precedentes complicados de que se den por concurrentes los presupuestos materiales por una operación de crédito para el lavado de dinero, nos va a traer consecuencias en nuestra vida democrática más adelante”.

La defensa de Villalobos por su parte se refirió a la resolución de la Corte la cual ordenó a Gendarmería a tomar todas las medidas de resguardo para la abogada. Pese a eso, Borda reiteró que “no existen cárceles de mujeres en similares condiciones respecto de la de los hombres que cometen delitos económicos”.

Enrique Aldunate, quien representa a los diputados Daniela Cicardini (PS) y Daniel Manouchehri (PS), concluyó que como querellantes están confirmes con la resolución porque “ratifica lo que se planteó en la audiencia en el tribunal de Garantía en relación a que están acreditados los delitos, que también existen pruebas suficientes para vincularlos a la participación de los imputados en esta causa”.