Cumbre por líos de platas en la Fiscalía Nacional: las coordinaciones del Ministerio Público, la PDI y funcionarios de Contraloría

Por segunda vez desde que estallaron los casos de presuntas transferencias irregulares entre organismos estatales y diferentes fundaciones, el fiscal nacional, Ángel Valencia, convocó hasta las dependencias de Catedral 1437 a representantes de las diez fiscalías regionales que dirigen investigaciones relacionadas con la materia. Esto, a fin de unificar criterios y continuar con el trabajo conjunto que se ha desarrollado hasta el momento.

Fue de esta forma que por poco más de cuatro horas el máximo persecutor, el jefe de la unidad especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, fiscales regionales, adjuntos y abogados especialistas debatieron en torno a las 19 causas abiertas hasta ahora y en medio de las cuales hay 32 corporaciones privadas y ONG bajo la lupa.

¿El ingrediente especial? Que en esta ocasión se sumaron 15 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) que tienen dedicación exclusiva para estos casos y también especialistas de la Contraloría, entidad que también ha seguido de cerca el asunto -desde la perspectiva administrativa- y que recientemente ha constatado una serie de debilidades y falencias en el sistema de transferencias.

Puntualmente, fue el jefe de la división de Auditoria del ente contralor, Eduardo Díaz, quien expuso respecto de análisis contables que han realizado y sobre lo cual tienen especial experiencia.

Así, como el propio Valencia detalló, compartieron información, experiencias, “con el propósito de unificar criterios y contribuir a la unidad de acción, porque nos interesa que ninguna investigación se quede atrás y que todas avancen de manera uniforme. Y también para poder estar seguros de que les estamos proveyendo de todo el apoyo, logística y recursos que son necesarios para que estas investigaciones avancen”.

Se coordinaron, como aseguró a su turno Campos, diligencias que están realizando los equipos, pues algunos de los organismos privados indagados no están circunscritos sólo a una región en particular, sino que varias mantuvieron convenios en distintas zonas. Y también, según agregó el exfiscal regional de Magallanes, se informó sobre trabajos realizados con organismos auxiliares de la administración del Estado, como el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, Servel y Chile Compra.

Como comunicó durante la jornada Valencia, hasta ahora hay 19 causas abiertas a nivel nacional referentes a traspasos de dineros entre organismos estatales y fundaciones. Y ellas, como detalló, están radicadas en 10 fiscalías regionales e involucran a 32 ONG, todas en el radar de la PDI.

En cada una de ellas se indaga un amplio catálogo de delitos, y por lo mismo, ya se han realizado una serie de pesquisas. De esta forma fue que el Ministerio Público ya logró establecer que, en la mayoría de ellas, hay similitudes que se replican.

“Hemos identificado que existen ciertos asuntos que estamos investigando, que tienen rasgos comunes evidentes”, comentó en ese sentido Valencia, agregando que es justamente por esa razón que las unidades regionales están trabajando “en conjunto”.

Como detalló, “se trata de asuntos en los cuales ha habido transferencia de fondos, principalmente desde los gobierno regionales, también desde algunas seremías, de donde se han transferido fondos a algunas fundaciones, casi en su totalidad de formación muy reciente”.

De ahí, entonces, la necesidad de que en el encuentro celebrado la jornada de este jueves se discutiera la posibilidad de agrupar las investigaciones y que queden bajo el alero de un fiscal regional.

Sin embargo, durante su comparecencia ante los medios, el mandamás del Ministerio Público indicó que, por ahora, las cosas se mantendrán tal y como están. “Nos parece más apropiado que cada una de estas fiscalías regionales siga investigando”, precisó.

Además de Eugenio Campos, a quien Valencia fichó especialmente para que encabezara la Unidad Especializada Anticorrupción, durante la cita también expuso uno de los expertos de la PDI en estos delitos: Pietro Hernández Pascualetti (51).

Se trata del profesional que está a la cabeza de la Brigada Anticorrupción (Briac), unidad que cuenta con más de 40 funcionarios que dedican gran parte de sus jornadas a revisar talonarios, flujos de dinero, informes y todo lo que tenga que ver con investigaciones relativas a delitos de fraude al Fisco o malversación de caudales públicos.

Él, por lo mismo, es una de las voces autorizadas para hablar de la materia y, en esta oportunidad, relató ante los investigadores sobre el estado de avance de su brigada en la causa y cómo han ido trabajando por establecer patrones en el cierre de los convenios entre las ONG y las instituciones investigadas.

En su Linkedin, Hernández se define como un “experto en fraudes” y da cuenta que, además de policía, es contador auditor y magíster en Control y Gestión de Riesgo Corporativo. También cuenta con 10 diplomados en auditoría forense.

Quienes lo conocen señalan que su objetivo es perseguir los delitos de corrupción, sin importar quién sea la autoridad de turno. Advierten: “Sobrevivió, sin problemas, tres gobiernos y ahí está”, revela un exdetective que trabajó con él.

En 2016, el prefecto señalaba que “los delitos de corrupción siempre han existido, más o menos, eso va a depender de ciertas épocas que se dan. Si esto hoy es mucho más que antes, podría decir que a lo mejor no en cantidad, pero suena más porque la cantidad de casos donde hay personas importantes involucradas se juntaron (...) Eso hace que hoy aparezca que estamos como un país más corrupto. No es que Chile sea más corrupto, sino que el país está investigando todo, hay una posición de mayor transparencia”.

Años después, el si Chile es un país más o menos corrupto, es algo que la Brigada Anticorrupción maneja empíricamente: en 2016 recibieron 136 casos para indagar y en 2019 fueron 232, traduciéndose en un salto de un 70%. ¿Y en 2023? Todo apunta a que los números han ido aumentando.