El otro efecto del dictamen de Bermúdez: Consejeros del CDE también tendrán que abandonar sus litigios privados contra el Estado

Esto no es solo un problema de las universidades estatales. Con esa frase, varios abogados que están al tanto del dictamen del contralor Jorge Bermúdez se refieren a los efectos que tiene su nueva doctrina con respecto a qué impedimientos tienen quienes trabajan en el Estado para llevar litigios privados.

En privado, todos coinciden en que el contralor aprovechó la consulta realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para regular una materia que daba espacio para eventuales conflictos de interés.

Lo que motivó el cambio de jurisprudencia fue la constatación de que hay varios abogados que trabajan en el Estado y que a su vez litigan contra el Fisco. Otra fuente asegura que al hacerse público el dictamen, se entendió que esto es para los profesores de las universidades estatales, pero en verdad el problema central son los abogados no profesores.

Y uno de los casos que suele ser más polémico al momento de hablar de abogados del Estado que litigan en contra de resoluciones de organismos públicos es el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La situación se da porque pese a que el presidente del consejo -cargo que en la actualidad lo ejerce la consejera María Eugenia Manaud- tiene prohibido por ley "ejercer la profesión de abogado en la defensa de particulares en juicios", la norma no se aplica a los otros diez abogados que componen el consejo. Los profesionales están autorizados para ejercer privadamente la profesión, pueden formar sus propios estudios jurídicos, integrar directorios de empresas y realizar otras actividades laborales.

De hecho, ya en 2017 La Tercera reveló los problemas que esto generaba, ya que al no exigir exclusividad para los miembros del consejo, los consejeros que actualmente litigan en causas privadas abren varios flancos de conflictos de interés poco regulados.

Un año después, este mismo medio públicó las inhabilidades que han solicitado los consejeros, justamente por chocar con los intereses de sus carteras de clientes en el caso de quienes litigan en estudios privados. Según informó el mismo organismo en esa ocasión, "los consejeros se han inhabilitado un total de 174 veces; excusándose en 107 ocasiones en el Consejo pleno y en 67 oportunidades en los Comités especializados, según si el asunto fue visto en sesión de Consejo o de Comité".

El 27% de las inhabilidades correspondieron a la exconsejera Javiera Blanco, quien en 48 oportunidades, relacionadas con 21 causas, dio un paso al costado. Le sigue Rodrigo Quintana  con 20 inhabilidades, y Daniel Martorell, con 15. Quintana es, además, quien refiere con mayor frecuencia que la razón para no intervenir en un caso es que el estudio de abogado al que pertenece -Bofill Mir Alvarez & Jana- tiene un largo listado de litigios con organismos públicos y también privados.

Esta "doble militancia" terminó. Así lo dictaminó Bermúdez. Por lo tanto, los consejeros del CDE tendrán que abandonar todas las causas en las cuales buscaban impugnar alguna resolución del Estado.

Desde el organismo señalaron que "respecto al dictamen de Contraloría y sus alcances, es importante señalar que la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado ha precisado que el principio de probidad es central en el organismo y es por esta razón que, desde siempre, se ha observado y exigido la observancia de lo concluido por la institución fiscalizadora en dicho dictamen, en el cual se establece que los funcionarios públicos no pueden representar a terceros en litigios que afecten los intereses del Estado".

Según comentó un consejero a este medio, la resolución de Contraloría parece ser positiva al regular de mejor forma estos conflictos de interés o incluso el eventual uso de información privilegiada. Sin embargo, el mismo consejero advierte que hay que clarificar sus alcances, partiendo por definir qué es lo que se considera como organismo público.

El consejero pone como ejemplo lo que podría ser la tramitación de una posesión efectiva. Según explicó el abogado, en general estas causas civiles implican tener que objetar el impuesto a la herencia que fija el Servicio de Impuestos Internos (SII), por lo que queda la interrogante de cuál es el alcance de la nueva doctrina de Bermúdez y si afectará ese tipo de trámites.

Otro consejero descartó que esto signifique un problema para el CDE. Sin embargo, manifestó su molestia con los abogados que han salido a criticar el dictamen. Como ejemplo, recordó que cuando se instaló el debate sobre la posibilidad de limitar el ejercicio de la profesión de los consejeros, los mismos abogados que hoy critican a la Contraloría estuvieron muy de acuerdo con la idea. Sin embargo, dice el mismo consejero, hoy cuando se les busca restringir a ellos, les parece inadecuado o extralimitado.