Isla de Maipo vive días convulsos. O al menos su municipio, toda vez que hace algunas semanas el Juzgado de Garantía de Talagante declaró admisible la querella interpuesta por el alcalde Juan Pablo Olave (independiente por Chile Vamos) en representación de su administración. ¿El apuntado? Su antecesor, Carlos Adasme (DC). ¿Y el delito perseguido? Fraude al Fisco.

De ahí en adelante, el fuego se desató en la comuna perteneciente a la provincia de Talagante.

En rigor, el alcalde anterior no es el único señalado. También se acusa a Carlos Molinos, representante de la empresa con la cual se suscribieron los contratos que derivaron en la querella, y a todos quienes resulten responsables “como autores, cómplices o encubridores” del delito ya mencionado y que está contemplado en el Artículo 239 del Código Penal.

Para entender la historia, la querella presenta como antecedentes que, en mayo de 2013, el gobierno regional (Gore) de la RM e Isla de Maipo celebraron un ‘convenio mandato’, tras el cual se le encomendó a la Unidad Técnica del municipio la licitación, adjudicación y celebración de contratos para llevar a cabo el proyecto ‘Construcción Red Secundaria Alcantarillado Público de Isla de Maipo’ a costo del Gore.

Esa licitación, según reza la querella, fue adjudicada a Inspecciones y Asesorías Técnicas y Construcciones Ltda. (Inatec, representada por Carlos Molinos), firmando contrato en enero de 2014. “El objeto del contrato era la construcción de una obra pública, específicamente la construcción de redes secundarias de alcantarillado público, instalación de colectores, cámaras de inspección, unidades domiciliarias, rotura y reposición de pavimentos de calles, pasajes y veredas, los cuales recolectarán y tratarán las aguas servidas de Isla de Maipo para evacuar en el río Maipo, a aproximadamente 2.710 viviendas, 25.472 metros de colectores secundarios, 372 cámaras de inspección y 2.338 unidades domiciliarias”, se detallaba.

El precio, añade el escrito, correspondió a la suma de $ 8.131.702.941, impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de 510 días corridos desde la fecha del acta de entrega del terreno.

Sin embargo, según la querella de la actual administración de Isla de Maipo, en noviembre de 2015 el municipio, representado por Adasme, aprobó una modificación del contrato con Inatec, incrementando su valor en $ 3.702.562.039, “justificándola en las disímiles características del terreno respecto de las señaladas en la mecánica de suelos informada durante el proceso de contratación, lo que varió el rendimiento en la ejecución de las obras estimado inicialmente por el contratista”. Ese incremento de valor, con la consiguiente aprobación por parte del Gore de la época (Claudio Orrego era el intendente), es también materia de investigación.

Esto, dice la acusación, “es abierta y manifiestamente contrario” con lo prescrito en la ‘Introducción’ de las especificaciones técnicas del contrato, que establece que “será de exclusiva responsabilidad del contratista verificar las cubicaciones al momento de presentar su oferta”. Además, esas especificaciones agregaban que si aparecían suelos no referenciados “no se otorgará al contratista la facultad de solicitar aumentos de plazos y/u obras, y que todos los gastos o desembolsos adicionales originados por este concepto (…) serán de cargo del contratista”.

Pero, además, los querellantes exponen que, en el mismo decreto, Adasme, quien ejerció como alcalde de Isla de Maipo entre 2012 y 2021, aprobó un incremento por reajuste de $ 162.843.514, “lo que vulnera derechamente lo establecido en las bases administrativas generales que regularon la licitación, que indica que la propuesta será pública, en pesos chilenos, impuestos incluidos, a suma alzada y sin reajustes ni intereses”.

El problema mayor, añaden desde la actual administración islamaipina, es que, luego de la actualización de los contratos, las obras no fueron concluidas, lo que también detallaron en la acusación judicial. “A pesar de haberse hecho entrega en forma indebida de más de 3.700 millones de pesos por sobre el presupuesto original de las obras licitadas, el contratista no terminó las obras contratadas, dejando botado el proyecto, por lo que es necesario licitarlo nuevamente y, lo que es más grave aún, dejando a los vecinos de Isla de Maipo sin alcantarillado”.

La Contraloría General de la República ya intervino en este caso en noviembre de 2017, cuando se aprobó un sumario administrativo y una visita fiscal a cargo de Gustavo Rodríguez. En esa oportunidad se estableció la responsabilidad administrativa de Adasme, enviando los antecedentes al concejo municipal.

“El concejo municipal de la época, habiendo sido notificado de la resolución que establece la existencia de responsabilidad administrativa del exalcalde Carlos Adasme Godoy en los hechos ya descritos, en dos oportunidades distintas, nunca realizaron requerimiento al Tribunal Electoral Regional respectivo para hacer efectiva su remoción”, dice al respecto la querella, que basa este último supuesto en la letra C del Artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dice: “Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes”.

En efecto, dicho informe de Contraloría en sus resultados arroja, dentro de otras cosas, que la municipalidad “aprobó modificaciones de obra que presentan errores en las cantidades informadas, o bien, vulneran las exigencias detalladas en las bases administrativas generales y la normativa que regula el contrato, incumpliendo con ello sus obligaciones”.

Adasme luego presentó un escrito de nueve páginas a Contraloría para que reconsideraran dicho informe, lo que fue rechazado, por lo que se procedió a tomarles declaración a funcionarios municipales, entre los que se incluyó al entonces alcalde, pero también a otros, como Leonardo Farías (jefe de gabinete), Humberto Díaz (director de Obras Municipales), María Angélica Herrera (jefa de Personal), Carola Collao (directora de Control), César González (director de Secpla), Luis Sandoval (director de Obras Municipales), Pamela Hernández (directora de Tránsito), además de algunos funcionarios del gobierno regional, el entonces intendente Claudio Orrego y empresas o profesionales involucrados en el proyecto.

“Esa auditoría reveló que hubo serias irregularidades y también responsabilidad administrativa del exalcalde Carlos Adasme, quien en conjunto con la empresa Inatec y sus representantes hicieron aumentos aparentemente ilegales de obras contrarias a las bases de licitación y también contrarias al contrato de suma alzada”, dice el hoy alcalde Olave, quien agrega que “a pesar de la contundencia de lo señalado por la Contraloría en su momento, el exalcalde no adoptó ninguna medida relevante para corregir lo expuesto, ni siquiera se demandó a la empresa aludida por su responsabilidad en el abandono de las obras”.

Por eso, suma, en paralelo al proceso judicial hoy están trabajando la continuidad del proyecto con el Serviu, “para que el Estado se haga parte y la municipalidad haga de contraparte, al igual que Aguas Andinas, y podamos hacerlo sectorizado, por etapas, y con reposición de pavimento, que en algunos lugares hace más de 10 años no se reponen por el mal ejecutado proyecto”.

“Esperemos que la fiscalía determine y establezca las debidas responsabilidades, se haga justicia, se les dé transparencia a vecinos afectados”, cierra el edil.

Los querellados, así como algunas de las autoridades involucradas, fueron tratados de ubicar por La Tercera, no logrando contacto con ninguno de ellos.

Claudio Orrego, eso sí, en aquél sumario declaró que “a la luz de los hechos, alguien hizo mal su pega, puede ser el municipio, el proyectista o la empresa constructora. En mi labor como intendente he tomado conocimiento de este proyecto en términos generales, no específicos, y siempre respaldado por los organismos técnicos respectivos”, y que “en los proyectos de directa ejecución nuestra vemos el detalle, no así en proyectos ejecutados por terceros”.