Las acciones de Catalina Pérez que la tienen al borde del desafuero

En el caso Democracia Viva, la causa madre que desencadenó decenas de indagaciones respecto de transferencias desde organismos públicos a fundaciones, podría decirse que el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, tiene sólo una bala de plata. Esto, ya que la ley le permite pedir una vez el desafuero de un parlamentario, lo que ya hizo con la diputada Catalina Pérez (ex FA).

Desde hace semanas que el trabajo del equipo investigativo, que encabeza Aguilar, está puesto en lograr que la Corte de Antofagasta vise el requerimiento que el persecutor ingresó el pasado 19 de diciembre, para poder imputar y llevar a juicio a la parlamentaria. Por eso, este lunes 10 se vivirá una jornada clave, ya que el tribunal de alzada nortino revisará el libelo y escuchará los alegatos de ambas partes.

En concreto, la Fiscalía busca formalizar a la congresista como autora de tres delitos consumados de fraude al Fisco y requerir medidas cautelares a su respecto, tal como lo hizo con Daniel Andrade (exrepresentante de la ONG), Carlos Contreras (exseremi) y Paz Fuica (exconcejala).

Así se desprende del documento, de 101 páginas, que presentó Aguilar ante el tribunal de alzada, al que accedió La Tercera, y donde transparenta que tras un año y siete meses de diligencias, la Fiscalía arribó a la convicción de que Pérez tuvo injerencia directa en los ilícitos investigados. Esto, según los investigadores, por haber propiciado activamente la firma de los convenios de transferencia de recursos entre la Seremi de Vivienda, que encabezaba su otrora jefe de gabinete, y la fundación que comandaba su expareja. Todos entonces militantes de Revolución Democrática (RD).

Para la jornada clave que se vivirá este lunes en Antofagasta, el Ministerio Público cuenta con un importante aliado. Y es que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), recientemente amplió la querella presentada en esta causa en la que apunta directamente contra la otrora presidenta de RD, señalando que “resulta inverosímil que la querellada no tuviese conocimiento (de los tratos suscritos), como lo ha sostenido, pues queda en evidencia que, a lo menos, colaboró en todas las etapas del proceso”. El organismo, a diferencia de la Fiscalía, trata a Pérez como cómplice de los ilícitos, no autora de los mismos.

En palabras del Ministerio Público -como se lee en el escrito-, Contreras, Andrade, Fuica y la propia Pérez, actuando en concierto, “defraudaron al Fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a $ 426 millones”.

Aguilar sostiene en el libelo que “la diputada Catalina Pérez acordó con el imputado Daniel Andrade y el imputado Carlos Contreras, para que este último, incumpliendo gravemente los deberes de su cargo, favoreciera la elección, suscribiera y aprobara convenios de transferencia con la Fundación Democracia Viva, para lo cual ejecutaron acciones para defraudar al Estado y causar perjuicio por el monto total de los tratos suscritos, puesto que se trataba de una fundación que no cumplía con los requisitos normativos para postular a las iniciativas de inversión ni tenía las competencias, capacidades y experticia para asumir la ejecución de las obras”.

Todas esas acciones, expone la Fiscalía ante la corte, se dieron en el contexto de vínculos sentimentales, partidistas, de amistad y afinidad, donde fue Pérez quien facilitó los medios para que Andrade accediera a Contreras, “con la finalidad de que el primero pudiera postular y ser favorecido con la suscripción de los convenios”.

Y para la Fiscalía, dicho concierto se puede resumir en cuatro acciones clave:

1- El acuerdo con Contreras

Conforme a la solicitud presentada por Aguilar, Catalina Pérez se puso de acuerdo con su amigo, el exseremi Carlos Contreras, para que invitara a Democracia Viva, por medio de su representante, Daniel Andrade, y fuera considerada como institución competente y con experiencia requerida para suscribir con ella tratos fiscales.

Eso implicó, como se advierte, que el otrora secretario ministerial excediera sus facultades e instruyera al jefe del Departamento de Planes y Programas de la Seremi para que contactara a la citada ONG. Además, se hace presente que Contreras consiguió modificar intencionadamente la nómina de las fundaciones que para ese mismo 2022 serían consideradas.

2- Alianza con Andrade

De la misma manera, se indica que la parlamentaria acordó con su pareja que este aceptara dicha invitación, luego de lo cual, entre los meses de julio y agosto de 2022, Andrade coordinó con Contreras que le remitiera todos los antecedentes necesarios para realizar su postulación para obtener los fondos fiscales, dándole indicaciones sobre cómo debía hacerlo, todo antes de que se resolviera la elección de Democracia Viva como receptora de fondos públicos y se suscribieran los tres convenios de transferencia de fondos.

3- La relevancia de postular

Según las indagaciones, la congresista propició que Andrade postulara a los programas de inversión y lo asistió para que pudiera adjudicarse fondos fiscales. Esto en conocimiento de que ni la fundación ni su entonces pareja tenían experiencia en materia de habilitación primaria, de modo que sabía que no se podrían ejecutar los tratos fiscales al tenor de lo posteriormente convenido.

4- Manejo del caso

En último punto, también se agrega que Pérez le dio indicaciones a Andrade sobre cómo elaborar una estrategia para las comunicaciones de Democracia Viva, de modo de potenciar a esta última.

En este punto, además, se hace presente que una vez que se concretaron las asignaciones y el caso estalló, la parlamentaria dio indicaciones a Andrade sobre cómo tenía que aparentar que el inmueble de otra militante de RD era la sede de la ONG, acordando, además, que ella quedaría fuera de responsabilidades. La Fiscalía destaca que tanto ella como Andrade eliminaron conversaciones que tenían con Contreras, definiendo un discurso único y fabricando documentación que les fuera útil.

Con todas estas actuaciones, a juicio del Ministerio Público, Pérez vulneró al menos cinco principios y deberes en su función pública.

Estos son: probidad administrativa; preeminencia del interés general en la función pública; principios de eficiencia, eficacia, control y transparencia; el principio de abstención, y el deber de congresistas de desempeñar su labor con entrega honesta y leal.