Ministra de la Mujer por investigación contra Catalina Pérez por aborto: “No se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres”
La secretaria de Estado, Antonia Orellana, reaccionó con dureza a la información revelada por La Tercera respecto a una indagatoria iniciada por el Ministerio Público respecto a la interrupción de un embarazo que habría hecho la congresista. "Como país debemos avanzar y no retroceder en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos (de las mujeres), y finalmente, en su posibilidad de decidir respecto a sus proyectos de vida”, apuntó.
Tras conocerse que la Fiscalía Regional de Antofagasta también indaga a la diputada Catalina Pérez por el delito de aborto, la ministra del Mujer, Antonia Orellana, abordó el asunto e insistió en que no se puede seguir criminalizando a mujeres por decisiones que tomen sobre sus proyectos de vida.
“Creemos que en nuestro país no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema, y que debemos avanzar y no retroceder en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, y finalmente, su posibilidad de decidir respecto a sus proyectos de vida”, manifestó al ser consultada por La Tercera.
Recordó, en ese sentido, que es justamente por esa razón que como gobierno han comprometido el ingreso de un proyecto de ley de legalización del aborto.
De igual forma, la secretaria de Estado hizo presente que entre 2012 y 2022, un total de 444 personas, mayoritariamente mujeres, fueron investigadas por aborto en Chile, y más del 10% de causas fueron tras un aborto espontáneo, de acuerdo al estudio recientemente publicado por Corporación Miles.
“Estas investigaciones implican para el Estado un gasto en fiscales, diligencias, audiencias, entre otros, para perseguir a mujeres que tuvieron un aborto espontáneo o tomaron esta decisión en circunstancias muy complejas, y para ellas, una mayor vulnerabilidad y afectación en su salud mental”, agregó.
Según publicó La Tercera, la nueva indagación contra la congresista surgió a raíz de las pesquisas vinculadas al caso Democracia Viva.
Y es que en medio de la revisión de conversaciones, específicamente chats de los teléfonos incautados, se encontraron intercambios entre Daniel Andrade, representante de la ONG ligada al Frente Amplio, y la diputada, y que fueron elementos suficientes para que la Fiscalía iniciara de oficio la causa penal.
Lo anterior, ya que en Chile está permitido en el aborto sólo bajo tres causales, ninguna de las cuales, para la Fiscalía, habría presentado la parlamentaria.
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