Pleno de la Corte Suprema anuncia una mesa de trabajo para proponer una reforma al sistema de nombramientos

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, realiza un punto de prensa tras el Pleno. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

Ante la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa y entendiendo la urgencia que se requiere, el máximo tribunal señaló que retomará las gestiones que permitan lograr dicho objetivo y radicar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial en un organismo que se establezca para tal efecto.


Los ministros de la Corte Suprema se reunieron este miércoles en un Pleno de carácter extraordinario para coordinar acciones ante el supuesto tráfico de influencias en el Poder Judicial y tras la jornada sostuvieron que retomarán las gestiones para separar la función jurisdiccional de la administrativa, además de avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial para la judicatura.

El Pleno planteó que el sistema de nombramientos de los miembros del Poder Judicial, como también de los auxiliares de la administración de justicia, contempla la participación de los distintos poderes del Estado y que, en lo que atañe al máximo tribunal, “se ha trabajado en mecanismos para asegurar la transparencia y objetividad en la selección de los oponentes, tarea en la que persistirá y que motivó la convocatoria a un pleno extraordinario el día de hoy (miércoles)”.

Y en tal sentido, el Pleno sostiene que la Corte Suprema “ha planteado la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa y, entendiendo la urgencia que se requiere, retomará las gestiones que permitan lograr dicho objetivo, y radicar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial en un organismo que se establezca para tal efecto”.

Añade que atendiendo los hechos que son de público conocimiento y que se han revelado a través de los medios de comunicación, “este tribunal ha estimado necesario avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial para nuestra judicatura, teniendo como base el Código de Ética Iberoamericano, que actualmente nos rige, por lo que ya en el mes de abril encomendó su elaboración y, por ende, una propuesta de modificación del Acta N° 262 del 2007, Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética”.

Además, y tras los acuerdos adoptados por el Pleno y teniendo en consideración los demás insumos aportados por distintos actores relativos al sistema de nombramiento y gobierno judicial, se acordó conformar una mesa de trabajo “con representantes de las distintas salas de esta Corte sobre Concursos y Nombramientos, para continuar con el estudio de la modificación de las Actas 104 y 105 del 2021, que abordan estas materias, para fortalecer los mecanismos de transparencia, en conformidad a los parámetros legales y objetivos previstos para los distintos cargos, asesorados por la Dirección de Estudios de esta Corte y el Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”.

Añade que en dicha instancia pueden ser invitados otros actores relevantes para conocer sus aportes sobre estas temáticas.

Esto, tras conocerse el contenido de comunicaciones del exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete y del abogado Luis Hermosilla que sugieren su intervención en la definición de cargos en tribunales, desnudando una espuria relación político-judicial en los nombramientos.

Asegurando que hay consenso en la idea de introducir modificaciones a la fórmula en que se seleccionan los miembros de la judicatura, Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, intervino en el debate hace unos días, advirtiendo que además tiene que cambiar la cultura transaccional del sistema político en nombramientos”.

Por otro lado, las polémicas estarían empujando a la reactivación del comité de ética del máximo tribunal, señal que desde el Ejecutivo esperan que se ponga en práctica.

La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien no se ha referido públicamente a la crisis, decidió suspender la vista de causas este miércoles y convocar a esta reunión para presentar una propuesta de modificación a la forma en que son designados los jueces en todas las instancias, inclusive las más altas esferas, en que actualmente debe intervenir el Ejecutivo y el Senado.

Como antesala, el lunes, en un “intenso” pleno, se abordó la divulgación de chats que involucran a Víctor Gonzalo Migueles, pareja de ministra Ángela Vivanco, en el marco de la negociación para la ratificación del Senado de la propuesta de fiscal nacional del Ejecutivo, cuando Ángel Valencia se quedó con el cargo.

Antes del encuentro de los magistrados del máximo tribunal este miércoles, Vivanco fue consultada si debieran retomarse instancias como el comité de ética y señaló en forma escueta que el asunto era parte de los temas que ella suponía que serían abordados en la instancia. La jueza adelantó que verían “una exposición”, pero no dio mayores luces sobre la cita.

“Todo lo que se habla en el pleno queda en el pleno”, dijo.

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