Suprema definirá hoy posición ante proyectos para cumplir fallo por isapres

Para las 14.30 horas de este lunes 29 de mayo está programada la sesión del Pleno de la Corte Suprema, donde los ministros analizarán y fijarán postura ante el proyecto de reforma constitucional presentado por senadores y la ley corta del Ejecutivo, con miras a dar cumplimiento al fallo con que el máximo tribunal determinó que las isapres deben devolver millones por cobros en exceso a sus cotizantes y ajustar sus planes a la tabla única de factores.

“Ministra señora Ángela Vivanco da cuenta de preinforme relativo a proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley n° 1, de 2005 del Ministerio de Salud, crea un nuevo modelo de atención en Fonasa, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional; y a su vez de proyecto presentado por la senadora Ximena Rincón sobre reforma constitucional para incorporar una disposición transitoria que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud de isapres”, se lee en el tercer punto de la pauta elaborada para esa jornada.

Aunque la instancia se ha reunido en una serie de ocasiones para analizar proyectos y mociones legislativas, y ha emitido decenas de informes respecto de los mismos, en esta ocasión, el eventual pronunciamiento ha suscitado mayor interés de habitual y, además, visiones contrapuestas.

Esto, porque mientras algunos esperan que la Suprema pueda, de cierta forma, “guiar” respecto del mejor camino para que se dé cumplimiento al pronunciamiento que hizo la Tercera Sala el pasado 30 de noviembre, otros no esconden su disconformidad con que se vaya más allá en la materia. Según quienes están en ese segundo lote, no sería resorte de los ministros inmiscuirse en asuntos que son propios de los legisladores, porque, por lo demás, ellos “ya hablaron con su fallo”, dicen.

Como sea, las presiones de ambos “bandos” se han hecho sentir en los pasillos del máximo tribunal, y como dan cuenta fuentes del organismo, los magistrados han seguido atentos los comentarios que empresarios, abogados y las mismas isapres han hecho a través de los medios de comunicación, principalmente en cartas al director o columnas de opinión en medios escritos. Todo, por la supuesta “debacle” que podría desencadenar el acatamiento de lo ordenado por los jueces.

De todas maneras, los ministros están conscientes de que pueden emitir su opinión, pues así está establecido en el artículo 77° de la Constitución. Además, se programó que el encuentro fuera durante esta jornada porque así podrán estar presentes los 20 ministros en ejercicio. Antes varios estaban ausentes, haciendo uso de sus feriados legales y otros con licencia médica.

Considerando que la instancia se dará luego de que la senadora Ximena Rincón -una de las patrocinantes de la reforma ingresada en diciembre de 2022- oficiara a la Suprema para que emita un pronunciamiento, a raíz de los cuestionamientos que recibieron por parte del Ejecutivo por la fórmula, Matías Walker -otro de los autores de la moción- manifestó que esperan que la Corte pueda validar el camino que ellos siguieron al presentar el proyecto.

“Me parece que es muy importante que la Corte Suprema valide el rol que tiene el Congreso respecto de dictar normas que permitan cumplir el fallo. Y, al mismo tiempo, hacerlo sin poner en riesgo el sistema de salud y que tanto el sector público como privado tengan viabilidad financiera. Así como nosotros tenemos que cumplir el fallo, creemos que no le corresponde a la Corte Suprema pronunciarse sobre el mérito de los proyectos de ley. Lo que corresponde es que digan qué es materia del legislador y ver cómo se da cumplimiento al mismo”, comentó el parlamentario a La Tercera.

Esto, subrayó, “porque durante semanas vimos a ministros de gobierno pretendiendo asumir la vocería de la Corte Suprema y cuestionando proyectos, lo que creo no corresponde. No nos interesa el pronunciamiento del gobierno, nos interesa el de la Corte. Porque queremos que se cumpla el fallo y legislar para que eso se haga de un modo que no comprometa las prestaciones de salud. Queremos evitar un colapso del sistema”.

Sobre el mismo punto, el senador Rodrigo Galilea -otro de los patrocinantes de la reforma- aseveró que, a su juicio, lo único “razonable” que podría decir la Corte es que “el fallo evidentemente produce efectos entre las partes y que, por lo mismo, no obliga en absolutamente nada ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. Y que el Congreso es libre de dictar la ley que estime pertinente. Porque, por supuesto, que el gobierno en su rol de colegislador también participa en esta materia, pero no hay ningún fallo de la Corte Suprema que ponga condiciones, límites, imposiciones, ni plazos a una solución legal cuya responsabilidad corresponde únicamente a los parlamentarios y al gobierno en su calidad de colegislador.

También agregó: “Yo espero que el Pleno de la Corte Suprema no cometa el error de estar opinando o siendo una especie de árbitro entre qué proyectos pueden ser mejores o peores. Los proyectos de ley los resuelve soberanamente el Congreso. Si es que hay alguna duda de inconstitucionalidad de algún proyecto, eso lo resuelve el Tribunal Constitucional. Pero desde ningún punto de vista corresponde que la Corte Suprema se manifieste y se pronuncie en un tema como aquel”.