Contraloría corregirá norma que le impide investigar a ministros

Ocho miembros del gabinete de Michelle Bachelet han sido denunciados en Contraloría por presunta intervención electoral. Pero antes de pronunciarse sobre estos casos, el contralor Ramiro Mendoza prepara un cambio de normativa que le permita investigar denuncias en contra de ministros de Estado.

Según la interpretación vigente de la ley de administración del Estado, los ministros no son funcionarios públicos, por lo que no pueden ser objeto de sumarios de parte de Contraloría. Este criterio fue defendido la semana pasada por La Moneda, en un oficio de respuesta a la presentación que hicieran Andrés Allamand y Jorge Schaulsohn ante el organismo fiscalizador, por las declaraciones en favor de Eduardo Frei que formularon varios ministros.

Esta denuncia del comando de Sebastián Piñera afecta a José Antonio Viera-Gallo, Marigen Hornkohl, Carolina Tohá, Sergio Bitar, Mónica Jiménez y Mariano Fernández.

Además, está pendiente en Contraloría el sumario por el uso de autos fiscales de parte de las ministras Paulina Urrutia y Claudia Serrano.

Hasta ahora, casi una decena de dictámenes desde 1973 a la fecha han estimado que los secretarios de Estado son de confianza de la Presidenta, por lo que sólo responden desde el punto de vista político y no administrativo, además de responsabilidades penales y civiles. Esta postura blinda a cualquier ministro de ser indagado por Contraloría y deja la acusación constitucional como única vía para su fiscalización.

Sin embargo, el contralor se encuentra redactando un nuevo dictamen que -según trascendió- revertirá la actual interpretación y establecerá que los ministros sí son funcionarios públicos y pueden ser indagados por el ente fiscalizador.

Consultados por esta postura, en la División Jurídica de Contraloría señalaron que el nuevo criterio planteará que todo asunto que no sea motivo para acusar constitucionalmente podrá ser pesquisado por ese organismo.

Esta resolución tendrá implicancia en los casos que se tramitan en Contraloría y en futuras denuncias contra ministros. Pero el efecto inmediato será que para los secretarios de Estado será aplicable el reciente instructivo de Contraloría para los funcionarios públicos en época electoral. Ese texto restringe el uso de los vehículos y la participación en actos de campaña.

La decisión de Mendoza también pondrá al gobierno en un complejo escenario frente a las críticas por el activo rol que los ministros han asumido en la campaña de Eduardo Frei y tras la renuncia de dos intendentes por denuncias de intervención.

LA APUESTA DE LA MONEDA
La última vez que Contraloría aplicó el criterio que hoy está en revisión fue el pasado 22 de septiembre, en un escrito firmado por el propio Mendoza. Ese día rechazó la acusación del senador Carlos Ominami en contra del ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma, por su asistencia a unos actos en Quilpué y Villa Alemana, donde coincidió con los candidatos oficialistas.

"Las eventuales responsabilidades de los ministros de Estado son una materia que excede el ámbito de competencia de esta Contraloría. (...) La institucionalidad nacional establece que corresponde exclusivamente a la Cámara declarar si ha o no lugar a las acusaciones que se formulen en contra de los ministros de Estado, siendo atribución del Senado conocer y resolverlas", concluyó el contralor.

Para La Moneda ese dictamen es clave frente a la denuncia del comando piñerista. En Palacio señalan que la jurisprudencia del  órgano contralor avala su postura, razón por la que toda denuncia contra un ministro debiera ser desechada.