Las dudas que abre la indicación al multiRUT

Como una fórmula que "no parte de cero" presentó ayer la Presidenta Michelle Bachelet la indicación al multiRUT que se enviará hoy al Senado, donde radica el proyecto.

En una ceremonia junto a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros gremios,  la Mandataria aseguró que la propuesta del Ejecutivo recogió los criterios de la declaración de voluntades que firmaron en 2012 la CPC y la CUT, así como la opinión de otros expertos.

A una semana del día de los trabajadores (1 de mayo), Bachelet señaló que por el mal uso del multiRUT "hay trabajadores que pierden el legítimo pago de gratificaciones, obtención de feriados o derecho de sala cuna" e instó a los empresarios a que comprendan la necesidad de evitar malas interpretaciones que pueden desembocar en abusos.

 El cambio

El Ejecutivo propuso que se considere como un solo empleador a las empresas o RUT bajo "un mismo controlador, que presten los mismos servicios o fabriquen productos similares y tengan una dirección laboral común". Además, fija multas con sanciones que van de 20 a 300 UTM en caso de que se acredite dolo ante tribunales.

La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, detalló que si no hay mala fe, y el multiRUT responde sólo a necesidades de mercado, se permitirá exclusivamente a los trabajadores que sean considerados en multiRUT tener una "negociación colectiva interempresa con el real empleador".

La indicación desestima la comisión de expertos propuesta por el gobierno anterior para canalizar los casos, dejando en manos de tribunales -previo informe de la Dirección del Trabajo (DT)- la resolución de los conflictos. Blanco anunció que la DT creará una institucionalidad especializada para esta materia.

En el mensaje que explica el porqué de la indicación al multiRUT, se detalla que una  unidad económica puede  organizarse comercialmente de manera descentralizada, estableciendo parte de sus negocios con identidades legales específicas. Cada una de éstas da origen a un RUT,  el que a su vez es considerado una empresa debido al concepto vigente en el Código del Trabajo.

El problema, según el gobierno es que hay empresas que se dividen "artificialmente" en varias razones sociales, pero que en la práctica constituyen una sola unidad económica y de gestión. Esto produciría un "desmedro en los derechos individuales y colectivos de sus trabajadores", por ejemplo en materia de pago de gratificaciones, feriado anual y derecho a sala cuna, y se fragmenta la representación de las organizaciones sindicales y de los procesos de negociación colectiva, disminuyendo el poder de los sindicatos.

"Han habido casos de simulaciones o subterfugios extremos, en que trabajadores son contratados por un RUT por seis meses y con otro por seis meses más para impedir los descansos anuales", ejemplificó Blanco.

Visión de expertos 

Para el ex subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, la indicación es confusa en varios aspectos. "Principalmente en lo que se refiere a la exigencia o no de un vínculo de propiedad entre las empresas que pueden ser consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales". A su juicio, esto podría generar que una empresa con trabajadores contratistas, que reciben instrucciones de la jefatura de recursos humanos de la empresa mandante, se podrían llegar a interpretar como un solo empleador.

El abogado Huberto Berg, de Berg consultores, valoró que no se altere el concepto de empresa y que se permita al empleador organizar su negocio.

Sin embargo, dijo que se debería explicitar dentro de los "requisitos para que varias empresas sean consideradas un empleador, que la figura que desarrollen vulnere efectivamente el derecho de los trabajadores".  También considera que se debería establecer una comisión de expertos independientes, así como una instancia donde se pueda apelar frente al fallo de un juez.

Juan Pablo Mesías, de KPMG, criticó que el texto "no ponga garantías o límites claros a los jueces para atribuir la figura del multiRUT". Bajo su análisis, las atribuciones son "demasiado amplias", perjudicando, por ejemplo, a empresas con una distribución geográfica distinta. Junto a ello, señaló que la multa de hasta 300 UTM "no es disuasiva".

CUT Y CPC

Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, valoró que no se insistiera en el comité de expertos. En paralelo, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, señaló que la multigremial estudiará el texto y los alcances de la indicación, esperando que considere los acuerdos alcanzados por la CPC y la CUT.  "Esta indicación debería llevar a clarificar situaciones y evitar interpretaciones que pueden desembocar en malas prácticas o en abusos", dijo Santa Cruz.

La presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz, sostuvo que si bien tienen mayoría para aprobar el proyecto, "es importante que salga con acuerdo y no pasar la máquina".

Confiando en que se trata de un tema largamente debatido, donde incluso reconoció que accedieron a no eliminar el concepto de empresa con el fin de obtener consensos, anticipó que el proyecto será puesto en tabla este miércoles. "Es la primera prioridad de la comisión. Necesitamos hacer audiencias públicas, pero trataremos de acotarlas, con el propósito de que antes del 21 de mayo se pueda despachar a la Cámara de Diputados y que antes del primer semestre sea ley", dijo Muñoz.

Concordando con los plazos, el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados señaló que "cuando un proyecto entra con acuerdo, el trabajo legislativo se facilita". Añadió que el compromiso del oficialismo es que el proyecto se apruebe este año. "No veo ningún obstáculo para que esto se dilate mas allá de tres meses", acotó.