Ministro argentino de Economía dice que decisión de Justicia de EEUU sobre deuda "pone en riesgo al país"

La decisión de la justicia de EEUU de  obligar a Argentina a pagar a fondos especulativos "pone en riesgo al país" y  su economía afirmó este miércoles en Nueva York el ministro argentino del ramo,  Axel Kicillof, ante delegados del G77 + China en la ONU

"Argentina quiere seguir pagando su deuda reestructurada pero no la dejan. Es un caso inédito, insólito, porque nos han impuesto determinadas condiciones que ponen en riesgo no ya la reestructuración sino la economía en su conjunto,  pone en riesgo al país", dijo Kicillof.

En un discurso de más de media hora, el ministro argentino explicó en esos términos a los embajadores del G77 ante la ONU por qué su país pide la suspensión de una sentencia judicial que la pone al borde de un nuevo default.

La decisión del juez neoyorquino Thomas Griesa que falló en favor de fondos especulativos que litigaban deuda argentina en mora, obliga a Buenos Aires a  pagar en efectivo unos 1.330 millones de dólares en adeudos provenientes de la moratoria declarada en 2001.

Argentina busca negociar con estos fondos a los que llama "buitres" porque  compraron la deuda ya en default, para evitar que le embarguen el dinero  destinado al pago a acreedores que aceptaron canjes de deuda en 2005 y 2010, a  los que debe pagarles el 30 de junio unos 900 millones de dólares.

Pero exige negociaciones "justas y balanceadas" para hallar una solución.

RIESGO DE CRISIS ECONÓMICA

"El gobierno al que pertenezco no adquirió la deuda, el gobierno al que  pertenezco no fue al default, el gobierno al que pertenezco lo que hizo fue normalizar las relaciones financieras con mucho esfuerzo", dijo el ministro al explicar los canjes de deuda con acreedores en 2005 y 2010.

Para el ministro argentino, el fallo de Griesa "empuja a la Argentina a un  riesgo de crisis económica" porque "imposibilita una reestructuración. Aquel  que no acepta la reestructuración, va a tener un tribunal que le acepte el total de la deuda". 

Kicillof insistió en que en Argentina "está dispuesta a negociar de buena fe".

"¿Pero qué situación tenemos? Si de aquí al 30 de junio el juez que ha  marcado esta sentencia no pone un paraguas legal, una suspensión de la sentencia, la negociacion se daría en una condición muy compleja", explicó.

El gobierno argentino, dijo, aún no ha recibido una respuesta al pedido de  suspender la sentencia. Griesa sin embargo nombró un supervisor para las tratativas. 

En la reunión, Kicillof recibió el apoyo explícito de los embajadores de  India, Brasil, Pakistán y Egipto, los primeros de una larga fila de oradores que se turnaron al micrófono.

Poco antes de empezar su ponencia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó  en su cuenta de Twitter la intervención de su ministro de Economía.

"Reiteramos la importancia de no permitir que fondos buitres paralicen actividades de reestructuración de la deuda de países en desarrollo ni priven a  los Estados de su derecho a proteger a sus pueblos conforme al derecho  internacional", escribió la mandataria.

CARA A CARA

En la jornada, el supervisor especial nombrado por el juez Griesa para conducir las negociaciones, el abogado Daniel Pollack, confirmó que las partes mantuvieron una reunión con él y tuvieron contactos telefónicos en las últimas 48 horas, pero añadió que "ninguna resolución fue alcanzada".

"Las partes, a través de sus abogados, acordaron mantener confidencial lo  sustantivo de las discusiones para facilitar la posibilidad de una futura  resolución", expresó Pollack en una escueta nota.

"Queremos trabajar con la Argentina en el stay (medida cautelar), pero  primero deben ser capaces de demostrar que están embarcados en una negociación  de buena fé", dijo un abogado de los fondos al diario La Nación.

Los representantes de los fondos litigantes esperan señales concretas de  Argentina sobre su disposición a negociar y estiman que el plazo del 30 de  julio es suficiente para cerrar un acuerdo sin reponer la medida cautelar y  evitando el default del país.