Oposición anuncia nuevo requerimiento al TC por gratuidad

"Vamos al Tribunal Constitucional (TC) para asegurar un principio de gran importancia: la igualdad de trato para todos los estudiantes en materia de gratuidad, becas y créditos", afirmó ayer el senador RN Andrés Allamand, cuestionando el nuevo diseño del gobierno para destrabar el proyecto de gratuidad en la educación superior. Esta acción la llevará a cabo Allamand junto con los senadores Hernán Larraín y Ena von Baer.

El anuncio se enmarca en la discusión de la glosa de gratuidad, proceso que aún se revisa en el parlamento y que ha enfrentado diversas críticas por mantener el Crédito con Aval del Estado (CAE), por no asegurar el aumento en la matrícula de las estatales y por exigir nuevamente a los centros de formación técnica e institutos profesionales que sean personalidades sin fines de lucro.

Esto último sería lo que más preocupa a los parlamentarios que pretenden presentar el requerimiento. Y es que en el presupuesto se sostiene que los CFT e IP que deseen ingresar al nuevo beneficio no pueden lucrar, pese a que la ley hoy se los permite.

Con esto, un gran número de alumnos vulnerables no podrán obtener la gratuidad, a pesar de estar dentro de los cinco primeros deciles.

Allamand remarcó que con esto "el gobierno en el actual proyecto ignora olímpicamente el fallo del TC del año pasado que declaró que la gratuidad debía vincularse únicamente con la vulnerabilidad de los estudiantes y no con la organización jurídica de las instituciones de educación superior. Tampoco puede vincularse con algo que escapa completamente de su ámbito de acción, como lo es la organización jurídica de una entidad" (ver considerandos del fallo de 2015).

Esta situación se repite en becas y créditos, explicó el senador, quien agregó que "pese a tener la misma vulnerabilidad, hoy las becas son mejores para los estudiantes de las universidades estatales, luego vienen los de las privadas y, por último, los CFT e IP . Es absurdo. Debiera ser exactamente al revés".

Y es que, por ejemplo, los alumnos que asisten a universidades del Consejo de Rectores (Cruch) pueden optar al Fondo Solidario, crédito que cobra un 5% de la renta y que tiene un plazo de caducidad de 12 a 15 años. Mientras los alumnos que acuden a planteles privados sólo tienen el Crédito con Aval del Estado, herramienta que cobra el 10% del sueldo de los titulados y que vence después de 20 años.

El senador, además, recordó que el TC también sostuvo que, aunque la acreditación es un requisito válido -porque resguarda la calidad- esta no puede establecer una diferencia arbitraria entre una institución y otra. Esto, dijo Allamand, se mantiene en la glosa, ya que los planteles estatales no necesitan cumplir con el requisito de acreditación de cuatro años, pero sí las universidades privadas.

En tanto, la senadora Ena von Baer (UDI) señaló que los parlamentarios quieren "un sistema de ayudas en la educación superior con igual trato y no con discriminación como hoy". Además, remarcó que si no hay cambios, "acudiremos al TC, porque de la manera en la que está planteado esto en el presupuesto no se cumple con el fallo del TC del año pasado".

El rector de AIEP, Fernando Martínez, concordó con Allamand en que el fallo del TC fue "categórico con la inconstitucionalidad de la glosa presupuestaria".

En ese sentido, la autoridad académica dijo que "nos estamos enfrentando nuevamente a una glosa que busca ser inconstitucional y esperamos que eso en la discusión parlamentaria se corrija y que no ocurra que en el caso de dos estudiantes igualmente vulnerables, uno tenga acceso a la gratuidad y el otro no".

En tanto, Ricardo Paredes, rector de DUOC UC, institución que ya el año pasado cumplía con el requisito de ser sin fin de lucro, señaló que la situación es grave. En esa línea, Paredes sostuvo que la discriminación a la que aludió el TC el año pasado se "resolvió" dejando fuera a todo el mundo técnico y "si los políticos de todos los sectores no entienden que eso es tan discriminatorio y opuesto al sentido del fallo del TC, pienso que carecen de un sentido mínimo de crítica y de coherencia entre lo que dicen y hacen".

Para el rector, lo más importante es que el gobierno y la oposición resuelvan el problema y, a su juicio, hay dos caminos: que la glosa omita la referencia al lucro de las instituciones o que aumente los años de acreditación para hacer elegibles las instituciones.

Paredes agregó que, de continuar con problemas en la discusión de la glosa, "ni la ciudadanía ni los alumnos entenderán que después de un año, donde ha habido mutuas recriminaciones, donde hemos advertido del riesgo de llegar a una situación como la que se anuncia, no hayamos avanzado nada y necesariamente nuestra visión es que la responsabilidad de mantener esta injusticia será compartida", dijo el rector.