Peligrosa naturalización de la violencia

Los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en el barrio Meiggs, en el centro de Santiago -donde una balacera dejó a varias personas heridas, una de ellas en estado crítico-, han dejado a la vista la peligrosa realidad que se vive en distintos puntos de la capital, pero también a lo largo del país, donde zonas completas se encuentran controladas por bandas dedicadas al crimen organizado, aisladas del estado de derecho y donde impera la fuerza de las armas.

Desde hace tiempo que ya viene identificándose zonas controladas por bandas dedicadas al narcotráfico, que para el caso de la Región Metropolitana suman más de 170, duplicándose en el lapso de una década, e implicando que más de 1 millón de personas se ven directamente impactadas por esta situación, conforme datos que ha publicado Ciper. Distintos informes también dan cuenta de la presencia cada vez más activa de bandas de narcotráfico -con algunos de los mayores carteles internacionales ya operando en el país-, una de cuyas manifestaciones más evidentes ha sido el control barrial.

Con la pandemia y los largos meses de confinamiento se potenció mucho más el fenómeno del comercio ambulante, donde ya es posible constatar que ciertas avenidas o barrios completos -es el caso de Meiggs- se encuentran cooptados por bandas que controlan el espacio público, cobrando arriendo para que se instalen en la calle vendedores informales, incluso proveyendo carpas, además de ofrecer protección con personal armado. Varias de estas mafias tienen directa vinculación con actividades de narcotráfico, de modo que el cobro para actividades de comercio informal es otra forma de financiamiento para estas redes. En el extremo norte del país también se ha podido apreciar la presencia activa de peligrosas bandas dedicadas al crimen organizado, lo que se ha traducido en métodos particularmente violentos a la hora de ejecutar crímenes o ajusticiamientos. Por cierto que en este análisis tampoco se podría dejar fuera lo que ocurre en La Araucanía, donde también existen territorios en donde ni autoridades ni la policía pueden entrar sin que sean objeto de amedrentamientos, como es el caso de Temucuicui.

Estas son realidades que el país ha preferido esconder, quizás porque de algún modo resulta “cómodo” que los delitos y el actuar de este tipo de bandas se concentren en determinadas zonas geográficas. Esta forma de entender el fenómeno es muy peligrosa, porque supone naturalizar hechos que no solo violentan expresamente la ley, sino que es consagrar verdaderas zonas de sacrificio, afectando gravemente la calidad de vida y los derechos de todos quienes habitan o transitan por allí.

El gobierno ha informado acerca de un plan de seguridad, que entre otras medidas contempla la reasignación de 700 funcionarios de Carabineros en las 17 comunas del país donde más han aumentado los delitos violentos. Es un paso importante, pero a la luz de las dimensiones que ha alcanzado el fenómeno se requieren medidas mucho más profundas. Por de pronto, cabe hacerse cargo de un control mucho más efectivo de las fronteras, para frenar la inmigración ilegal, pero sobre todo para impedir que ingresen personas con prontuario. En barrios como Meiggs se ha podido apreciar el alto número de extranjeros dedicados al comercio informal, algunos de los cuales han sido sindicados como responsables de liderar o integrar estas peligrosas bandas callejeras. Asimismo, es fundamental un cambio de actitud para terminar con estas visiones de segregación, dejando de naturalizar la violencia según zonas geográficas o sociales.