Abogados: acusación no pone en riesgo el estado de derecho

Pese a que ha sido el principal argumento que se ha esbozado para desestimar la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, la tesis de que el libelo pone en riesgo el estado de derecho fue desechada hoy por los tres abogados que expusieron ante la primera sesión de la comisión ad hoc que revisa la acción impulsada por la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio.

Ante la instancia, tanto el abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) -quien argumentó en contra de la acusación- como los juristas Claudio Nash y Rodrigo Poblete, que, por el contrario, expusieron argumentos favorables respecto del libelo, concordaron en que en ningún caso la acción contra los jueces pone en riesgo la institucionalidad e independencia del Poder Judicial.

De la misma forma, hubo consenso entre los juristas respecto de que la decisión de los ministros Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama de conceder libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad fue, a lo menos, "un error". Por lo mismo, las exposiciones estuvieron centradas en dilucidar si esa equivocación configura la gravedad suficiente para que los jueces deban ser destituidos y queden inhabilitados de ejercer funciones públicas por cinco años, como persigue el libelo.

El primero en intervenir fue Zapata, quien argumentó que los controvertidos fallos de los ministros no logran configurar un "notable abandono de deberes". Según dijo, la decisión de los ministros se enmarca en una interpretación que incluso él mismo dijo no compartir, pero que podría ser "plausible".

"No me convence la interpretación que hacen los ministros acusados (...), jurídicamente no me gustan esos fallos", comentó. Sin embargo, agregó que "sostener que por el hecho de tener este distinto criterio sobre este aspecto del problema estas personas demuestran desprecio grave por el derecho internacional en materia de derechos humanos, es una desproporción".

Así, advirtió sobre el precedente que se podría sentar, de tener éxito la acusación, para que futuras mayorías políticas destituyan a jueces cuyos fallos no les acomoden.

A diferencia de lo planteado por Zapata, los abogados Nash y Poblete aseguraron que la no consideración del derecho internacional y de los tratados ratificados por Chile en esta materia configuran una "infracción" que deriva en una "grieta de impunidad".

En esa línea, los juristas pusieron sobre la mesa la tardanza de las condenas por los delitos cometidos durante la dictadura y, asimismo, la desproporcionalidad de las penas respecto de los crímenes cometidos. Así, aseguraron -citando diversas interpretaciones de la Corte Interamericana de DD.HH.- que el no cumplimiento efectivo de las penas en el caso de condenados por delitos de lesa humanidad erosiona el derecho de las víctimas y sus familias de acceso a la justicia, además de atentar contra la coherencia del derecho normativo, lo que, en suma, podría configurar un "notable" abandono de deberes. "Esto no es una diferencia de interpretación, sino una decisión que profundiza la impunidad", sostuvo Nash. Con todo, los abogados que defendieron el libelo recomendaron a la comisión no considerar la trayectoria personal de los ministros a la hora de decidir sobre el destino del mismo.

Por su parte, el diputado Soto hizo un mea culpa a nombre del Congreso por no haber tenido la "capacidad" de legislar antes para actualizar la norma que rige el otorgamiento de libertades condicionales desde 1925 y derogar la Ley de Amnistía.