Alcaldes: trastienda de una rebelión

Mucha gente propone cosas, nosotros las analizamos con los expertos y nos dicen que si hacemos eso solo van a empeorar las cosas, las va a agravar. Si un alcalde cierra un mall, ¿qué va a pasar con la gente de esa comuna? Se va a ir a la comuna del lado, eso significa más uso de transporte público y más aglomeraciones, más problemas. La mejor forma es enfrentar esto de manera integral y no que cada alcalde piense que lo va a resolver en cada comuna”.

Fue el miércoles en la noche cuando el Presidente Sebastián Piñera dejó en evidencia por primera vez la molestia que su gobierno ha ido acumulando con los alcaldes, a propósito de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Una tensión que ha ido en aumento, y donde la gota rebasó el vaso el viernes, cuando con su particular estilo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respondió a la petición de los ediles de establecer una cuarentena total. “Es una insensatez completa”, dijo, advirtiendo “afanes populistas” en los jefes comunales, considerando que enfrentan una elección que se realizaría en octubre de este año, pero que la pandemia la trasladó para abril.

Solo esta semana que pasó, los ediles han obligado al gobierno a adelantar dos medidas que, según criterios técnicos, debían tomarse después: la suspensión de clases y el cierre de centros comerciales. Una actitud que ha llevado a los ministros Gonzalo Blumel, Karla Rubilar y el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, a llamar en privado a los alcaldes para pedirles -sin éxito- que haya una mayor coordinación. En forma paralela, los timoneles de RN, Mario Desbordes, y la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, también han tomado contacto con ediles de sus filas para solicitarles una actitud más colaborativa con las autoridades del gobierno central. Aunque en los partidos oficialistas reconocen que el Ejecutivo ha evidenciado dificultades de gobernanza respecto de la crisis sanitaria, también advierten un “oportunismo electoral” de los jefes comunales. Pero los ediles han continuado con sus demandas a La Moneda y, entre otras medidas, han sumado fijar el precio de medicamentos.

En este escenario, el viernes 20, adelantándose una vez más al gobierno, 56 alcaldes de todas las tendencias políticas enviaron una carta al Presidente Piñera solicitándole que “actúe rápido” y decrete la cuarentena obligatoria total en Chile. “Nuestro acuerdo es proteger la vida y la salud de la población por sobre cualquier otra consideración”, explicó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

La misiva comenzó a circular la noche anterior entre algunos alcaldes, impulsada, entre otros, por Sharp. Eso, poco después de que los ediles oficialistas Joaquín Lavín, Raúl Torrealba y José Manuel Palacios, por cuenta propia, corrieran el cerco y solicitaran el cierre de Las Condes, Vitacura y La Reina, donde se concentra el mayor número de contagiados con el Covid-19 en la Región Metropolitana.

Pero tal petición, al igual que el cierre de los centros comerciales decretado esta semana por algunos ediles, como Evelyn Matthei y Rodolfo Carter, entre otros, exceden las atribuciones legales de los alcaldes. Lo que ha acrecentado el enojo del gobierno por el rol que están asumiendo los jefes comunales.

“Dejemos que la voz de los criterios sanitarios sea la que prime”, señaló el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en un intento por contener la impulsividad de los jefes comunales. “Lo principal es que las medidas se adopten en función de criterios sanitarios y cuando sean más efectivas para el cuidado de la población”, añadió. A juicio del gobierno, hay una sobrerreacción de los alcaldes.

“Los alcaldes han ido disminuyendo sus competencias sanitarias en el último siglo. Ahora más bien son atribuciones colaborativas. Por eso, algunas de sus declaraciones respecto de restricciones sanitarias son derechamente ilegales”, señala el profesor de Derecho Administrativo y excontralor Ramiro Mendoza.

“Desde la dictación del Código Sanitario en la década del 60, se les quitaron a los alcaldes casi todas las atribuciones sanitarias. No pueden establecer por razones sanitarias restricciones a derechos. Los alcaldes no pueden por razones sanitarias cerrar un mall. Los alcaldes tienen el sentido de velar por sus ciudadanos, por eso tienden a pensar que son la primera línea en el cuidado de la población, pero no pueden tomar acciones que no están dentro de sus facultades. En eso deben tener una actitud más bien colaborativa”, añade el experto en Derecho Administrativo.

En privado, en La Moneda admiten su molestia con los alcaldes. “Hemos enfrentado esta crisis sanitaria con alcaldes candidatos”, señalan en Palacio. La inédita decisión tomada esta semana de prorrogar el mandato de los actuales alcaldes y postergar la elección municipal, advierten en el gobierno, “solo hará más complejo el escenario. Vamos a tenerlos todo el año actuando como candidatos”.

El sábado 14 comenzaron a encenderse las alarmas en la Asociación Chilena de Municipalidades (AChm). A primera hora de esa mañana, Iván Borskosky, exsecretario ejecutivo por seis años de esta organización que agrupa a la mayoría de los municipios del país, recibió desde España respuesta a algunas de las inquietudes que venían haciendo alcaldes chilenos a sus pares europeos sobre el manejo de esta pandemia. Lo que más preguntaban era sobre los errores que se habían cometido en España e Italia que facilitaron una expansión casi descontrolada del virus.

Fueron los equipos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) los que enviaron el mayor cúmulo de información, con recomendaciones sobre el retiro de la basura desde hogares con contagiados o la implementación de acciones una vez que se decreta la alarma sanitaria, entre otros temas. Los españoles se comprometieron a mantener informados de manera permanente a los alcaldes chilenos y los instaron a tomar lo antes posible medidas de shock, urgentes y drásticas.

Entre los documentos enviados, venía un gráfico con una recomendación: los países que habían logrado reducir antes la curva de contagios eran aquellos que habían suspendido casi de inmediato las clases.

En Italia se demoraron más de 17 días en hacerlo, para entonces ya tenían más de 10.000 contagiados y la tasa de enfermos por Covid-19 crecía más de 33% por día. Por el contrario, Hong Kong cerró todos los colegios y decretó cuarentena apenas siete días después de que se presentó el primer caso, con resultados completamente distintos a los de Italia. Solo 105 contagiados y, lo más importante, lograron reducir el crecimiento de la epidemia.

Borkosky traspasó la información al RN Jaime Belmar, secretario ejecutivo de la AChM, y al DC Felipe Delpin, edil de La Granja y presidente de la comisión de salud de ese organismo.

Para entonces, relata la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, muchos alcaldes estaban sometidos a una presión enorme a través de las redes sociales, incluso con mensajes directos a sus WhatssApp, de vecinos que pedían la suspensión de clases o les advertían de grupos de apoderados que por su propia cuenta se habían organizado para no llevar a los hijos al colegio.

Varios ediles aseguran que no tenía sentido que el gobierno suspendiera los eventos masivos de cualquier evento que congregara a más de 500 personas y no se suspendieran las clases, cuando cerca del 70% de los establecimientos educacionales municipalizados en la Región Metropolitana tiene una matrícula mayor de 500 alumnos.

A través del chat de coordinación de la AChM, varios alcaldes, en particular Rodolfo Carter (La Florida), Gonzalo Durán (Independencia), Evelyn Matthei (Providencia), Joaquín Lavín (Las Condes), Carolina Leitao (Peñalolén) y Felipe Delpin (La Granja), propusieran aplicar esta medida, sin importar que el panel de expertos con que trabaja el gobierno, en base a información técnica, recomendara postergar esta restricción en dos semanas.

El sábado 14, a las 22.40 horas, Germán Codina les preguntó a todos los alcaldes qué pensaban respecto de la medida. Su objetivo era actuar de manera consensuada, para así convencer al gobierno. Algo similar a lo ocurrido tras el estallido social del 18 de octubre, cuando le doblaron la mano a La Moneda e impusieron la consulta ciudadana de diciembre pasado, en contra de la decisión del gobierno de impulsar los cabildos ciudadanos a través del Ministerio de Desarrollo Social.

El intercambio de mensajes entre los ediles se prolongó hasta cerca de la una de la madrugada del domingo 15. Había varios temas que debían resolver: fijar turnos éticos para mantener los programas de alimentación para los alumnos que lo requirieran, asegurar que se podría llevar adelante en los establecimientos educacionales el programa de vacunación contra el virus de la influenza y, además, que podrían implementar programas de educación a distancia. Todo eso, aseguraron los alcaldes, estaba resuelto.

Los ediles aseguran que Codina realizó gestiones con los ministerios del Interior, de Salud y de Educación para agendar una reunión con el gobierno. Pero “no hubo respuesta”, aseguran. Fue entonces que tomaron las decisión de reunirse al mediodía del domingo para concordar la medida.

Pero las cosas no ocurrieron como Codina esperaba. “Algunos alcaldes sucumbieron a la presión a la que estaban sometidos por las redes sociales”, señala Leitao, y comenzaron a anunciar de manera unilateral la suspensión de clases en sus comunas. Carter, en La Florida; Matthei, en Providencia, y Lavín, en Las Condes, fueron los primeros en adelantarse.

Por el chat de WhatsApp de la AChM algunos ediles se quejaron por el descuelgue de algunos de sus pares en función de agendas propias.

Los reclamos también vinieron desde el gobierno. La Moneda le pidió al timonel de RN que hablara con Codina y que le transmitiera la necesidad de que hubiera una mayor coordinación con el gobierno.

“Hay una real preocupación de que nadie se dispare y tome decisiones por su cuenta. Es fundamental en esta crisis el actuar coordinadamente”, señala un ministro que ha estado involucrado en el manejo de esta crisis sanitaria.

El anuncio anticipado de algunos alcaldes, sin embargo, obligó al gobierno a cambiar los planes. “Recién habíamos llegado a la sede de la asociación cuando Codina recibió un llamado del Ejecutivo pidiéndonos que nos reuniéramos en La Moneda”, relata el alcalde de Huechuraba y vicepresidente de la AChM, Carlos Cuadrado, sobre la forma en que se acordó la reunión del domingo 15 con el gobierno.

En La Moneda, Mañalich -quien estaba acompañado de los ministros Gonzalo Blumel (Interior) y Raúl Figueroa (Educación)-, insistió lo que unos instantes antes habían dicho los expertos del comité técnico: que aún no era el momento de suspender clases, algo que podría ser necesario en dos semanas más. Varias veces se interrumpió la reunión, a la que se sumó el jefe de asesores del segundo piso, Cristián Larroulet, para permitir que los ministros hablaran entre ellos y con el Presidente Piñera. La cuarta vez, los representantes del gobierno tardaron apenas 10 minutos en regresar con bandera blanca. El gobierno había cedido ante los alcaldes por segunda vez en menos de cuatro meses para no pagar un costo mayor ante la opinión pública.

El round en favor de La Moneda vino el viernes 19. En medio de fuertes presiones por decretar lo que denominan “cuarentena total”, los alcaldes tuvieron una nueva reunión en La Moneda, a la que se sumó el Presidente Piñera. Ahí se acordó conformar una mesa social Covid que sería organizada por Interior.