Cámara defiende potestades ante La Moneda y diputados suben presión para que Crispi responda como jefe de asesores de Boric

Tras una solicitud de las bancadas de RN, la UDI, Evópoli y del Partido Republicano, la mesa de la Cámara de Diputados, que lidera Ricardo Cifuentes (DC), emitió una severa señal de independencia ante La Moneda en una carta enviada al Presidente Gabriel Boric.

A raíz de la polémica suscitada entre el Ejecutivo y esta rama del Poder Legislativo, debido a la resistencia inicial de Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia de la República, a concurrir a la comisión investigadora por el lío de platas públicas asignadas a fundaciones, la mesa de la Cámara le hizo un recordatorio al Mandatario respecto de las facultades fiscalizadoras que le otorga la Constitución a los diputados.

“Es nuestro deber reafirmar que las comisiones especiales investigadoras son creadas por acuerdo de la Cámara de Diputadas y Diputados en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, conforme a lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra c) de la Constitución Política de la República, atribuciones que deben ser ejercidas con plena independencia de otros poderes del Estado”, dice la misiva dirigida a Boric que es firmada por Cifuentes y las dos vicepresidentas de la corporación, las diputadas oficialista Carmen Hertz (PC) y Daniella Cicardini (PS).

Además en una velada crítica a la tesis jurídica defendida por La Moneda, elaborada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, de que los asesores presidenciales tendrían un estatus especial, la mesa de la Cámara señala que “es nuestro parecer precisar que las declaraciones vertidas por distintas autoridades de gobierno en relación a la situación descrita (la actitud contumaz de Crispi para comparecer) las entendemos como propias interpretaciones jurídicas que en caso alguno pueden menoscabar la independencia de este poder del Estado”.

“En razón de lo anterior tenemos la certeza que vuestra Excelencia velará para que su gobierno resguarde siempre la debida deferencia entre los distintos poderes del Estado”, concluye la carta oficial.

El hecho, que surgió de una intensa deliberación en la mesa, se convirtió en un nuevo golpe para el Ejecutivo, cuya estrategia para proteger a Crispi se desmoronó en las últimas semanas debido al escaso apoyo político y al débil sustento jurídico.

En las semanas anteriores, el asesor presidencial se había rehusado en dos ocasiones a comparecer ante la instancia fiscalizadora de la Cámara y solo envió una respuesta por escrito.

La resistencia de Crispi, sin embargo, cambió la semana pasada, luego de que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, señalara ante la misma comisión que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas”, y esbozó que el personal a honorarios de la administración estatal debería tener el mismo trato que cualquier funcionario público.

En una manifestación del giro del gobierno, el jefe del llamado “Segundo Piso” de La Moneda envió un correo electrónico a la Cámara expresando su voluntad de concurrir, deslizando que lo haría en su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional.

Ello le daba un margen de maniobra al Ejecutivo para suavizar este cambio de discurso y tratar de proteger la información y las deliberaciones que se han dado en el círculo más cercano al Presidente, a raíz del escándalo de las fundaciones. Una de las dudas que aún no está despejada es cuándo se enteró el entorno del Presidente Boric del caso.

De hecho, hasta la semana pasada, el gobierno aún defendía la tesis jurídica del ministro Cordero sobre este estatuto especial, precisamente para cuidar la figura del Primer Mandatario. Esa interpretación, sin embargo, se cayó por las explicaciones del propio contralor.

Incluso, el escenario empeoró aún más este lunes, porque la comisión investigadora no acogió esa velada exigencia para comparecer como exsubsecretario y resolvió por unanimidad -con la venía de los cuatro legisladores oficialistas- citar a Crispi en su calidad de jefe de asesores para el 6 de noviembre.

“Si ya no llega a venir este caballero, perdónenme. Va a ser otro el trato”, advirtió el diputado y presidente de la comisión investigadora, José Miguel Castro (RN), tras recabar el acuerdo.

La semana pasada, el mismo Castro había deslizado que la fórmula para convocar a Crispi por tercera vez sería esa. “No voy a citar a Crispi en otra condición que no sea como jefe del Segundo Piso”, dijo a La Tercera el viernes pasado.

Incluso, el diputado de RN ayer despejó otra confusión que los días previos había acompañado esta polémica y precisó que en las dos ocasiones anteriores se citó con carácter obligatorio a Crispi como asesor presidencial. En caso de que hubiera sido convocado como ex-subdere, se le debía “invitar” al no estar ejerciendo esa responsabilidad administrativa.

Aquella versión fue corroborada por el secretario de la comisión investigadora, Juan Carlos Herrera. “(A Miguel Crispi) se le citó en dos oportunidades y las dos veces como jefe de asesores de la Presidencia de la República, calidad que nadie cuestionó. De manera que si hubiera sido objeto de objeción, se habría tenido que poner en votación y no fue necesario”, dijo el abogado de la Cámara, que actúa como ministro de fe en estas situaciones.

El carácter de la nueva citación no era el único elemento complejo para La Moneda, que no ha podido cerrar el capítulo de Crispi.

La nueva convocatoria quedó para dos semanas más, por lo que perfectamente en ese plazo la Contraloría podría tomar una decisión de iniciar o no un proceso sancionatorio contra Crispi, que fue requerido por la comisión investigadora, en virtud del artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso, que contempla sancionar con el descuento de un mes de remuneración al funcionario público que se resista a concurrir al Parlamento.

En los días previos, el mismo contralor Bermúdez había deslizado que si Crispi comparecía, perdía oportunidad su pronunciamiento, pues el hecho en cuestión quedaba subsanado.

No obstante, ayer en la misma comisión investigadora discreparon de esa lectura del contralor y sus integrantes coincidieron en que igualmente debía haber una resolución del ente administrativo.

Además de la sanción, que dejaría a Crispi en un mal pie político, en el gobierno veían con preocupación que un dictamen de la Contraloría sobre las obligaciones y responsabilidades del personal a honorarios de la Presidencia podría generar una jurisprudencia delicada en la futura relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Consultada por la asistencia de Crispi, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), dijo que “el asesor en cuestión mostró disponibilidad frente a la insistencia de poder asistir” y “lo va a hacer en la fecha indicada”. “Nosotros pensamos que podría haber sido esta semana, pero va a demorar un poco más”, concluyó la portavoz.