Cárcel de alta seguridad provoca nuevo round entre gobierno y alcaldesa de Santiago

Una nueva señal del lugar en que sería emplazada la nueva cárcel de alta seguridad para miembros de bandas organizadas entregó ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que la comuna de Santiago era “la zona más atractiva”.

No obstante, su comentario dio paso a un nuevo round entre el Ejecutivo y la alcaldesa santiaguina, Irací Hassler (PC), quien ha expresado un rotundo rechazo al emplazamiento del recinto en su comuna.

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric, dio a conocer la futura construcción del recinto penitenciario, asegurando que se tratará de “una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la Región Metropolitana y tendrá un costo aproximado de $90 mil millones y aumentará en 500 las plazas, los cupos, de este tipo de cárceles”.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Cordero recalcó que una de las alternativas que maneja el Ejecutivo es que la cárcel se construya en un edificio ubicado en calle Pedro Montt, comuna de Santiago.

El inmueble actualmente pertenece al Ejército de Chile y el gobierno busca que sea traspasado a Gendarmería para poder concretar la locación de una nueva cárcel.

“Esa zona, históricamente desde las últimas décadas, ha sido un sitio dedicado a establecimientos de justicia y penales”, indicó el ministro, afirmando que la comuna de Santiago, “dada la urgencia, es la zona más atractiva para poder desarrollar la cárcel”.

La semana pasada, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), había mostrado su rechazo a la instalación del recinto penitenciario en su comuna, afirmando que “como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente”.

Sin embargo, el titular de Justicia no se mostró sorprendido por la postura de la jefa comunal. “Si yo le preguntara a todos los alcaldes del país, quien está dispuesto a recibir una cárcel, no me van a responder”. En esta línea, Cordero afirmó que el recinto es “una solución de seguridad, y para eso uno necesita colaboración y cooperación, sino eso es imposible”.

“Este tipo de infraestructuras requiere abordar esto con cierta racionalidad, porque si fuera por decisión de los alcaldes, no tendríamos líneas de transmisión (eléctrica)”, ejemplificó.

Incluso, Cordero fue tajante. “Si alguien me dice que no en Santiago, entonces yo voy a ser el principal interesado que me digan dónde y la hacemos rápido... Si a mí me dicen que no en todos los lugares, yo pienso ¿Cuál es el compromiso real que el sistema político tiene con el sistema de seguridad”.

El ministro explicó que, en el pasado, el municipio de Santiago cambió el plan regulador para evitar la construcción de una cárcel en la comuna, a lo que sostuvo que “la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿Es legítimo que un municipio use su atribución para vetar la ejecución de un proyecto de alcance nacional?

“Los alcaldes han cumplido un rol en la oposición a la instalación de estos establecimientos”, afirmó Cordero.

Cordero señaló que el anuncio forma parte de un trabajo que se ha desarrollado al respecto de la ampliación del sistema penitenciario para el país.

El ministro indicó el sistema de máxima seguridad que se busca implementar, alberga múltiples factores, entre los que se encuentra “una infraestructura que es especial, desde el punto de vista de la tecnología y la forma en que se opera”, agregando que también es especial “desde la perspectiva del régimen penitenciario”.

“Nosotros tenemos uno en regulación administrativa, y tenemos que darle rango legal al sistema penitenciario en especial en máxima seguridad, porque supone un conjunto de medidas intrusivas, como la posibilidad de grabar la imagen y conversaciones en su interior”.

Asimismo, Cordero indicó que “el sistema de reclutamiento y formación del personal que trabaja en máxima seguridad, dado los perfiles que hoy tenemos, requiere de una modificación estructural”.

“Este es el inicio, junto con otro proyecto que acabamos de ingresar al Congreso, que obliga la declaración de patrimonio e intereses a todos los funcionarios de Gendarmería”, sentenció el titular de Justicia.

Horas después, la alcaldesa Hassler (PC) salió a responderle al ministro de Justicia y ratificar el rechazo de los vecinos.

De hecho, tras el anuncio del Presidente Boric, los vecinos del Barrio Rondizzoni realizaron una actividad, a la que llegó Hassler, para juntar firmas en contra de la iniciativa.

“Ya tenemos el mayor complejo carcelario del país y, por tanto, por ningún motivo podemos aceptar una nueva cárcel en nuestra comunidad”, aseguró la jefa comunal.

La alcaldesa hizo énfasis en la necesidad de avanzar en medidas de seguridad, sin embargo, advirtió que esta no puede ser a costa del resguardo de los centros urbanos. “Así lo han dicho los expertos urbanistas, que las cárceles no deben construirse en lugares que concentran la mayor población y que son espacios centrales para nuestra ciudad”, expresó Hassler.

Respecto a la afirmación del ministro Cordero sobre Santiago como la “zona más atractiva” para desarrollar la cárcel”, la alcaldesa manifestó que “está muy equivocado”.

“La tendencia en Chile y el mundo es que las nuevas cárceles se construyen fuera de los núcleos urbanos”, explicó, y añadió que “lamento que el ministro no haya querido escuchar ni a las comunidades, ni a los expertos”.

Por último, la alcaldesa hizo un llamado al Ejecutivo a no tomar una decisión que atente contra la comuna capital. “El daño puede ser irreparable”, sentenció.