Colegio de Abogados: el tironeo puertas adentro por el caso Audio

Fue este lunes cuando en la sesión ordinaria del consejo del Colegio de Abogados, una vez más sus integrantes volvieron a discutir sobre el caso Audio.

Los hechos que tienen a Luis Hermosilla en prisión preventiva tras la filtración que abrió una verdadera caja de Pandora en el mundo jurídico ha sido el invitado de piedra de varias de las sesiones -ordinarias y extraordinarias- del gremio de los abogados desde noviembre pasado.

Por eso, a inicios de la semana, de forma telemática, los consejeros reabrieron un asunto que hace meses los viene incomodando. Según relatan varias fuentes consultadas para este reportaje, el tema fue puesto sobre la mesa con mayor énfasis por parte de los ocho consejeros -de un total de 19-, cuyas sensibilidades políticas son distintas a la derecha.

De ese lado, pese a que no estaban todos presentes, se ubican consejeros como Luis Alberto Aninat, del mundo cercano a la DC; Matías Insunza, Elisa Walker, Cristián Maturana y Mónica van der Schraft, de Libertades Públicas; Rafael Ferrada, del PS; Francys Foix, del Frente Amplio, y Macarena Carvallo, del PR.

“Tenemos que apurar la causa disciplinaria”, fue lo que plantearon varios consejeros. La petición apunta al segundo proceso ético que abrió el Colegio de Abogados contra el penalista Hermosilla. Esta causa se inició el 11 de abril de este año y lo hizo como denunciante el presidente de la entidad, Pedro Pablo Vergara. Esta segunda indagatoria tuvo que abrirse como resultado de una larga frustración.

La primera investigación ética iniciada de oficio en noviembre de 2023 contra Hermosilla, por el entonces presidente Ramiro Mendoza, no pudo avanzar. Dos meses después, el instructor Sebastián Rivas propuso a la vicepresidenta del gremio, María Soledad Recabarren, suspender la indagatoria. El instructor simplemente obedeció la regla que está en el artículo 18 del reglamento disciplinario que data de 2016. La norma establece que se “decretará la suspensión cuando existan antecedentes de que el reclamado ha sido denunciado o querellado y se ha originado causa criminal por los mismos hechos que se ventilan en sede ética”.

Recabarren dio curso a la solicitud y en enero de este año la causa quedó paralizada. De esta forma, el primer golpe que hacían los abogados ante los graves hechos que se desnudaban en el audio filtrado quedó en el limbo.

Desde afuera solo llegaron críticas. Los colegiados no entendían por qué no se sancionaba a Hermosilla. El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, reprochó un “enmudecimiento” del gremio y la exconsejera y senadora Paulina Vodanovic (PS) acusó un “silencio cómplice”.

Por eso, la segunda causa que logró abrir Vergara fue una jugada estratégica. El Colegio de Abogados estaba inmerso en un obstáculo insalvable impuesto por sus propias normas. La solución fue denunciar otros hechos, distintos a los que se escuchan en el audio. Su petición se basó en la influencia indebida en nombramientos judiciales, algo ajeno a la causa que lleva la Fiscalía y que tiene a Hermosilla imputado por cohecho, soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

Han pasado seis meses de investigación, el segundo proceso sigue sin avances significativos y ahora viene una única prórroga por tres meses más. Eso fue lo que motivó que en la sesión del lunes los consejeros pidieran celeridad.

Por eso, en la sesión todos concluyeron que ameritaba apretar el acelerador. Así, los consejeros oficialistas presentes -sector que agrupa a los abogados ligados a la derecha como Vergara, Recabarren, Mendoza, Tatiana Vargas, Rodrigo Ochagavía, Loreto Reid, Gabriel Zaliasnik, Paulo Montt, Enrique Navarro, Marcela Achurra y Andrea Saffie- dieron el acuerdo para apurar las diligencias investigativas. Todo con el objetivo de que, ojalá a fin de año, se formulen cargos y se instale el Tribunal de Ética. Además, se le encomendó a la comisión de ética estudiar una reforma al reglamento, con el objetivo de eliminar el artículo 18 o al menos hacerlo menos taxativo.

Si bien los consejeros evitan hablar de que en el consejo hay “diferencias” y recalcan que los debates se dan con “cordialidad y franqueza”, lo cierto es que cada paso que ha dado el Colegio de Abogados en este caso ha estado marcado por un soterrado tironeo interno entre la facción oficialista y la opositora.

Lo primero que despejan los consejeros es que respecto de los hechos que se dicen en el audio, la condena es absoluta y no hay voces disidentes. “Ha existido un rechazo unánime de los consejeros a conductas reñidas con el ejercicio ético de la profesión”, dice Navarro. Así quedó demostrado en los tres comunicados públicos que se han emitido hasta la fecha: uno en marzo, otro en agosto y el último en septiembre.

La tensión se produce porque la facción disidente constantemente empuja para ir un paso más allá, pero nuevamente las normas y la institucionalidad del Colegio de Abogados han sido más fuertes. “En algunas opiniones han primado más los matices que la respuesta categórica frente a la gravedad de los hechos. Se necesita dar una demostración clara y contundente de que esta no es la forma en que se ejerce la profesión. Frente a situaciones complejas, tus matices hacen que tu posición parezca débil”, admite Insunza.

El mayor impedimento para decir algo más enfático es que cada uno de ellos es un eventual candidato para integrar los tres cupos que le corresponden al consejo en el Tribunal de Ética. Por lo tanto, cada declaración ha estado redactada con la cautela quirúrgica de no emitir juicios previos. “Hemos reaccionado con prevención, porque todos los consejeros pueden integrar el Tribunal de Ética. Somos muy cuidadosos de no incurrir en una causal de inhabilidad”, reconoce Vergara.

Cuando se han escrito los comunicados, Vergara propone un borrador y sobre eso comienza la negociación. Por la oposición, suelen ser las consejeras Walker y Carvallo las que representan a su sector, y junto con Vergara van afinando línea por línea el contenido del mensaje. Por ejemplo, la minoría del consejo suele hablar del “caso Hermosilla”, pero la mayoría que lidera Vergara lo cambia por “caso Audio”.

Uno de los momentos más álgidos de esta discusión fue cuando debatieron sobre los alcances del secreto profesional. Este tema -impulsado con mayor fuerza por Zaliasnik, quien es cercano a Hermosilla- apunta a lo que algunos consejeros del sector oficialista consideran que ha sido un actuar sin control por parte del Ministerio Público. Si bien la discusión ha sido sobre todo doctrinaria -respecto de qué cubre o no el secreto-, consejeros de la oposición interpretan que lo que hay detrás es un reproche al modo en que la Fiscalía ha hecho uso del informe de extracción del celular de Hermosilla.

Para varios consejeros, el Ministerio Público no puede hurgar en todo lo que quiera, sino que solo en aquello para lo cual fue autorizado cuando el tribunal accedió a la orden de allanamiento. A eso se suma la insistencia de algunos consejeros vinculados a la derecha, por lo que acusan han sido filtraciones del Ministerio Público. De hecho, fuentes del consejo cuentan que el último comunicado traía un párrafo muy duro contra la Fiscalía, acusándola de filtración de antecedentes reservados. Eso fue atajado por el otro sector y finalmente se dejó fuera de la versión final. Pese a esta discusión, el acuerdo mínimo al que han llegado es que el secreto profesional no puede amparar la comisión de delitos.

La molestia del sector opositor del consejo también ha escalado hasta Vergara. El presidente es reconocido por todos como un líder con un estilo opuesto a Mendoza, que sabe conciliar y que intenta ser un puente entre ambos sectores. Aún así, la izquierda del gremio no está conforme con sus vocerías. “En el Colegio conviven diversas visiones. Si bien las declaraciones han sido claras en condenar la gravedad ética de los antecedentes, creemos que las vocerías han sido insuficientes, pues explicar en poco tiempo un tema tan complejo es difícil. Debemos ser más claros, ya que no hay nadie quien defienda o justifique lo que se ha conocido del actuar del abogado Hermosilla”, admite Carvallo.

El último hecho que generó malestar fue la entrevista que dio Vergara en Tele13 Radio el 11 de septiembre pasado. En una parte de la conversación habló sobre la ilicitud de la prueba, ya que toda la indagatoria se basa en una conversación grabada sin consentimiento, es decir, en un delito. Algunos consejeros no se guardaron su molestia. “Esta posición no representa a todos los consejeros del Colegio de Abogados y no está basada en las decisiones del consejo”, publicó Ferrada en su cuenta de X.

Ese mismo día los opositores pidieron citar a un consejo extraordinario. Vergara accedió y ahí le hicieron ver que no correspondía que se sugiriera que la opinión del gremio era que el audio es prueba ilícita. Más aún cuando esa es la teoría del caso de la defensa del imputado. Vergara escuchó y aclaró sus dichos. “Solo hice referencia a una discusión de carácter de técnica procesal y nada más. No es un acuerdo del consejo respecto de que el audio no tenga valor probatorio. Solo di mi parecer y mi parecer es que esto es un tema discutible”, explica Vergara.

El líder del organismo defiende el actuar del gremio y dice que las críticas son injustas: “La injusticia proviene porque no hemos comunicado tan universalmente todos los acuerdos, es difícil hacerlo con la necesaria prudencia. Hay gente que con visiones muy aceptables estiman que se debe proceder con mayor rapidez, pero la justicia nunca es rápida, siempre es lenta, porque requiere conocer todos los antecedentes, analizarlos y conforme a eso dictar una sentencia que luego pueda ser revisada. Todo eso toma tiempo. No veo mucha solución a eso, porque la justicia acelerada, la justicia tomada de modo instantáneo siempre es de muy mala calidad”.

Las disputas por cómo debe reaccionar el Colegio de Abogados están cruzadas por una pelea aún más grande. Para los consejeros disidentes, el caso Audio era el gran momento para sacar la voz por el control ético de la profesión y atraer a las nuevas generaciones de profesionales en el contexto de un padrón que envejece y una institución en declive, que apenas se financia con los inmuebles que ha ido vendiendo.

Así lo creen consejeros como Insunza. “Debemos volver a los orígenes históricos de nuestra tradición republicana cuando los abogados estábamos bajo una sola estructura, sometidos a un mismo control deontológico efectuado por pares”, explica Insunza. El consejero luego añade: “Hemos perdido una oportunidad y espero que aún no sea tarde para cautivar a las nuevas generaciones y decirles que este es el momento de demostrar que el Colegio tiene un rol esencial en la vida pública”.

Esa concepción tiene disidentes. Hay consejeros que creen que en la actualidad no tiene sentido “seguir anclados” en la colegiatura obligatoria para fomentar la adhesión al gremio. Eso, cuentan algunos, es pensar que el gremio es lo que fue en tiempos de la presidencia de Alejandro Silva Bascuñán (1964-1974). Algo muy diferente a lo que es en la actualidad, con la profesión de abogado vista como un commodity, mientras solo unos pocos ejercen en tribunales, la minoría es parte de grandes estudios y dentro de ellos suelen ver su filiación al Colegio como un requisito de reconocimiento para clientes extranjeros o formar parte del ranking internacional Chambers and Partners.

Esa es la razón por la cual los consejeros opositores se aferran al acuerdo que tomó el consejo el 10 mayo de 2021 en el marco del primer proceso constitucional. Esa vez se le pidió a la Convención que eliminara “la actual prohibición y apruebe una norma que permita al legislador establecer y regular la afiliación obligatoria a un colegio profesional como condición previa para ejercer ciertas profesiones”. El único disidente fue el exconsejero Florencio Bernales, quien estimó que un acuerdo así atentaba contra la libertad de asociación.

El problema radica en que han pasado tres años, se renovó gran parte del órgano y los consejeros oficialistas desconocen el acuerdo. De hecho, ni el expresidente Mendoza ni el actual presidente están de acuerdo con el punto. “No existe un pronunciamiento del Colegio respecto de la necesidad de la colegiatura obligatoria única”, aclara Vergara.

La minoría del consejo sabe que insistir en el punto no vale la pena, que las diferencias son insalvables y, por lo tanto, nuevamente, optaron por una salida estratégica. Si bien la demanda por una colegiatura obligatoria se guardó en el cajón, el gremio ha unido sus fuerzas de forma unánime para solicitar una jurisdicción ética única y universal, es decir, que colegiados y no colegiados sean juzgados por una misma instancia. “Se ha insistido en la necesidad de reforzar el control ético de la profesión y sancionar toda conducta en la que se infrinja el Código de Ética profesional, que resulta aplicable incluso a no colegiados, como lo ha señalado la propia Corte Suprema”, afirma Navarro.

Por eso, el Colegio trabajó en una propuesta de reforma constitucional para volver al control ético universal, la que fue eliminada por la dictadura en 1981. Esa reforma, incluso, se le presentó esta semana en una reunión al ministro Segpres Álvaro Elizalde (PS). También el gremio ha firmado convenios con universidades para que se imparta el ramo de ética y se ha reunido con los centros de estudiantes de facultades de Derecho.

Pese al “rol activo” que dicen que ha tenido el gremio, las críticas abundan. La prueba de fuego estará a fin de año, cuando se formulen cargos contra Hermosilla. De hecho, ya son varios los que estiman que cuando se instale el tribunal y se dicte sentencia se debe aplicar la sanción más grave: la expulsión. “La ética se defiende con acción y compromiso, no con pasividad e indiferencia”, concluye Carvallo.