“Cómo vamos a hacer una ley así”, “el Ejecutivo no va a permitir eso”: Tohá eleva el tono en la Cámara por “autotutelaje” en Ley de Usurpaciones

La Cámara de Diputados realizó la mañana de este miércoles una nueva sesión de Sala, en la que, entre otras iniciativas, se discutió la moción que regula el delito de ocupaciones ilegales, conocida como Ley de Usurpaciones.

El texto -una moción del Senado, cuyos autores son Felipe Kast, Marcela Sabat y Ena Von Baer- busca modificar las sanciones del delito de usurpación de propiedades, para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio todas las ocupaciones ilegales, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito. Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado.

Y, además, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.

En la Sala estuvo presente este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien le solicitó la palabra a Daniella Cicardini, segunda vicepresidenta de la Corporación, que oficiaba de presidenta en la ocasión.

Tras escuchar el debate de los congresistas -en ese momento había solo 34 diputados de los 155 que componen la Cámara-, la jefa de Interior intervino y elevó el tono, debido a ciertas disposiciones incorporadas a la iniciativa.

Es que, si bien esta moción contaba inicialmente con el visto bueno de La Moneda, las modificaciones que sufrió en el trámite legislativo, especialmente en la Comisión de Seguridad de la Cámara, terminaron alterando la disposición del oficialismo.

“En este debate se han mezclado unas con otras sin avanzar, sin diferenciar las problemáticas que tenemos frente a nosotros”, partió diciendo Tohá en el hemiciclo.

“Es una usurpación cuando un grupo de familias ocupa un terreno para una solución de vivienda, es usurpación cuando un grupo de personas en una playa se apodera de un terreno para tener una segunda vivienda, es usurpación cuando inescrupulosos organizan a grupos de personas y entregan falsos títulos”, detalló la ministra, sobre las situaciones que son catalogadas como ocupación ilegal.

Tohá reconoció que “la ley como está ahora no funciona”, y apuntó a que “tenemos que discutir una modificación que se haga cargo”. Pero recalcó que “no lo vamos a resolver haciendo laxa la Ley de Usurpaciones”.

En concreto, la jefa de Interior se refería a una disposición -que incorporó la oposición- de “legítima defensa privilegiada”, que permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia” -describen en el Ejecutivo- terrenos ocupados. Lo que ha sido denominado como “autotutelaje”.

Esta figura, conjugada con el principio de “flagrancia permanente” (es decir, mientras el predio esté tomado se sigue cometiendo el delito y la policía o los propietarios civiles pueden intervenir en cualquier momento) generaría -a juicio de La Moneda- un escenario de mayor violencia.

“Cómo vamos a hacer una ley así”, “el Ejecutivo no va a permitir eso”, fueron dos frases que Tohá pronunció en tono alto en la Sala.

Es que, a juicio de la secretaria de Estado, el “autotutelaje” podría derivar en que dueños de espacios o viviendas que han sido tomadas “puedan contratar a unos tipos que vayan a pelear cuerpo a cuerpo por el terreno”, entre otras eventuales situaciones de violencia.

En esa misma línea, la ministra destacó que la moción también iguala a pobladores que viven en campamentos por necesidad de vivienda, con grupos organizados que hacen “loteos brujos”, otro punto que es desechado por el Ejecutivo.

De todas maneras, Tohá enfatizó la importancia de mejorar la ley, “que permita evitar la proliferación de tomas”, y agregó que “es importante que ante un desalojo haya una detención, pero nadie se va a ir preso por esto, porque la penas son bajas”.

Al final de su intervención en el hemiciclo, la jefa de Interior además confirmó que el Ejecutivo le quitó urgencia a la iniciativa que regula el delito de ocupaciones ilegales, por lo que vuelve a segundo trámite a la Comisión de Seguridad.

Este lunes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ya se había referido a los reparos del Ejecutivo a las modificaciones que sufrió el proyecto.

“Tenemos una sola posición sobre esto, desde el primer momento dijimos que sí debe haber una ley de usurpaciones, pero no un autotutelaje, en eso también tenemos que ser capaces de diferenciar”, dijo en su vocería.

“El autotutelaje es algo que se incorporó al trámite legislativo, que es una aberración jurídica, nos va a llevar a un escenario de mayor violencia, porque es básicamente que cada uno tome la justicia por sus manos y eso en una sociedad democrática que tiene separación de poderes, un ordenamiento jurídico, es la antesala a que el día de mañana podamos exigir esos mismos estándares, esas mismas normas, en otros procedimientos, y vamos a crear básicamente la ley de la selva”, recalcó.