Decapitado en cárcel de Concepción abre cuestionamientos al gobierno por seguridad penitenciaria

Dos horas después de que se confirmó la muerte de Vincent González Aguirre (27), en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Biobío tras haber sido atacado por otro interno que lo decapitó, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se contactó por teléfono con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, para darle una instrucción expresa: que explicara en La Moneda las circunstancias del infortunado hecho y las medidas que su repartición tomaría.

El gesto de la ministra da cuenta de la preocupación del gobierno pues el cruento asesinato reabrió la discusión sobre la seguridad de los penales del país. Y ocurrió justo un día después de que el ministro Gajardo este fin de semana señaló en entrevista en El Mercurio que Gendarmería “tiene en control efectivo de todas las cárceles a nivel nacional” y que “en nuestro país no ocurren cosas que suceden en países vecinos”.

La presunción fundada del gobierno era que el asunto sería inmediatamente utilizado por la oposición para lanzar dardos al gobierno. A esa hora ya salían las primeras declaraciones de parlamentarios del sector recordando los dichos del ministro y emplazando al Ejecutivo.

“Gracias a todos. Principalmente, tal como lo anunció la ministra Vallejo en su vocería, me han pedido que pueda entregar antecedentes respecto al lamentable y grave suceso que ocurrió en la cárcel de Biobío”, reconoció Gajardo desde un punto de prensa en La Moneda.

El ministro enseguida complementó la información difundida previamente a través de un comunicado de Gendarmería que explicó las circunstancias del asesinato ocurrido en el módulo 42 del penal ubicado en Concepción a manos del compañero de celda de la víctima, Diego Valdés San Martín, de 41 años, quien según la información preliminar habría realizado un ritual satánico.

Gajardo recalcó que nunca se había registrado una situación de estas características en los penales nacionales e informó que instruyó que el subsecretario del ramo, Ernesto Muñoz, y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, se constituyeran en la zona este mismo lunes en la tarde para que “vean en terreno las condiciones en que se encontraban estas personas y además recaben toda la información para tomar medidas rápidas, urgentes y que sean contundentes para evitar este tipo de situaciones. Este es un hecho grave y estamos tomando las medidas”.

Frente a los cuestionamientos, el secretario recalcó: “Nuestra institucionalidad controla los recintos penales. Gendarmería puede entrar a cualquier establecimiento penal, no hay ningún recinto que se encuentre en manos de los internos (...) Sin embargo, ocurren situaciones como las que estamos viviendo y, por lo mismo, es tan relevante que inmediatamente tomemos medidas oportunas”.

Quienes conocen de las gestiones desplegadas por Justicia advierten que el hecho fue considerado de tal gravedad que incluso, apenas se enteraron de todo, se pidió a Urra que suspendiera los días libres que lo mantenían fuera del puesto y retomara inmediatamente sus labores.

“Un día después que el ministro de Justicia afirma que tiene el control de las cárceles en el país, un reo es decapitado en la cárcel de Concepción. #GobiernoIncompetente”, escribió José Antonio Kast en X.

A esas palabras también se sumó el diputado de Partido Republicano Cristián Araya, quien indicó que “este hecho no solo expone la brutalidad que reina al interior de los recintos penitenciarios, sino también la incapacidad del gobierno para manejar temas críticos como el sistema penitenciario”.

“Advertimos que Gendarmería debía estar bajo el Ministerio de Seguridad e Inteligencia, pero Carolina Tohá lo ignoró. Ahora, Luis Cordero, exministro de Justicia, corresponsable de este desastre, es visto como futuro ministro de Seguridad ¡Inaceptable!”, complementó el parlamentario.

Camila Flores, presidenta de la Comisión de Defensa, apuntó a que “le hemos dicho al gobierno en todos los tonos que es importante avanzar con el fortalecimiento en Gendarmería. Necesitamos que el personal de Gendarmería no solamente pueda tener el control de manera efectiva y eficiente dentro de las cárceles. No puede estar dentro de las cárceles con otra población penal que pueda generar situaciones como las que estamos viendo en la actualidad con un decapitado dentro de un propio recinto penal”.

En la misma línea se pronunció el senador Matías Walker (Demócratas), quien exigió que el gobierno apoye el proyecto de cumplimiento diferenciado de penas, segregando en las cárceles a los miembros del narcotráfico.

Tras ser notificado de lo ocurrido, Gajardo mantuvo contacto permanente con el subsecretario Muñoz y el alto mando de Gendarmería. Siguió de cerca, comentan desde el gobierno, el despliegue en la zona y la inspección que había instruido.

En terreno, el subsecretario Muñoz recalcó que la institución comandada por Urra mantiene el control y que los recintos no están a merced de delincuentes. “Esto, al parecer, no se trataría de nada vinculado al crimen organizado, sino que sería, siendo esto aún materia de la investigación, una materia más vinculada a la salud mental de quien materializó los hechos”, dijo.

“He podido confirmar que el control de esta cárcel, y el control de todas las cárceles del territorio nacional, es completo y absoluto”, remarcó el subsecretario.

Confirmó, igualmente, que por instrucción de la dirección regional de Gendarmería se dispuso la apertura de un sumario para evaluar si se respetaron los protocolos. Esto, además de la investigación que mantiene la Fiscalía del Biobío. Junto con esto, el subsecretario detalló que pidió a Sebastián Urra que revise e informe de los sistemas dispuestos a nivel nacional sobre personas que mantengan antecedentes psiquiátricos y cómo se ha procedido en este y en otros casos.

Todos esos antecedentes, de acuerdo con quienes conocen de las medidas adoptadas, serán analizados en una reunión que liderará la jornada de este martes 10 de diciembre Gajardo en dependencias del Ministerio, y donde están convocados tanto Muñoz como Urra.