Democracia Viva: Catalina Pérez aborda costos políticos y afirma que “el gobierno actuó bien en este caso”

A casi un año y medio del estallido del caso Democracia Viva y a poco más de una semana de tener que enfrentar un solicitud de desafuero en su contra, la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio) conversó con La Tercera sobre las repercusiones que, hasta el día de hoy, continúa teniendo este mediático caso.

“Soy muy consciente de que los costos políticos de esta gran crisis no los asumí solo yo, sino que también mi coalición, mi partido y el gobierno”, admitió la parlamentaria, hoy investigada por tres delitos de fraude al Fisco.

“Es algo que a uno no le hubiese gustado que ocurriera. Uno siempre quiere que el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric avance sin dificultades. Sin embargo, me parece que el gobierno actuó bien en este caso, poniéndose a disposición de la investigación”, agregó Pérez.

Estas declaraciones se dan luego de la filtración de chats de la carpeta investigativa de Pérez por el caso que la vincula a la firma de millonarios convenios hacia la fundación Democracia Viva, presidida por la -en ese entonces- pareja de la diputada, Daniel Andrade.

En dichas conversaciones quedaría en evidencia que Pérez habría estado al tanto de la entrega de los convenios a la fundación. Asimismo, en ellas se confirmaría que la diputada sostuvo una conversación con el jefe del Segundo Piso Miguel Crispi sobre el tema previo al estallido del caso, hecho que había sido negado por la parlamentaria en ocasiones anteriores.

Respecto a los nuevos antecedentes dados a conocer en la filtración de los chats y que vincularían a Pérez con algunas decisiones administrativas dentro de la fundación, esta reconoció haber “tomado decisiones de manera muy imprudente, buscando proteger a mi expareja de una crisis comunicacional”.

De igual manera, en relación a la conversación con Crispi, argumentó que “toda la comunicación oficial que yo busqué tener con el gobierno, a quien yo busqué informar respecto de la situación, fue a la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas”.

En ese contexto, aseguró que el diálogo con Crispi se trató de “un encuentro informal que tuve con el jefe del Segundo Piso, a propósito de otro tema, dentro del marco del oficialismo, eso ocurrió una vez que él ya conocía del caso y donde no hubo más intercambio que su opinión respecto de que este tema debía ser investigado a fondo”.

Otro de los protagonistas de estos hechos es el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, quien es el único de los imputados por el caso Democracia Viva que se encuentra en prisión preventiva.

Desde el Complejo Penitenciario de Antofagasta, y en conversación con El Mercurio, Contreras alegó su inocencia, y se refirió a la reciente filtración de las conversaciones del celular de la diputada Pérez.

Respecto a su acusación por fraude al fisco tras firmar el traspaso de más de $400 millones a Democracia Viva y a otras fundaciones, Contreras argumentó que sus acciones como seremi se limitaban a la celebración del convenio y a la firma del traspaso de los recursos.

“Aquí hay nombres que la Fiscalía ha pasado por alto. Por ejemplo, la funcionaria Yasna Contreras, que lleva más de 10 años trabajando en el Serviu y que es una de las autoridades que tienen que intervenir en el proceso de la designación de las fundaciones”, apuntó la exautoridad.

Asimismo, señaló el nombre de Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien “a la fecha de los hechos ostentaba el cargo de secretaria ejecutiva del Programa de Campamentos, en que ella también tiene un rol en la manera en que se eligen las fundaciones”.

Contreras explicó que es el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) el organismo encargado de seleccionar a las fundaciones, por ende, ahí se debería investigar la responsabilidad, sin embargo acusó que “aquí se quiere cortar el hilo por lo más delgado y soy yo”.

Por otro lado, en relación a las conversación filtradas de Pérez, las calificó de “bastante desafortunadas” e indicó que estas son parte de una coordinación comunicacional previa al estallido del caso, la cual, según asegura, “fue liderada por el senador Juan Ignacio Latorre, con su rol de presidente de la Revolución Democrática (RD)”.