Diputadas socialcristianas e independientes anuncian acusación contra Montes y dejan a la derecha en una encrucijada

Solo diez firmas de diputados se necesitan para iniciar un nuevo juicio constitucional en contra de un ministro del Presidente Gabriel Boric.

Con esa meta en mente, un grupo de legisladoras del Partido Social Cristiano (PSC), con la venía de algunas parlamentarias independientes de oposición, anunciaron que la próxima semana pretenden presentar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), a raíz de su responsabilidad política en los traspasos irregulares de recursos fiscales a fundaciones ligadas a grupos partidarios, principalmente de Revolución Democrática.

“Estamos acá porque creemos que Chile no soporta más actos de corrupción”, dijo la diputada Sara Concha, en representación de la bancada del Partido Social Cristiano.

“Vamos a anunciar una acusación constitucional anticorrupción... es importante levantar la voz por todos aquellos chilenos con los cuales se ha jugado el sueño de la casa propia, donde aquellos recursos que podrían ser para cumplir el sueño de muchos chilenos han sido destinados a las fundaciones de los amigos del Presidente”, apuntó la congresista, quien estaba acompañada de sus pares Francesca Muñoz (PSC) y las independientes Gloria Naveillán y Yovana Ahumada. Al final del punto se prensa se plegó el diputado Roberto Arroyo (PSC).

La acción sorprendió no solo al oficialismo y a la oposición, también a integrantes de la propia bancada socialcristiana-independiente, en la que Concha participa.

Por lo tanto, por ahora, la presentación en contra de Montes necesita de la adhesión de otros cinco diputados más, que al menos hasta ayer aún no estaban asegurados.

Esta no es la primera que vez que las diputadas Concha y Muñoz realizan una jugada sin coordinarse con los otros comités opositores, donde si bien creen que hay méritos para acusar a Montes, hay dudas de la oportunidad política, básicamente por el proceso electoral en curso para dirimir la ratificación o el rechazo de una nueva Constitución. Además, algunos dirigentes opositores han hecho ver ciertas consideraciones personales con el ministro de Vivienda.

En junio pasado, las mismas legisladoras cristianas impulsaron un libelo acusatorio en contra del entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), debido a los programas de enseñanza en materia afectivo sexual, Si bien entonces la mayoría de los partidos de oposición estaba reticente, finalmente se terminaron plegando en la medida que se fueron sumando más capítulos y causales para la acusación.

Ello, sin embargo, no fue suficiente, Y al final, el libelo se rechazó por desmarques en las propias bancadas de derecha, transformándose en una nueva derrota del bloque. Hasta la fecha, las cuatro presentaciones que ha promovido la oposición contra los ministros de Boric (Izkia Siches, Marcela Ríos, Giorgio Jackson y Ávila) han sido rechazadas en la Cámara, lo que ha derivado en recriminaciones y tensiones dentro de la propia derecha. También hubo un intento de acusar por segunda vez a Jackson, pero esa ofensiva se desactivó tras la renuncia del exministro de Desarrollo Social.

En la oposición creen que el escenario no es muy distinto al de las fallidas presentaciones anteriores. Sin embargo, el problema para el bloque opositor es que, si las diputadas evangélicas e independientes logran reunir las diez firmas, obligarán a las bancadas de derecha a tomar posición.

Por lo general, los libelos acusatorios siempre parten con poco respaldo político, pero con la presión mediática y social, estas acciones suelen tomar vuelo propio. Además, defender al ministro Montes en medio de un proceso electoral en ciernes es igualmente incómodo para un diputado que no es parte de la alianza gubernamental.

De hecho, en los próximos días, la comisión investigadora de la Cámara, que indagó sobre los traspasos de dineros a fundaciones, emitirá un informe que entre sus conclusiones podría hacer una dura recriminación a Montes y a otras autoridades gubernamentales, como el jefe de asesores de la Presidencia de la República y exsubsecretario, Miguel Crispi (RD) y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez

A juicio del jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, “la responsabilidad política, en su momento veremos cómo las hacemos valer, pero presentar una acusación constitucional hoy podría dar la errada señal de que estamos buscando favorecer a alguna de las opciones del plebiscito”.

Pese a ello, Ramírez remarcó que su partido “no va a apoyar la acusación constitucional y la UDI no va a prestar ninguna firma”, ya que prefieren seguir el camino de la persecución penal en tribunales.

El diputado Agustín Romero, jefe de bancada del Partido Republicano, dijo que “hemos dicho que vamos a estudiar los antecedentes”. “Ahora, yo quiero ser bien claro, aquí no es mejor el que llega primero, sino que lo importante es que los antecedentes tengan mérito para llegar a un buen resultado”. “En este instante, yo creo que Chile está viendo cómo secuestran y asesinan chilenos y están más preocupados de otros temas. Lo que sí, y ya lo dije, este gobierno no va a sacarlo gratis respecto a estos actos de corrupción”.

El diputado Francisco Undurraga, quien lidera el comité de Evópoli, señaló que “nosotros no estamos en este instante por acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda. Nosotros creemos que, en primer lugar, desde la sede política tenemos que esperar el informe de la comisión investigadora”.

Igual de cauteloso se mostró el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN. “Vamos a esperar los resultados de la comisión investigadora y no descartamos ninguna medida, en la medida que tengamos todos los antecedentes en la mano y no improvisemos una acusación constitucional que finalmente pueda terminar enrareciendo el ambiente y siendo injusto con quienes hoy día puedan no tener responsabilidad”.