Un grupo de pensionados por el sistema de renta vitalicia está preparando un recurso de protección contra el Presidente Sebastián Piñera y el Congreso por el segundo retiro de rentas vitalicias. A esto se suma que el abogado Cristóbal Eyzaguirre, de Claro y Cia, escribió una columna en El Mercurio donde señaló que hay “herramientas para hacer efectiva la responsabilidad personal de los parlamentarios que aprueben el proyecto”. Y explicó que una de ellas es una acción de indemnización de perjuicios por los daños causados a todos los afectados.

A raíz de ello, parlamentarios opositores reaccionaron este miércoles. En particular, desde la Cámara de Diputados. En un punto de prensa realizado por los diputados Alejandra Sepúlveda (FRVS), René Saffirio (Ind), Leonardo Soto (PS) y Raúl Soto (Ind), acusaron que hubo “chantaje” y “amenazas”.

La diputada Sepúlveda dijo que no están disponibles para “acciones matonescas y antidemocráticas”. Agregó que “es impresentable el chantaje y la amenaza que nos hacen los abogados de las aseguradoras para que rechacemos el retiro de rentas vitalicias”.

Por su parte, el diputado Raúl Soto sostuvo que “no vamos a aceptar ningún tipo de presión, no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje, y este es un mensaje para las aseguradoras, sus abogados, sus lobbistas”. Allí señaló que están dispuestos a reponer esta iniciativa si no prospera en el Senado.

Además, Sepúlveda indicó que van a llamar a reunión de comités para pedir un pronunciamiento de la Cámara de Diputados, y “del Secretario General, que ya está en conocimiento de esto, porque esto es absolutamente inaceptable”.

En todo caso, ya hubo pronunciamiento al menos del presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), pues en Emol TV dijo que solicitó dos informes en derecho para ver qué escenario jurídico enfrentan los diputados que han impulsado el segundo retiro de rentas vitalicias. Puntualizó que los informes podrían estar en 15 días.

Allí Paulsen comentó que “hoy tiendo a pensar en que nosotros no tenemos responsabilidad respecto a los actos que cometemos dentro de la Cámara y por eso yo siempre he dicho que hay que hacer una reforma que permita (zanjar) que sí tenemos responsabilidad, pero creo que hoy no caería ninguna responsabilidad por los actos que estamos cometiendo”.

El diputado Karim Bianchi (Ind) dijo que “estamos en plena facultad de nuestras funciones, por tanto, si es que lo presentan, deberá ser determinado por los tribunales. No tengo ningún resquemor de que cada quien ejerza sus acciones”.

Por su parte, el diputado Saffirio afirmó que “ninguna amenaza de ningún poder económico, de ninguna naturaleza, va a poder producir el efecto de desistir de la voluntad de que este proyecto se apruebe en el Senado en su integridad”.

La polémica incluso llegó al Senado. El mismo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, se refirió el martes a la columna de opinión, en el marco de la argumentación de su votación en general de la iniciativa, y la calificó como una “amenaza”. Allí dijo que “es parte de la campaña del terror que están tratando de instalar algunos”.

En todo caso, en el Senado buscarán hacer cambios al retiro en rentas vitalicias. El mismo senador Araya lo plantea así: “No se puede aprobar como salió de la Camara. Estoy preparando una fórmula” para hacer cambios.

Consultado respecto de si presentará indicaciones para que sea como el primer retiro en rentas vitalicias, Araya dijo que sería “algo similar, con algunas precisiones adicionales”. Y agregó que “este es el tema más complejo a resolver, ya que no ha sido posible construir un punto medio”.

Con 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Comisión Investigadora de AFP (CEI 58) aprobó el informe y conclusiones presentado por el presidente de dicha instancia, el diputado PPD, Rodrigo González, donde se hace un análisis del sistema de las AFP desde su creación en 1981 hasta la fecha, determinando una serie de acciones inmediatas y futuras para el mejoramiento del sistema de pensiones que deberán ser ratificadas por el pleno de la Cámara de Diputados.

“El sistema de AFP no ha cumplido cabalmente su misión, no ha entregado las pensiones que se prometieron el año 1981 cuando se creó el Decreto Ley 3.500 que regula el sistema. Ha fracasado en la entrega de buenas pensiones, y se han enriquecido con US$183 mil millones que han ido a parar en manos de 8 a 10 grandes grupos económicos, especialmente las aseguradoras de fondos de pensiones que hoy día se quejan, ellos son los que más se han enriquecido, cuatro grupos de aseguradoras que han acumulado US$12 mil millones desde el inicio del sistema”, aseguró el diputado Rodrigo González.

Para González, una de las principales conclusiones “es la poca fiscalización, donde los reguladores se han convertidos en regulados por los privados”, indicó en un comunicado.

“Se ha determinado que el enriquecimiento a través de las comisiones, comisiones fantasmas, rentabilidad ha sido el mayor de todo el mercado, y a pesar de ello el Fisco ha pagado el mayor costo, ya que con fondos públicos se han subsidiado las pensiones, mientras los órganos fiscalizadores no han cumplido con su cometido”, señaló.