El otro flanco que amenaza a ministra Vivanco: oficialismo anuncia acusación constitucional para destituirla de la Suprema

Un flanco anexo abrieron para la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, las revelaciones sobre favores mutuos con Luis Hermosilla, los que quedaron estampados en los chats del penalista. Ad portas de la vista de su situación en el pleno del máximo tribunal de hoy (en el que no estará presente por un permiso previo), la bancada del Partido Socialista; los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini -ambos querellantes en el caso Audio y militantes PS- y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), anunciaron que presentarán una acusación constitucional en su contra para destituirla del cargo.

La acción -que requiere el respaldo de al menos 10 diputados y que está por ahora circunscrita al oficialismo-, empieza este lunes la etapa de estudio y recopilación de antecedentes.

El primer registro a nivel de chat entre Vivanco y Hermosilla -quien se encuentra en prisión preventiva acusado de delitos tributarios, soborno y lavado de activos por el denominado caso Audio- se sitúa en marzo de 2018, fecha en que la abogada le habría solicitado apoyo para llegar a la Corte Suprema, cuando el penalista era asesor del ministro Andrés Chadwick, en Interior.

Sin embargo,, según el intercambio develado por Ciper, los contactos no fueron solo para eso. En el celular del abogado hay evidencias de que la magistrada actuó junto a él para impulsar candidaturas a la Corte Suprema -como las de María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Raúl Mera- y bloquear otras, como las de María Soledad Melo y José Guzmán Dálbora.

“El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley”, sentenció el subsecretario Manuel Monsalve, este domingo, marcando con ello la postura de La Moneda. Mientras -desde el Congreso- fueron tomando fuerza las articulaciones para la acusación constitucional.

“Se trata de hechos de una extrema gravedad. Acá no solo hay tráfico de influencias para llegar a un cargo, sino que estamos en presencia de una manipulación de la justicia. Y eso pone en jaque la confianza y la credibilidad de nuestro sistema de justicia y de nuestro sistema democrático”, dijo Manouchehri, quien -frente a la decisión de la derecha, que aún no toma postura- enfatizó que “esto no se trata de jueces de izquierda versus los jueces de derecha; aquí se trata de los jueces corruptos versus los jueces honestos. Y esperamos que la derecha logre comprender que aquí están en juego los estándares de probidad”.

La gravedad de los antecedentes son los que dan piso a esta acción, a juicio de la diputada Cicardini, pues los hechos denunciados -sostiene- “dan cuenta de la profundidad de la infección del virus de Hermosilla en un poder tan fundamental como es el Poder Judicial y ameritan totalmente el estudio del impulso de una acusación constitucional”.

Otra de las querellantes -en una arista ligada al caso Audio-, la diputada independiente Camila Musante, también estimó oportuna la presentación de una acusación constitucional, e hizo ver que, aparte de los hechos que la ligan a Hermosilla, hay otros que podrían haber comprometido la manera en la que la ministra Vivanco dictaba las sentencias.

“Vamos a llegar hasta el final de las consecuencias, porque estamos hablando de delitos”, afirmó, al advertir que “este caiga quien caiga tiene que involucrar con nombre y apellido a los ministros (de la Suprema)”.

Desde el falangismo se indicó que hay piso para esta incursión. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), quien está en etapa de redacción de una acusación constitucional en contra del juez Jean Pierre Matus, junto a un equipo jurídico, informó que van a evaluar si la presentación contra Vivanco la hacen por separado o en conjunto a la de Matus.

“Lo que hemos conocido en relación a la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco es brutal. Junto a lo de J. P. Matus, en ambos se configuran los antecedentes para una acusación constitucional (AC). La Corte Suprema es para hacer justicia, no negocios. La AC es muy necesaria”, posteó Aedo en la cuenta X de la bancada DC.

Luego aseguró a este medio que la señal dada por el presidente de la Corte Suprema, de citar a un pleno para discutir el tema, da cuenta de la grave situación por la que está atravesando la Corte Suprema y el Poder Judicial. “En esto -sostuvo- deben participar todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento. No hay que hacer de esta situación una guerrilla de izquierdas o de derechas. El foco está en preservar la probidad del Poder Judicial”.

En similar postura está el senador Iván Flores (DC), para quien los últimos antecedentes son extremadamente complejos. “Los chats de Hermosilla y sus secuaces -ahora es una ministra de la Corte Suprema, como la ministra Vivanco-, muestran una crisis sin precedentes por tráfico de influencias en el Poder Judicial. Y espero que el pleno de la Corte Suprema haga lo que tenga que hacer y diga lo que tenga que decir”, señaló.

Por lo pronto, advirtió que no está disponible para entregar ningún voto para nombramientos de jueces o ministros de la Corte Suprema, porque “es asqueroso lo que está pasando”.

Los apoyos a una acusación -en el oficialismo- fueron in crescendo durante el día.

La bancada del PS, a través del diputado Daniel Melo, confirmó que había resuelto presentar la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y que evaluarán si la hacen extensiva al ministro Matus. “Los hechos conocidos de la red de corrupción de Hermosilla -precisó- son gravísimos y dañan la legitimidad del Poder Judicial y nuestro sistema democrático”.

Más enfático aún fue el diputado Marcos Ilabaca (PS), al afirmar que “la señora Vivanco no puede seguir siendo ministra de la Corte Suprema”, y preguntó lo siguiente: “¿En cuántos casos más la señora Vivanco metió mano? ¿En cuántos casos más otros ministros que posiblemente puedan estar relacionados tienen responsabilidad? Esto es de la máxima gravedad y es necesario actuar inmediatamente”.

Desde esa misma tienda, el senador PS, Juan Luis Castro, manifestó que los nuevos antecedentes revelan que “finalmente se han roto las independencias del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque aquí hay un desfonde de la Corte Suprema, al corroborarse que el nombramiento -como el de una ministra determinada, que aparece antes, durante y después de su nombramiento, teniendo una articulación con Hermosilla y con La Moneda- es francamente deplorable”.

A juicio del senador, nunca se había visto una situación tan dramática. “Hoy día -indicó- la institucionalidad se pone en jaque y la Corte Suprema en particular está en una situación de riesgo inminente, de desfonde, frente a la crisis de legitimidad que está teniendo por estos casos en específico. No en todos los casos, pero por estos casos se ha roto la credibilidad pública y eso es gravísimo en los tiempos de la institucionalidad moderna”.

A las voces sobre la salida de Vivanco del máximo tribunal se unió la diputada Ana María Gazmuri (AH), para quien “su presencia daña a toda la institucionalidad”. Mientras que desde el PC, el diputado Luis Cuello precisó que en el caso de la magistrada se configuran todos los presupuestos para una acusación, dada las conversaciones que “sugieren gestiones y favores en beneficio de oscuros intereses”.

En Chile Vamos se optó por no aventurar pasos. La jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, sostuvo que “hay que evaluar los antecedentes y si existe mérito para una acusación constitucional”. Y llamó a poner la mirada en otra línea: “Lo que llama la atención -aseguró- es ver cómo algunos parlamentarios parecieran festinar de esta situación en vez de entender esto como una oportunidad para generar cambios, sobre todo cuando la institucionalidad está en juego. Este es el minuto para demostrar que somos políticos responsables”.

Sobre si a la derecha le complica levantar una acusación contra Vivanco, por considerarla más cercana a su sector, manifestó que “esas son especulaciones de personas que quieren cambiar el foco de la conversación. Nadie puede decir que estas cosas no le afectan, pero esto de echar la culpa a un lado u otro no es parte de la discusión”.

En el gremialismo tampoco han definido los cursos de acción. El jefe de banda de la UDI, Gustavo Benavente, precisó que “hasta el momento no tenemos postura. Son casos que están siendo investigados y hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Entre ellos, la decisión del Pleno de la Corte Suprema, que -sin duda- va a analizar los casos de todos los ministros que están en la comisión de ética”.

En cambio, el diputado Stephan Schubert, jefe de bancada del Partido Republicano, declaró que esta situación “es grave y pone en jaque la institucionalidad chilena. Aquí está quedando en evidencia que nuestro país es mucho más corrupto de lo que nosotros conocíamos y de lo que nosotros queríamos también creer”.

Los menos -a estas alturas- están de acuerdo con otra fórmula. La diputada Karen Medina (PDG) señaló que este es un caso que “debe investigarse. Por ello, presentaremos nuevamente una comisión investigadora, versión 2.0, y que caiga quien caiga, se cumpla con efectividad, tal como está ocurriendo”.