El tenso cruce de la ministra Orellana con parlamentarias de oposición por el despido de Isabel Amor

“Yo hice dos preguntas, si las puede responder, por favor, la directora”.

Esa fue la insistencia que hizo Éricka Olivera (Demócratas) cuando la sesión de la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados estaba próxima a finalizar.

La reunión tenía por objetivo que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refiriera a la polémica salida de Isabel Amor de la dirección de Servicio Nacional de la Mujer de la Región de Los Ríos, cargo en el que alcanzó a estar solo 48 horas pues fue desvinculada aduciendo “pérdida de confianza”.

El episodio que pudo ser una decisión administrativa más en el ministerio de Orellana escaló al punto que la oposición ha evaluado si hay piso para una acusación constitucional contra la ministra del Frente Amplio.

El hecho es que Amor acusó que la razón real de su despido -pese a haber llegado al cargo por el sistema de Alta Dirección Pública- es el apoyo que ella le habría dado a su padre condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en una entrevista a la Revista Ya.

Este miércoles la ministra Orellana llegó hasta la Sala Inés Enríquez junto a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscila Carrasco.

En su exposición, Carrasco se abocó a entregar argumentos jurídicos del concurso de Alta Dirección Pública por el cual tuvo que pasar Amor para llegar al cargo en el servicio dependiente de la cartera que dirige Orellana.

“Es importante recalcar que los cargos de ADP, por ley, son cargos de confianza”, comentó Carrasco, añadiendo que “la renuncia por pérdida de confianza tiene un sustento legal que ha sido refrendado por la doctrina asentada por la Corte Suprema y la Contraloría General de la República”.

En esa línea, sostuvo: “Para este ente contralor no necesita ser fundada, la legalidad de la decisión impide que pueda calificarse como discriminatoria”.

Bajo esa tesis, Carrasco complementó que “es fundamental reforzar que la confianza en los cargos públicos es esencial para el buen funcionamiento de nuestras instituciones, que esta confianza puede verse afectada por situaciones que generen duda sobre la transparencia, la probidad o la competencia de quienes ocupan estos cargos”.

Luego de la intervención de la directora nacional del SernamEG, las diputadas, además de Jorge Guzmán, comenzaron con la ronda de preguntas hacia la Carrasco y la ministra que, hasta ese minuto, no había intervenido sobre la materia.

La primera en consultar fue Flor Weisse (UDI), quien consultó: “¿A qué se refieren con esta relativización que ella habría hecho de esa situación, en relación a la situación de su padre?”.

Luego vino el turno de Paula Labra (RN), que lanzó varias preguntas en su intervención. Requiriendo a la ministra Orellana, la parlamentaria le consultó cuándo tuvo el borrador de la entrevista que dio a El Mercurio en su poder, si antes o después de la desvinculación de Amor.

Luego de las consultas, Orellana tomó la palabra para intervenir.

“Sí era necesario recordar un poquito la normativa de Alta Dirección Pública porque ante la consulta de si yo conocía la terna o las condiciones, quiero recordar que la representante en el ministerio en el concurso, por ley, tiene prohibido dar antecedentes del proceso”, partió explicando la secretaria de Estado.

Más adelante, la ministra afirmó: “Ante la consulta directa, no conocí antecedentes respecto al concurso y fue precisamente en cumplimiento de la ley que no lo hice”.

Y añadió: “Es importante lo que se señala por algunas diputadas y diputados, es importante el valor del desacuerdo, podemos tener desacuerdos en la evaluación o en las opiniones que tengamos respecto de una decisión, distinto es que aquella sea infundada o ilegal”.

Las intervenciones de la ministra y de la directora dejaron con gusto a poco a los representantes de la oposición, que volvieron a insistir en sus preguntas.

“Quedaron bastantes preguntas por responder pero voy a ser bien precisa, ¿usted tuvo acceso al borrador?”, le consultó la diputada Labra a la ministra.

Luego vino la intervención de Olivera señalando que había hecho dos consultas que habían quedado sin respuesta. Seguidamente, tomó la palabra Guzmán, quien señaló: “Nuevamente, presidenta, si puede precisar, con qué asociaciones de funcionarios tuvo conflictos, con qué agrupaciones de derechos humanos”.

“Le pregunté por el tema técnico, cuál fue la falta de la funcionaria para poder ser desvinculada y aún no se ha dado esa respuesta”, insistió, por su parte, Carla Morales.

Ante la insistencia de las diputadas y de Guzmán, la ministra tomó la palabra nuevamente para descartar las acusaciones que se la han hecho.

“Es como la tercera imputación que se me hace, una que nombramos a alguien pa’ dejarla caer, otra que filtramos un borrador, las desmiento todas. Ahora, queda claro que puedo decir lo que quiera y evidentemente ya hay una opinión formada, entonces la respuesta es no”, sentenció la ministra.

Al cierre de la sesión, la presidenta de la instancia, Ana María Bravo (PS), señaló: “Si bien es cierto no han quedado satisfechas las consultas realizadas, aquí debemos considerar que las respuestas están basadas en facultades normativas que están expresamente establecidas en la ley”.