Elizalde defiende restricciones electorales a extranjeros y exclusión de quienes tengan “prontuario criminal”

Una pausa en sus vacaciones realizó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), para salir a responder las críticas de parlamentarios opositores que se oponen a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo que buscan restringir el derecho a voto que la Constitución de Chile entrega a los extranjeros sin estar nacionalizados.

Ese derecho es una peculiaridad de la Carta Fundamental chilena desde 1980, ya que los migrantes pueden sufragar en todas las elecciones nacionales mientras cumplan un mínimo de 5 años de “avecindamiento” en el país, sean mayores de edad y no estén acusados por un delito de pena aflictiva.

Es más, de acuerdo a la legislación electoral, son incorporados automáticamente al padrón, incluso sin su consentimiento y, según la Constitución, tienen la obligación de votar

“Chile es una excepción en la legislación comparada. Actualmente basta la residencia temporal para participar en las elecciones en todos los niveles, incluido el Jefe de Estado”, dijo Elizalde.

“Las indicaciones presentadas exigen residencia definitiva, no tener antecedentes penales (lo que se acreditaría mediante un certificado oficial del país de origen) y participar solo en elecciones de nivel local. ¿Por qué una persona con prontuario criminal que se encuentra sólo temporalmente en Chile habría de decidir el futuro de nuestro país? De hecho senadores de oposición presentaron hace un tiempo un proyecto similar”, agregó el ministro.

Sus palabras aludían específicamente a una reforma constitucional, presentada hace menos de un año, en mayo de 2024, por los senadores de la UDI José Durana, Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, Javier Macaya y David Sandoval, que proponía restringir el derecho a sufragio de los extranjeros.

En apoyo a Elizalde, las bancadas parlamentarias de gobierno también salieron a valorar las enmiendas de La Moneda, plasmadas el 24 de enero, en una reforma electoral, que regula la multa por voto obligatorio y que serán revisadas a partir de marzo por la comisión de Gobierno del Senado, presidida por Manuel José Ossandón (RN).

La jefa de bancada de los diputados Independientes-PPD, Camila Musante, señaló que “cuando hablamos de las elecciones nacionales, esta es una decisión soberana que corresponde exclusivamente a los ciudadanos chilenos. Sólo ellos deberían poder ejercer el derecho al voto”.

Tras conocer las indicaciones del gobierno, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini insistieron en empujar su proyecto que busca el mismo objetivo. “Si un extranjero a los 5 años quiere participar, nuestra legislación le da la posibilidad de nacionalizarse. Prácticamente ningún país del mundo le da derecho a voto en elecciones nacionales a los extranjeros”, dijo Manouchehri.

Marcos Ilabaca, también diputado PS, añadió que “en ningún país del mundo se da la facilidad que se da en Chile, que por el solo hecho de avecindarse, pueden ser parte de las elecciones importantes y trascendentales que marcan el destino de un país. Y en eso, tenemos que ir mejorando”. Por ello, calificó la ofensiva legislativa del gobierno como una “buena noticia”.

Si bien el proyecto está alojado en la Cámara Alta, los diputados han seguido el curso de la tramitación, especialmente los que son miembros de la comisión de Gobierno, presidida por el diputado Rubén Oyarzo (independiente), que al igual que su instancia espejo en el Senado, tramita los asuntos electorales.

Según Oyarzo, “los tiempos del Senado” suelen demorar, por lo que anticipó que, “como coautor del proyecto que establece límites y condiciones para el ejercicio del voto a extranjeros, al regreso del receso legislativo lo pondré en tabla como prioritario”. “Debemos terminar con cualquier distorsión en nuestro sistema electoral”, dijo.

Oposición

Sin embargo, la arremetida del gobierno cayó mal en la oposición, donde creen que los extranjeros, en particular la comunidad venezolana, es crítica de la izquierda.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), miembro de la comisión Gobierno, acusó que “este gobierno, hoy día está operando con la calculadora electoral, porque sabe que la gran mayoría de quienes llegan a Chile son proclives a lo que son las ideas de centroderecha y derecha”.

“Vamos a presentar una indicación que diga relación con aquellos chilenos que viven en el extranjero y que nunca han pisado territorio chileno (...). Acá se tiene que establecer un principio básico que es el de igualdad ante la ley, por lo tanto, el voto tiene que ser obligatorio para todos y el que no cumple tendrá que pagar la multa correspondiente”.

Sin embargo, en un tono distinto, reaccionó la senadora Luz Ebensperger (UDI), quien integra la comisión de Gobierno de la Cámara Alta. Manifestó que efectivamente hay que regular el voto de los extranjeros, por ejemplo, exigirle residencia definitiva, pero discrepó de la postura de La Moneda que busca limitar ese derecho a sufragio a comicios municipales. “Aquel extranjero con ingreso legal, con al menos cinco años de residencia definitiva, que tenga el ánimo de permanecer en nuestro país, tiene que tener derecho a voto”.

“En cuanto a los antecedentes penales, tienen que tener las mismas restricciones que los chilenos, nuestra Constitución asegura la igualdad ante la ley”, añadió la senadora.

El diputado Miguel Ángel Calisto (Ind. Demócratas) dijo que detrás de la ofensiva del gobierno hay “una marginación, a mi juicio solapada, de muchos extranjeros que hoy cumpliendo con los requisitos y estando legalmente en nuestro país son puestos en la misma condición de quienes son irregulares”.

“Ese es el caso de los profesionales venezolanos, por ejemplo que trabajan incluso en servicios públicos quienes por haberse roto las relaciones diplomáticas con Venezuela, por parte del dictador Nicolás Maduro, no podrán ahora conseguir un certificado de antecedentes, o aquellos refugiados de esos países que están en guerra, como Ucrania. Esto es francamente, a mi juicio, vergonzoso”, dijo Calisto.

La crítica de Calisto, sin embargo, pasaba por alto la posibilidad que ciudadanos de dichos países hoy pueden obtener el certificado de antecedentes penales, incluso apostillado, mediante un trámite en línea. De hecho, las embajadas de Ucrania y Venezuela remiten a los sitios web correspondientes para obtener el documento digital sin necesidad de concurrir a consulados.

Las enmiendas del Ejecutivo, amparándose en la redacción de la Constitución, señalan que los extranjeros solo “podrán ejercer el derecho a sufragio... en las elecciones municipales y en los plebiscitos comunales”.

Adicionalmente, las indicaciones presidenciales plantean que, para ser incluidos en el padrón electoral chileno, se les exija a los ciudadanos foráneos “presentar un certificado de antecedentes penales del país de origen, el cual no podrá tener una antigüedad superior a treinta días corridos”.

“Dicho certificado deberá ser presentado ante el Servicio Electoral entre los ciento setenta y ciento cuarenta días anteriores a la elección o plebiscito. Solo quienes presenten dicho antecedente y acrediten el cumplimiento de los requisitos para sufragar podrán integrar el padrón electoral. De lo contrario, pasarán a formar parte de la nómina de personas inhabilitadas”, agrega la modificación.

Además, las propuestas gubernamentales buscan corregir que las normas de la Ley de Migración y Extranjería solo consideren la residencia “definitiva”. Actualmente esa legislación señala que “el avecindamiento (para otorgar el derecho a sufragio) se contabilizará desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal”.