Estudio CEP concluye que hay al menos 58 acuerdos explícitos o tácitos en enmiendas presentadas por la derecha en el Consejo

Una investigación del Centro de Estudios Públicos (CEP) analizó las 1.092 enmiendas ingresadas por los consejeros al anteproyecto elaborado por los expertos, pero se centró en las indicaciones de las bancadas de derecha, tanto de Chile Vamos como de republicanos.

El análisis realizado por el profesor de Derecho Constitucional Luis Eugenio García-Huidobro, la abogada Trinidad Pacareu y el sociólogo Benjamín Lang concluyó que existen cerca de 60 acuerdos entre las diferentes bancadas de derecha. Considerando que la oposición cuenta con la mayoría para votar -como quieran- tanto en las comisiones como en el pleno, “es posible que algunos de estos acuerdos puedan materializarse en modificaciones al anteproyecto de la Comisión Experta aun a pesar de tratarse de temáticas políticamente controvertidas”.

Entre las materias que son parte de estos acuerdos se encuentran “aspectos orgánicos del Poder Judicial, Corte Constitucional, Contraloría General de la República, Fuerzas Armadas o Ministerio Público, hasta la regulación de los derechos sociales, el derecho a la vida o la libertad personal”, se lee en el análisis.

Si bien las tres bancadas de oposición -republicanos, UDI y RN-Evópoli- presentaron cuatro indicaciones en conjunto, además de otras cuatro enmiendas patrocinadas en bloque por Chile Vamos, el análisis desprende que habría al menos 58 acuerdos entre los dos o tres grupos de derecha presentes en el órgano redactor.

Esto, según el estudio, se da a través de acuerdos explícitos o tácitos, es decir, “cuando dos o más enmiendas son patrocinadas por consejeros pertenecientes a distintas bancadas de derecha, pero ellas evidencian una redacción idéntica o muy similar”, o bien “se observan coincidencias en sus ideas matrices o en el objetivo buscado por ellas”.

Dentro de las indicaciones firmadas por representantes tanto de republicanos como de Chile Vamos se encuentra una enmienda que busca establecer la libertad de elección en el sistema de salud, una segunda relacionada al derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos y una tercera sobre el “derecho de los cotizantes a resguardar sus fondos previsionales, garantizando su propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad por parte del Estado”. La última es la creación de un nuevo acápite llamado Defensa Nacional, para alojar ahí las normas de las Fuerzas Armadas.

En estas cuatro indicaciones, Evópoli -partido de Chile Vamos representado por su única consejera, Gloria Hutt- sólo fue parte de la enmienda referente a la libertad de elección en el sistema de salud, el resto no tuvo la suscripción de la representante de la Región Metropolitana.

Para ejemplificar, en las materias sensibles y que significan líneas rojas para ambos sectores -oficialismo y oposición-, está la protección de la vida del que está por nacer y la maternidad, impulsada por la derecha. En ese sentido, y dentro de los acuerdos tácitos, se encuentra esta temática.

Los republicanos ingresaron una norma que dice: “Se protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad”. Además, en el artículo 1 que proponen define que todo ser humano es persona y añaden que “todo ser humano menor de 18 años de edad” es un niño.

La UDI presentó una indicación que se lee como “la ley protege y respeta la vida del niño que está por nacer. La madre gozará de especial asistencia y protección durante el embarazo y después del parto”. Mientras que la otra bancada de Chile Vamos, RN-Evópoli, ingresó esta norma: “Se protege la vida del ser humano que está por nacer y la maternidad”.

El estudio recoge que la idea matriz de estas tres enmiendas se resumen en: “Reconocimiento de la calidad de niño o de ser humano del feto y consagración de la protección de su vida y de la maternidad”, considerándose así un acuerdo tácito.

Durante la primera etapa de este segundo proceso constitucional, la izquierda y la derecha lograron un acuerdo transversal, en donde desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano fueron parte.

Ahí los comisionados expertos fueron los protagonistas y los encargados de finalizar esa primera mitad entregando un anteproyecto al órgano constituyente sucesor, es decir, el Consejo. Sin embargo, su rol no quedó ahí, los 24 comisionados siguen hoy participando del proceso.

En ese sentido, el estudio señala que los comisionados de derecha -11 de Chile Vamos y un republicano- están influyendo en esta segunda mitad. Esto, porque algunos de los acuerdos tácitos se tratan de materias que ya se discutieron y fueron rechazadas en la Comisión Experta. “Evidencia una continuidad entre las posiciones de comisionados expertos y consejeros constitucionales de derecha en las dos etapas del proceso constituyente”, dice el estudio.

Para reforzar el ejemplo anterior, en la Comisión Experta se presentó la siguiente enmienda: “Nadie puede ser privado de su vida intencionadamente, salvo en los casos de legítima defensa. La ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable. En Chile se proscribe la pena de muerte”. La protección de la vida del que está por nacer no quedó consagrada en la Comisión Experta, y hoy, en la segunda etapa, se reabre esta discusión que tensiona a las fuerzas políticas presentes.

El profesor García-Huidobro explicó que no hay problema en que los consejeros vuelvan a reaperturar discusiones y materias que ya fueron rechazadas en la Comisión Experta, puesto que “tienen un mandato democrático y, por lo tanto, pueden reabrir cualquier discusión que ellos así lo consideren necesario”. Sin embargo, advirtió que al volver a tocar estas temáticas que ya fueron zanjadas, votadas y consagradas en el anteproyecto, texto que “recibió con mayor o menor medida el apoyo de prácticamente todos los actores políticos e institucionales del país, desde los expresidentes, la Corte Suprema y así muchos actores”, estos mismos actores “podrían generar resistencia hacia las nuevas propuestas”.

García-Huidobro fue más explícito y señaló que “al reabrir estas discusiones los consejeros, si bien pueden hacerlo, según las reglas del procedimiento, ellos tienen que tener presente que pueden abrir una serie de comportamientos entre otros actores institucionales, sea Corte Suprema, sea Congreso, sean partidos políticos, que podrían nuevamente descarrilar el proceso constituyente y que podrían favorecer las opciones del rechazo”.