Fallos de la Suprema complican envío de ley humanitaria del gobierno

Para el envío del proyecto de ley humanitaria se preparan por estos días en el Ministerio de Justicia. La iniciativa del gobierno busca normar la conmutación de penas a condenados a prisión efectiva que padezcan enfermedades graves o terminales o que hayan alcanzado una edad avanzada.

Sin embargo, en el gobierno admitían este jueves que la presentación del proyecto se ha visto complicada por la controversia que se generó esta semana, luego de que la Corte Suprema acogiera siete recursos de amparo en favor de oficiales (R) del Ejército que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco, otorgándoles, así, la posibilidad de cumplir sus penas en libertad condicional.

La decisión despertó duras críticas al pleno del máximo tribunal, tanto desde las agrupaciones de derechos humanos como también desde los partidos de la centroizquierda, colectividades que se encuentran estudiando, incluso, la posibilidad de acusar constitucionalmente a los miembros de la Suprema y de llevar la resolución del organismo a instancias internacionales.

En medio de este escenario, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, justificó este jueves las decisiones de la Corte Suprema, apelando a su autonomía, aunque evitó analizar el fondo de cada caso. "Si la ley lo permite, ¿por qué negarle a alguien que recurra a ese derecho? Y si el juez considera que corresponde, ¿por qué cuestionar su decisión?", dijo, pese al cambio de criterio de la Suprema, que quedó en evidencia debido a que los presos accedieron a la libertad condicional sin acreditar conciencia del daño causado o arrepentimiento, como se exige en el Estatuto de Roma, suscrito por Chile desde 2009.

En este contexto, si bien públicamente el gobierno no cuestionó la decisión y llamó a "respetar las instituciones", en privado reconocían que las resoluciones ponían en una "situación compleja" al Ejecutivo. Las mismas fuentes admiten que la polémica podría empañar el envío del proyecto y que la ciudadanía podría interpretar que la determinación de la Suprema está ligada a esa iniciativa, lo que -advierten- sería visto como una mala señal. Esto, pese a que la normativa que impulsa La Moneda es de carácter general y no se refiere únicamente a reos que cumplen condenas por violaciones a los DD.HH.

"La ley humanitaria es un proyecto que se va a presentar, espero que muy pronto, que busca que las personas que están con un riesgo inminente de muerte o una situación física o de salud mental terminen cumpliendo su pena con arresto domiciliario", explicó el ministro Larraín.

Pese a las dudas del Ejecutivo, durante la jornada de este jueves transmitían desde Justicia que están por no dilatar más el envío de la iniciativa, para que en caso de que aquello implique costos políticos para el gobierno, estos sean asumidos de una sola vez, evitando, de esa manera, verse complicados nuevamente por el tema. Así, señalaban que la iniciativa se presentaría la próxima semana.

Sin embargo, más tarde, tras la habitual reunión del Presidente Piñera con sus ministros del comité político, desde La Moneda señalaron que el proyecto no se contempla para la próxima semana y que, incluso, podría quedar para fines de agosto.

Desde que se conoció la decisión de la Suprema, parlamentarios de oposición han estudiado fórmulas para contrarrestar el nuevo criterio que se impuso en la Segunda Sala del tribunal.

Este jueves, de hecho, parlamentarios de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio se organizaron para llegar a la sala de la Cámara con fotografías de detenidos desaparecidos, en modo de protesta.

Asimismo, diputados del PS, PC, PPD y DC emplazaron al gobierno a ponerle urgencia a un proyecto que fue impulsado en su momento por el propio Hernán Larraín en su calidad de senador, iniciativa que incluía conmutación de penas para condenados por diversos delitos, incluyendo de lesa humanidad. El proyecto quedó estancado luego que la Cámara lo modificara para evitar que los condenados por delitos de DD.HH. pudieran acogerse a dicha normativa, lo que fue rechazado por el Senado. Así, en diciembre de 2016 se conformó una comisión mixta para resolver las discrepancias, la que nunca sesionó.

Desde la oposición, además, están estudiando la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra los ministros de la Suprema por "abandono de deberes", argumentando que con sus fallos incumplieron una serie de tratados internacionales en materia de DD.HH.