Felipe Alessandri cuestiona acuerdo por megatoma de San Antonio y acusa “cálculos político electorales”

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, cuestionó el acuerdo alcanzado por el Gobierno respecto a la megatoma de San Antonio, señalando que su objetivo fue ganar tiempo para “cálculos político electorales".

Durante la jornada de este lunes, tras una reunión entre las autoridades de gobierno y los propietarios del terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio y donde viven ilegalmente más de 10.000 personas, es que se anunció que la firma de un protocolo de acuerdo que posterga en seis meses el desalojo con el fin de encontrar una solución definitiva a la problemática.

Según señaló Alessandri, “el acuerdo que celebra el Gobierno no es más que una nueva señal de debilitamiento institucional y cuyo objetivo de fondo fue ganar tiempo y evitar el desalojo a partir de cálculos político electorales".

El protocolo de acuerdo por el momento no resuelve varios puntos sustantivos como el valor de venta del terreno ni las garantías comprometidas por el gobierno para que los propietarios accedan a vender a través del sistema de cooperativas de pobladores propuesto por el Ejecutivo.

De acuerdo a lo que agregó el alcalde, “el modelo de una gran federación y muchas cooperativas no tiene ningún sustento en la práctica. Peor aún, entrega una señal nefasta de que en nuestro país cualquier grupo de personas puede usurpar un terreno y luego legalizarlo por la vía de la presión social".

“Como en tantos otros temas, la toma de San Antonio también deberá solucionarlo el próximo gobierno" apuntó.

A raíz del acuerdo se logró postergar la orden judicial para desalojar a los habitantes de dicho lugar que, originalmente, se iba a realizar el jueves.

Alessandri también se refirió a la situación de Lo Barnechea, señalando que en la comuna se ha realizado un trabajo “distinto”.

"Nos adelantamos. Se trabajó desde la oficina de Asentamientos Precarios, se catastro a los residentes, se buscó una alternativa de salida para los ocupantes ilegales. Se les reubicó y el municipio financió su subsidio de arriendo temporal. Inmediatamente se intervinieron los inmuebles desalojados para evitar una nueva toma“, mencionó.

Según cerró, “quizás si el Gobierno tras el fallo hubiese iniciado un accionar similar; no hubiésemos llegado a esta salida contradictoria al Estado de Derecho".