Hace dos semanas el gobierno anunció que enviaría al Congreso un nuevo proyecto que reemplaza el Pilar Solidario que hoy existe en el país para el 60% de menores ingresos en materia de pensiones, por una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $ 185 mil para el 80% de la población más vulnerable, y donde también se extenderá parte de ese monto para quienes estén entre el 80% y el 90%.

Pero finalmente el Ejecutivo decidió ya no ingresar un nuevo proyecto, sino que introducir estas indicaciones que crean la PGU dentro de la ley corta de pensiones que ya se estaba tramitando en la Cámara de Diputados que tenía como objeto aumentar el Pilar Solidario. También introdujeron la urgencia de discusión inmediata.

Así las cosas, este martes acudieron los ministros del Trabajo, Patricio Melero; y de Hacienda, Rodrigo Cerda, para explicar a los diputados de la Comisión de Hacienda los cambios que buscan introducir.

Y la tramitación se espera que sea rápida, ya que el presidente de la instancia, Pablo Lorenzini, anunció que este miércoles terminarán de debatir la iniciativa y votarán el proyecto. En caso de que alcancen a votar todo temprano, incluso se podría ver en sala por la tarde, de lo contrario quedaría para enero.

El ministro de Hacienda detalló que el costo fiscal de la iniciativa será de un máximo de 0,95% del PIB entre 2028- 2034, alcanzando promedio de 0,92% del PIB en la década de 2040, considerando el envejecimiento de la población en las próximas décadas. Esto es adicional a lo que cuesta actualmente el Pilar Solidario, que es 1,1% del PIB.

En ese sentido, el Ejecutivo también dijo que ingresó el proyecto que entrega financiamiento para la PGU y que establece que el beneficio se financiará a través de la modificación de exenciones tributarias, provisiones ya incorporadas en la Ley de Presupuestos 2022 y su Programación Financiera, y la disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).

Esta iniciativa que elimina o reduce exenciones se tramitará de manera separada. Sobre ello, Cerda detalló que se mantienen las modificaciones a las exenciones propuestas en la ley corta de pensiones, que permitirán recaudar cerca de 0,35% del PIB.

Allí, solo se modificará uno de los temas propuestos anteriormente: la tasa de impuesto único a las ganancias de capital del artículo 107 de la LIR pasará del 5% que proponía inicialmente el gobierno, a 10%. También se modifican la entrada en vigencia de algunas medidas.

Por otro lado, el ministro detalló que tanto en la Ley de Presupuesto de 2022 como en la Programación Financiera, es decir, la proyección de gastos comprometidos a mediano plazo, está provisionado un mayor gasto asociado a la reforma de pensiones, de entre 0,4% a 0,5% del PIB.

El financiamiento restante ocurrirá por el FRP, ya que actualmente se destina por ley todos los años un mínimo de 0,2% del PIB, y un rango entre 0,2% a 0,5% del PIB en caso de alcanzar un superávit fiscal que esté en esas magnitudes. Pero con este proyecto, el aporte obligatorio al FRP se reduce de 0,2% a 0,1% del PIB, y el 0,1% restante se redestina al financiamiento de la nueva PGU. En el intertanto, el FRP recibirá nuevos aportes en caso de existir superávit fiscal.

“Está financiado, no vemos ningún problema en poder partir (entregando los beneficios) en 2022″, comentó Cerda.

El Consejo Consultivo Previsional (CCP) también terminó de analizar el texto. En materia fiscal, concluyó que “el proyecto de ley en análisis tiene un impacto fiscal muy significativo, que compromete de manera permanente cuantiosos recursos a futuro. En dicho contexto, el CCP llama la atención sobre la importancia que el proyecto cuente con las fuentes de financiamiento necesarias (que no vienen explicitadas en la iniciativa), de forma tal de asegurar la sostenibilidad fiscal y permanencia de estos beneficios”.

Agregaron que “esta preocupación es aún más sensible considerando que el proyecto de ley disminuye los aportes anuales al FRP, así como los desembolsos que, en igual período, se pueden hacer con cargo a él”.

También analizaron el efecto esperado de la PGU en el mercado formal del trabajo y el ahorro previsional para el grupo del 60% de menores ingresos que actualmente recibe beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) de vejez.

Allí recuerdan que partir del 1 de enero 2022, la PBS será de $176.096, por lo que una PGU de $185.000 implicaría un aumento de 5,1% en las pensiones de aquellos que hoy solo reciben la PBS. Para este grupo de personas “y que trabajan de manera informal, es dable pensar que la posibilidad de recibir una mayor pensión les haga disminuir su oferta de trabajo por tener garantizada una pensión mayor, y con ello disminuir también su ahorro previsional autofinanciado”.

En todo caso, estiman que este efecto “será muy menor, dado que el cambio en el ingreso, 5,1%, es poco significativo. Además, muchos beneficiarios de PBS no trabajan o trabajan en el sector informal sin pensar en la pensión futura”.

Por otro lado, advierten que como ahora si las personas ahorran fondos para su pensión no dejarán de recibir la PGU, “puede hacer que algunas personas de este grupo, que hoy están en el sector informal, decidan moverse al sector formal, incrementando con ello sus ahorros previsionales”.

Sobre las personas que reciben APS, el CCP recuerda que el valor de la PMAS será, a partir del 1 de enero de 2022, el mismo para todos los mayores de 65 años, e igual a $520.366.

“El beneficio de la PGU implicaría, en consecuencia, y, según el nivel de la PB, un aumento de hasta un 35,6%10, que sería el valor más alto que podría alcanzar para aquellos beneficiarios que hoy tienen una pensión base en el borde de la PMAS”, dice el informe.

Y agrega que “en este contexto, el aumento del beneficio estatal podría reducir la oferta de trabajo y las cotizaciones previsionales, por cuanto para alcanzar un determinado valor de pensión final, al incrementarse el beneficio del Estado ya no es tan necesario trabajar y ahorrar más en el sistema previsional para lograr ese objetivo”.