Gobierno rechaza “agenda antirrepresión” impulsada por sectores de la oposición

Con firmas de Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, el Partido Comunista, el PPD y el PS se presentó ayer en el Congreso un proyecto que busca derogar tres leyes actualmente vigentes: la Ley de Seguridad del Estado, la que permite el control preventivo de identidad por parte de Carabineros y la denominada “ley antibarricadas”.

La iniciativa -que fue denominada como una agenda “antirrepresiva”- no dejó a nadie indiferente y generó inmediatas críticas en el gobierno y en Chile Vamos, pero también en la propia centroizquierda.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, lamentó su ingreso y aseguró que “rechazamos la agenda de la impunidad que quiere derogar leyes que son necesarias para la tranquilidad de las personas”.

El secretario de Estado, en cambio, instó al Parlamento a avanzar en la agenda de seguridad que impulsa el Ejecutivo, la que fue reactivada en las últimas semanas y en la que el Presidente Sebastián Piñera ha buscado tener un rol protagónico. De hecho, justamente ayer se reunió con víctimas de distintos delitos y anunció que pondrá suma urgencia al proyecto que firmó el fin de semana para crear una Defensoría de las Víctimas.

“Lamento que esa sea la mirada, si uno conversa con la gente, en general, en los barrios, en las villas, en las poblaciones, en las comunas, ellos quieren mayor control. Les diría a esos parlamentarios que si recorren su distrito, lo que la gente más necesita y pide es presencia policial. Y si esa presencia, además, está asociada a operativos de control de identidad preventivos, la gente lo aplaude”, agregó Delgado.

El ministro advirtió, además, que “si estos proyectos avanzan, lo que va a ocurrir es que, de aprobarse, todas esas personas que han sido detenidas por esos conceptos, al otro día quedan en libertad. ¿Eso es lo que la gente quiere? Preguntémosle. ¿Eso es lo que la gente necesita hoy día?”.

El texto había sido presentado horas antes por sus impulsores, los diputados de RD Giorgio Jackson, Maite Orsini, Miguel Crispi y Catalina Pérez, y sus pares Claudia Mix (Comunes), Amaro Labra (PC) y Daniela Cicardini (PS). Y fue firmado, además, por Jorge Brito (RD), Gonzalo Winter (CS), Emilia Nuyado (PS), Boris Barrera (PC) y Cristina Girardi (PPD).

Los legisladores explicaron que el ingreso del proyecto buscaba evitar que estas normas sigan siendo utilizadas -a su juicio- por el gobierno de forma arbitraria y con fines “políticos”.

“La manera en que el gobierno de Piñera ha enfrentado el malestar social expresado en las calles ha dejado de manifiesto la existencia de herramientas penales que solo han sido utilizadas para neutralizar adversarios políticos”, advirtió Orsini. Mientras que Cicardini aseguró que “estas normas se han utilizado como un populismo penal para justificar la represión”.

Desde Chile Vamos rechazaron las acusaciones de la centroizquierda y, de hecho, recordaron que fue parte del Frente Amplio quienes aprobaron en general la denominada “ley antibarricadas”, normativa que fue aprobada en enero de 2020 por el Congreso tras el aumento de actos de violencia.

“Esta es la lápida de un Frente Amplio, sin candidato presidencial, derrotado en primarias y que habiendo votado a favor de la ley antibarricadas se arrodilla ante el PC con tal de sobrevivir”, sostuvo el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

En la misma línea, su par de RN, Sebastián Torrealba, aseguró que “este proyecto de ley refleja los principios del FA que nunca han dejado la violencia como un medio para justificar la acción política”.

En la centroizquierda, la propuesta también tuvo críticos. La senadora Carolina Goic, por ejemplo, se manifestó en contra de derogar leyes cuando se trata de materias de seguridad, mientras que el jefe de bancada de los diputados PS, Luis Rocafull, señaló que “yo preferiría que se prioricen los temas que tienen que ver con la seguridad pública, como el narcotráfico (...), eso me quita más el sueño”.

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en tanto, se mostró partidaria de abordar el debate en el Congreso porque, a su juicio, “no se puede estar asociando permanentemente la movilización, los desórdenes que son producto de una protesta social, a la delincuencia”.