Interior crea Unidad de Casos Complejos para perseguir delitos graves

La primera acción judicial que presentó la nueva Unidad de Casos Complejos del Ministerio del Interior se presentó el 7 de enero pasado. Ese día, el gobierno denunció ante la Fiscalía Nacional al vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Víctor Chanfreau, invocando la Ley de Seguridad del Estado al llamar a boicotear la PSU.

La presentación de una denuncia -y no una querella- era parte de la nueva estrategia que está implementando La Moneda frente a lo que denominan "casos de alta complejidad".

Así, con la conformación de un equipo de ocho abogados dirigidos por el asesor del ministro Gonzalo Blumel y doctor en derecho penal Eduardo Riquelme, el gobierno busca dar celeridad a la apertura de investigaciones por parte de la fiscalía. Y, de paso, limitar la presentación de querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) a casos donde existan personas identificadas.

Desde el 18 de octubre, fecha en que comenzó el estallido social, el gobierno ha presentado un total de 1.552 querellas a nivel nacional, ya sea a través de las intendencias regionales (1.188 casos) o del propio Ministerio del Interior (364 acciones legales).

De ese universo de libelos, 1.175 invocan la LSE, mientras que 191 querellas imputan delitos simples, como desórdenes públicos, 86 denuncian incendios y un centenar acusan maltrato de obra a Carabineros, infracción a la ley de armas u otros ilícitos graves (ver infografía).

En los casos en que el gobierno invocó la LSE, 16 querellas se incluyen en la lista de causas de "alta complejidad".

Para el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, con la creación de la Unidad de Causas Complejas, "lo que queremos es que quienes cometieron delitos tan graves, que significaron alteraciones de orden público tan significativas y que causaron tanto daño a cientos de miles de ciudadanos, asuman sus responsabilidades y que se aplique el máximo rigor de la ley".

Es por ello que, según la autoridad, "la nueva estrategia busca que las acciones penales que ejerce el Ministerio del Interior sean con nombre y apellido, sobre responsables específicos, más que buscar responsabilidades generales".

Según el jefe de gabinete, el equipo especial estará "dedicado exclusivamente a la persecución penal de aquellos casos que causaron mayor conmoción y que significaron alteraciones más graves del orden público".

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior, entre 2014 y el 18 de octubre de 2019, previo al estallido social, el gobierno había presentado 18 querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado. "Se aprecia que en relación con la cantidad de querellas interpuestas entre el año 2014 y el 18 de octubre de 2019, versus las presentadas con posterioridad a esa fecha, se verifica un aumento de 598%", detalla un informe de Interior.

La nueva estrategia del gobierno, según el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, puso énfasis en la gravedad de los delitos cometidos y el impacto que tuvieron en la sociedad.

"No es lo mismo un delito de desórdenes públicos que el lanzamiento de bombas molotov, que un incendio o el uso de armas de fuego. Por lo mismo, estamos concentrando nuestros esfuerzos en aquellos delitos más graves, más complejos de investigar y, por lo tanto, donde creemos que es más importante para el gobierno y el Estado identificar a quienes son los responsables y avanzar hacia una sanción efectiva".

De acuerdo con el subsecretario Galli, la presentación de denuncias ocurre "cuando hay urgencia de poner en conocimiento a la fiscalía de los hechos, activando la Ley de Seguridad del Estado, de tal manera que la fiscalía pueda, como ya lo ha hecho, designar de inmediato a un fiscal para su investigación y tomar medidas respecto de esos casos. Y si en esa denuncia, producto de la investigación del Ministerio Público, se allegan más antecedentes, nosotros nos querellamos y nos hacemos parte en esos juicios", detalló la autoridad.

El criterio de selección de causas de "alta complejidad" fue fijado a partir de la revisión de más de 200 querellas, identificando a imputados, formalizados y conductas graves, como incendios, ataques al Metro, lanzamiento de bombas molotov y agresiones violentas a Carabineros (ver recuadro). Destacan los casos del ataque a la Universidad Pedro de Valdivia, el Hotel Principado de Asturias y los daños a las estaciones de Metro Pedrero y San Joaquín.

Según el análisis, 16 querellas del gobierno registran a 31 personas formalizadas. De ellas, 22 están en prisión preventiva y nueve quedaron sujetas a otras medidas cautelares. En este contexto, tras invocar la Ley de Seguridad del Estado y querellarse por incendio, se ha formalizado a 12 y seis personas, respectivamente.

Desde el gobierno aseguran que si bien hay casos con imputado conocido, la celeridad de llevar al sospechoso ante la justicia está sujeta a las diligencias de la fiscalía.

Incendios: iglesias y monumentos

Los casos de incendios son los que más preocupan en Interior. La pena por este delito va desde los 10 años y un día hasta el presidio perpetuo. Entre las querellas destacan las quemas de dos iglesias: la de Carabineros, del 3 de enero, cuando un grupo de encapuchados incendió el inmueble y donde solo hay un imputado. Además, está el ataque a la Iglesia de la Veracruz, del 12 de noviembre, en Lastarria, cuando desconocidos prendieron fuego en el histórico templo y donde no hay detenidos. También, por incendio, Interior se querelló por la quema de la Casa Schneider, donde funcionaba la U. Pedro de Valdivia. En este caso hay un imputado en prisión preventiva.

Ataques y desórdenes en Metro

El Metro también es uno de los focos de interés para el Ministerio del Interior. Por ello, destacan seis querellas por ataques al tren subterráneo: Metro Pedrero, donde hay dos detenidos, un menor de 16 años y un adulto, quienes están privados de libertad. El ataque al Metro San Joaquín, donde Roberto Campos, profesor, está querellado por los daños a la estación de la Línea 5 y actualmente permanece con arresto domiciliario nocturno. También está el ataque al Metro La Granja, donde hay dos personas en prisión preventiva; Metro San Pablo, con dos arrestados, y las estaciones El Sol y Las Parcelas, donde hay dos imputados en prisión preventiva.

Manifestaciones de "No + Tag"

A casi tres meses de iniciada la crisis social, el 17 de diciembre de 2019, un grupo de automovilistas se manifestó en Av. Kennedy, instalando dos camiones tolva para obstaculizar el tránsito. Para el gobierno, se trató de un hecho grave, por lo que decidieron querellarse por Ley de Seguridad del Estado contra los responsables. Se detuvo a seis personas, quienes fueron imputadas por el Ministerio Público. Seis de estos formalizados quedaron con la medida cautelar de firma quincenal y uno está con arresto domiciliario nocturno. El plazo de investigación aún está vigente y el Ministerio Público continúa con las pesquisas para el avance de la causa.

Ataques con bombas molotov

Entre los casos complejos definidos por Interior también están los ataques con bombas molotov, tanto los atentados contra efectivos de Carabineros coma a infraestructura pública y privada. Por ejemplo, se emprendieron acciones judiciales por el ataque al Hotel Principado de Asturias, el 14 de noviembre de 2019. En ese caso hay tres personas detenidas, que están en prisión preventiva. Muy cerca de ahí, en las inmediaciones del Parque Bustamante, el 10 de diciembre, un grupo de personas lanzó bombas molotov contra personal de Carabineros, donde una persona resultó detenida y fue objeto de querella por parte de Interior.

Click en la infografía para ampliar