La obsesión de Boric que provocó el abrupto fin de la carrera de las herederas de Allende

De poco sirvieron las sentidas palabras de solidaridad con Isabel Allende expresadas por el Presidente Gabriel Boric el viernes en la mañana, poco antes de terminar su gira por India, para mitigar la molestia de los socialistas con el Mandatario y con el Frente Amplio (FA) tras filtrarse el inédito acuerdo del Tribunal Constitucional (TC) que destituyó a la parlamentaria por su rol en la fallida venta de la casa del expresidente Allende al Estado.

“No le creemos nada”, decían senadores y diputados PS durante la reunión de emergencia de la comisión política, que se realizó en la sede nacional de la colectividad, en la céntrica calle París, para evaluar el impacto del acuerdo tomado por el TC y cuya sentencia aún no ha sido notificada a las partes.

El objetivo era definir cursos de acción frente a uno de los golpes más duros que ha recibido el partido en los últimos años. Otros, incluso, como la timonel de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, habían reclamado poco antes por el silencio que había mantenido Boric hasta ese momento. “Parece que se le cortó el internet al Presidente en la India”, dijo Vodanovic pasadas las 11 horas, cuando recién comenzaba la sesión que se extendió por más de tres horas.

Fue precisamente en medio de la catarsis socialista cuando se leyó el mensaje publicado por el Jefe de Estado en su cuenta de X, ya pasado el mediodía del viernes. “El pueblo de Chile le debe mucho a la senadora Isabel Allende. En la recuperación de la democracia, en los avances de los derechos de las mujeres, en la institucionalidad ambiental, en la protección de los trabajadores, en el resguardo de la memoria histórica y en tantas otras materias”, señaló el Mandatario.

En el mensaje, Boric expresaba su cariño y “eterno respeto” por la senadora de Valparaíso en estos “momentos duros”. Junto con manifestar su certeza respecto de la integridad de Allende, remarcó que “la figura de su padre, el expresidente de la República que murió en defensa de nuestra democracia, de Tencha, Beatriz y toda su familia, son universales y jamás serán mancilladas”.

Cuando terminaron de leer el posteo del Presidente no hubo aplausos entre la dirigencia socialista, sino desazón. No solo porque no había ningún mea culpa por un acto administrativo cuya iniciativa fue del propio Mandatario, según él mismo reconoció hace algunas semanas en entrevista con Chilevisión, sino que porque hasta ese momento el único partido del arco oficialista que no había llamado para solidarizar con la senadora había sido el FA, los mismos que el jueves en la noche celebraban con bombos y platillos la proclamación del diputado Gonzalo Winter como su abanderado presidencial. Una actitud que contrastaba con el apoyo recibido de otras colectividades, o incluso, con gestos como el del expresidente del PPD Guido Girardi, quien llamó a Vodanovic para preguntar si podía asistir a la sede del PS a manifestar su solidaridad.

Boric terminó llamando a la senadora Vodanovic la tarde del viernes, aunque no lograron hablar.

Más que palabras bonitas, lo que pedían en el PS era que rodaran cabezas dentro del Ejecutivo por las responsabilidades políticas y administrativas en la fallida operación de compraventa. Eso, a pesar de que el desaguisado ya costó la salida de las exministras de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA), de Defensa, Maya Fernández (PS), y ahora una senadora, además de algunos asesores jurídicos a cargo de la tramitación del proyecto.

Aunque el sumario administrativo aún está en curso, en el PS ya fijaron como piso mínimo exigir la salida de la jefa de la División Jurídico-Administrativa de la Segpres, Francisca Moya (FA), quien es responsable de visar la legalidad de los decretos y documentos que firma el Presidente.

“Aquí el principal responsable es el gobierno. En cualquier compraventa de un bien inmueble es el comprador el responsable de verificar las escrituras y que no existan prohibiciones o gravámenes que impidan esa compra”, recalcó el senador Alfonso de Urresti (PS), haciéndose eco de uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de Allende. En tanto, personeros del lote socialista “Grandes Alamedas” criticaban al Ejecutivo y al Presidente, endosándoles que el resultado de la seguidilla de desprolijidades cometidas en este caso “no había sido la destitución de la senadora Allende, sino que el fin de la familia Allende en la política chilena”.

Para los socialistas era inconcebible que Boric, en su afán por realzar la figura de Allende, terminara dañando el legado de una de las figuras más emblemáticas de la izquierda chilena y, de paso, dejara fuera de la política a sus dos herederas. En el partido reconocen que si bien la exministra Fernández zafó de la acusación constitucional, a la familia le será muy difícil revertir el desgaste que sufrió en esta pasada la marca Allende.

El exmandatario socialista muerto en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 ha sido uno de los referentes históricos de Boric y de buena parte de su generación en el FA. Y desde el día uno han buscado remarcar esa admiración. El 11 de marzo de 2022, antes de entrar por primera vez a La Moneda como Presidente, Boric pasó a rendir brevemente un homenaje a la estatua de Allende en la Plaza de la Constitución. Y a lo largo de su mandato es lejos el Jefe de Estado que más veces ha parafraseado a Allende en sus discursos, más que la expresidenta Michelle Bachelet.

“A mí no me gustan las idolatrías. Allende, como toda persona compleja, tiene luces y sombras. Él nunca pretendió ser un santo, pero políticamente, desde mi punto de vista, su trayectoria es impecable. Y lo respeto muchísimo”, señaló en una entrevista a la BBC Mundo en julio de 2023, a pocos meses de que se conmemoraran los 50 años del Golpe de Estado.

Por más que cambió sus anteojos por unos de marco negro más grueso similares a los que usaba Allende, los 50 años del Golpe no fueron fáciles para Boric. Desde la izquierda se le reclamó que los actos oficiales no hubieran contemplado con más fuerza el fortalecimiento de la figura y legado del exmandatario socialista, y que el gobierno no retrucara con más tenacidad los discursos que relativizaban las violaciones a los derechos humanos que levantaron algunos sectores de oposición.

Fue en ese contexto que desde Presidencia surgió la iniciativa de convertir la casa de Allende en un museo. La idea de Boric, debido a la impericia de los asesores de su gobierno, terminó transformándose en un desastre político para su coalición.

¿Cómo fue que un TC con mayoría progresista terminó destituyendo a la emblemática senadora Allende? El origen del golpe más grande recibido por el socialismo se remonta a diciembre del año pasado y se vincula directamente a un simple error formal que tuvo consecuencias devastadoras.

Cuando la jefa de la División Jurídico-Administrativa de la Segpres, Francisca Moya, olvidó adjuntar la Ley de Presupuesto 2025 cuando el Ejecutivo recurrió ante el TC para impugnar más de una docena de glosas, puso al polo progresista del pleno en una situación incómoda que marcó un punto de no retorno.

No haber ingresado ese documento hizo que el requerimiento estuviera a punto de no ser admitido a trámite. Cuando el pleno tuvo que hacer su análisis, a regañadientes las cinco ministras progresistas -Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Catalina Lagos, María Pía Silva y Alejandra Precht- hicieron vista gorda del error formal de la Segpres y le dieron luz verde al escrito para pasar a resolver el fondo. Ese voto -al que se sumó el del ministro judicial Mario Gómez- fue la gota que rebasó el vaso.

Fuentes vinculadas al TC cuentan que días después, en uno de los almuerzos del pleno, los ministros comentaron lo ocurrido. La sensación compartida era que a La Moneda se le había agotado su línea de crédito y que el ánimo de ahora en adelante es que no había voluntad de los ministros para seguir solucionando los errores del gobierno y -menos aún- pagar costos reputacionales por esas negligencias.

Un mes después, cuando los parlamentarios del Partido Republicano ingresaron su requerimiento para que el TC destituyera a Allende, desde el pleno mandaron señales al PS. El recado fue uno solo: no había agua en la piscina para salvarla. Por eso, ya a mediados de enero en el socialismo se sabía que el escenario más probable para la histórica senadora PS era su destitución.

La última semana de enero fue el hito clave. A esa altura la ministra Alejandra Precht -quien fue promovida por la DC en el cupo que designa la Cámara- se topó en actividades con personeros cercanos al PS y transmitió preocupación, ya que las dos ministras nombradas por Boric -las magistradas Marzi y Yáñez- daban señales de que acogerían los requerimientos y darían curso a la cesación del cargo de la senadora.

Quienes se enteraron de la situación cuentan que Precht comentó que la postura de la dupla Marzi-Yáñez dejaba en una posición muy incómoda tanto a ella como a su par decé, la ministra María Pía Silva. Si las dos magistradas de izquierda estaban por acoger el requerimiento, ambas ministras vinculadas al mundo democratacristiano no podían tomar una postura más a la izquierda. Solo en caso de que Marzi y Yáñez estuvieran del lado de la defensa de Allende ellas podían plegarse. De lo contrario, se quedaban sin espacio para tomar una decisión distinta.

Las advertencias las manejaba un grupo selecto de dirigentes del PS, quienes intentaron realizar gestiones para amortiguar lo más posible la derrota. Si el escenario probable a esa fecha era un fracaso 8-2, al menos había que intentar perder 6-4. Quienes supieron de estas conversaciones cuentan que los contactos se extendieron a todo nivel. Fuentes socialistas relatan que se le pidió a una exministra -cercana a Yáñez- que tratara de acercar posiciones con las magistradas que estaban en duda.

Al tener vinculación con La Moneda, el mapeo posicionó a la dupla Yáñez-Marzi -nombradas por Boric- como piezas clave del tablero. Esa presión la han vivido todos los exministros nombrados en los cupos del Ejecutivo que han pasado por el TC. Pese a que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), era notificado de todo este escenario, no queda claro si movió sus hilos. La situación avivó la crisis, ya que en sectores del oficialismo era poco creíble que el gobierno no tuviera influencia en las ministras que ellos mismos designaron. Esto, que ha pasado durante las cinco décadas de existencia del TC y de lo cual son testigos varios exministros, no se trata de controlar sus votos, sino que de transmitir argumentos o compartir los riesgos asociados a determinadas decisiones.

La esperanza de algunos dirigentes socialistas que siguieron de cerca la previa en el TC era que desde Presidencia se tendieran puentes con Marzi y Yáñez. Para eso se le pidió al ministro de Seguridad, Luis Cordero, que se sumara a esa tarea, una que ya había encabezado -en la Contraloría y en el TC- al aterrizar en el gobierno, luego del escándalo de los indultos. El anhelo era que pudiera replicar algo similar. Pero eso no pasó.

Hace tan solo dos semanas se acudió a un improbable comodín: el exjefe de gabinete del Presidente Boric, el abogado Matías Meza-Lopehandía (FA). El exinquilino de Palacio fue quien propuso a Yáñez y a Marzi como las cartas del gobierno para el TC, debido a que Boric pidió una condición: que ambas fueran mujeres. Eso, a contrapelo de los nombres que eran sugeridos por otras voces oficialistas que bregaban por expertos constitucionalistas como William García (PS) o Domingo Lovera (FA).

Meza-Lopehandía, quien proviene de Convergencia Social, ubicaba a Marzi de ese mismo mundo. A Yáñez la conocía mucho más de cerca. La magistrada -experta en derecho indígena- en 2009 fue la profesora que guio su tesis. Pese a que cercanos al abogado descartan sus gestiones, otras tres fuentes confirman que intentó convencer sin éxito a ambas ministras, quienes no recibieron de buen ánimo la presión.

Tras la fallida mediación de Meza-Lopehandía, quienes seguían de cerca la tramitación del requerimiento supieron que no había forma de darlo vuelta. De hecho, las mismas fuentes cuentan que el jueves, antes de los alegatos, se sabía que el resultado sería 8-2 con disidencias de Lagos -quien por su exmilitancia en el PS no tenía otra opción- y una sorpresiva minoría de Gómez.

Esa certeza existía al menos desde hace tres semanas. Prueba de ello es que en esos días el abogado de Allende, Gabriel Osorio (PS), tuvo una conversación con la senadora en que le transmitió que la información que manejaba es que perderían por una amplia mayoría. “Esto no se va a jugar por argumentos jurídicos, sino que aquí ya hay una decisión política de sancionarla”, le habría dicho el abogado, según relatan quienes supieron de esa reunión.

Eso no fue todo. Fuentes de La Moneda comentan que Osorio redactó una minuta -que llegó a manos de la Segpres, Elizalde e incluso la exministra Carolina Tohá (PPD)- donde daba a conocer este escenario y enumeraba posibles riesgos. Uno de ellos, según dos fuentes que vieron el documento, apuntaba a que si el TC acreditaba el vicio constitucional, la responsabilidad se podía acarrear hasta el Presidente, dejando la puerta abierta para que los más duros de la oposición -republicanos y libertarios- juntaran firmas para acusarlo constitucionalmente ya que fue él quien firmó el decreto supremo que autorizó el primer acto administrativo para la compraventa de la casa de Guardia Vieja. Notificar a Tohá -quien ya había dejado el gabinete- tuvo como objetivo que la extitular de Interior incidiera en Presidencia y el Segundo Piso para que tomaran cartas en el asunto.

La confirmación de que el TC falló con criterio político llegó cuando, tal como sabía la defensa de Allende, el acuerdo del pleno terminó siendo el anunciado 8-2. Lo que molestó en el oficialismo fue la postura que tomaron las ministras Marzi y Yáñez. Más aún cuando constitucionalistas de izquierda comentan que en sus fallos ambas ministras son quienes más respetan la máxima de la autorrestricción, es decir, que ante decisiones que afectan el principio democrático -como dejar a los electores sin la persona por la cual votaron para un cargo de elección popular- el razonamiento del TC debe ser lo más restrictivo posible. Pero para sorpresa de todos, su razonamiento fue justamente el contrario.

En la postura que tomaron Marzi y Yáñez, según varios constitucionalistas del oficialismo, pesó un interés por cuidar la imagen del TC y proteger el prestigio personal de ambas abogadas, en un contexto donde la oposición había instalado hábilmente en la opinión pública que cualquier resultado distinto a la destitución era un salvataje político del TC a una influyente senadora. “Van a disfrazar de jurídica una decisión que es netamente política”, dice un abogado oficialista.

La filtración del acuerdo del TC la tarde del jueves pilló al grueso de la directiva socialista y a sus parlamentarios desplegados en regiones, lo que dificultó una reacción inmediata. Por los chats del partido, sin embargo, los mensajes de los socialistas ajenos al mundo judicial pasaron de un estado inicial de shock e incredulidad a una sobrerreacción en la que no faltaban quienes pedían salir del gobierno. Por lo mismo, la primera declaración del partido, publicada en la tarde del jueves, trató de calmar las cosas y postergar para el día siguiente una evaluación política “con la cabeza más fría”.

El rol clave del PS en la sustentación del gobierno de Boric pesó mucho en el análisis que se llevó adelante en la reunión de emergencia la mañana del viernes, por lo que desactivaron la amenaza de abandonar la coalición. En cambio, optaron por declararse en “reflexión”, una forma elegante de dejar en suspenso la relación con el Ejecutivo y sus aliados del FA, a la espera de que otros actores asuman sus responsabilidades en los desaciertos administrativos y legales por este bochorno.

Mientras eso no ocurra, señalaban en la colectividad de calle París, varias son las alternativas que tienen a mano para mantener la tensión con el gobierno y con el FA. Por lo pronto, ya quedó en duda el respaldo al nombramiento de la frenteamplista Antonia Rivas en el consejo directivo del Servel, en reemplazo del socialista Alfredo Joignant. Incluso, evalúan si apoyar a la frenteamplista Camila Rojas para la presidencia de la Cámara de Diputados o bloquear que se nomine al frenteamplista Domingo Lovera como suplente de ministro en el TC.

La tensión dentro del oficialismo a solo días de que venza el plazo para cerrar acuerdos de primarias presidenciales podría escalar aún más. Algunos dirigentes socialistas han deslizado la opción de restarse de las primarias con el FA o, incluso, dejar al partido de Boric fuera del pacto parlamentario. De ser así, la iniciativa del Presidente Boric por convertir la casa de Allende en un museo no solo habría terminado con la familia Allende fuera de la política, sino que también sería un golpe al mentón al sueño del propio Mandatario de dejar una coalición amplia como su gran legado político.