Líos de plata: comisión investigadora concreta envío de oficio a Contraloría por ausencia de Crispi

Tal como se había anunciado durante la jornada, los integrantes de la comisión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas que investiga las responsabilidades políticas en los líos de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado, enviaron un oficio al contralor Jorge Bermúdez donde solicitan iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra Miguel Crispi (RD) debido a su nueva inasistencia a la instancia parlamentaria.

Esto, luego de que esta jornada, por segunda vez consecutiva, el jefe de asesores del Segundo Piso y exdiputado, Miguel Crispi, no respondió a una convocatoria realizada por la comisión parlamentaria y se limitó a enviar un documento de seis páginas para responder a algunos de los cuestionamientos que surgieron cuando fue subsecretario de Desarrollo Regional, rol que lideró hasta septiembre de 2022.

A raíz de la molesta que generó su nueva ausencia, los diputados integrantes de la comisión aprobaron por seis votos a favor y tres en contra oficiar a la Contraloría General de la República para que se pronunciara sobre si el jefe de asesores entra o no en la categoría de funcionario público, argumento que esgrimió Crispi y su equipo para excusarse cuando se ausentó por primera vez de la comisión.

Así, en un oficio firmado por el abogado secretario de la comisión, Juan Carlos Herrera, y fechado hoy 12 de octubre en Valparaíso, la comisión que preside el diputado José Miguel Castro (RN) señala al contralor Bermúdez que “acordó oficiar a Ud. con el propósito de solicitarle tenga a bien iniciar el procedimiento sancionatorio a que se refiere el artículo 10 de la ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, respecto del señor Miguel Crispi Serrano, jefe de Asesores de la Presidencia, quien no compareció ante esta Comisión, pese a haber sido citado en dos oportunidades”.

En la sesión de este jueves de la instancia, la oposición señaló que analiza -a modo de medida de presión por este caso- recortar el presupuesto de Presidencia en la tramitación del proyecto sobre el erario fiscal para el 2024, particularmente en el pago de honorarios.

“Hay personas en el gobierno que simplemente no quieren venir a dar explicaciones por los traspasos millonarios a las fundaciones pro Boric y se creen superiores, al parecer ellos creen que hay funcionarios públicos de primera y segunda categoría. (...) Vamos a tener que evaluar entonces la continuidad de estos funcionarios públicos, porque Miguel Crispi no tiene por qué sentirse superior al resto de los funcionarios, ni por ser la mano derecha del Presidente Boric y amigo de Giorgio Jackson”, apuntó la diputada republicana Chiara Barchiesi.

Por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN), quien preside la instancia, detalló que “cuando no hay un mal gobierno, el contrapeso del Poder Legislativo tiene que hacerse valer y la Ley de Presupuesto es nuestra mejor herramienta para demostrale (nuestras facultades) al gobierno. Y si hay un funcionario a honorarios, como Miguel Crispi, que no asiste a una comisión investigadora, esa área (de honorarios) se tendrá que revisar para tal vez quitarla”.

Desde el oficialismo, el diputado PPD Raúl Soto señaló que la ausencia de Crispi era “imprudente” y que genera un “efecto nocivo” en el objetivo de la comisión. Tanto él como el diputado Marcos Ilabaca (PS) votaron a favor de oficiar a Contraloría.

“Lo que ha hecho el señor Crispi es una falta de respeto para este poder del Estado, es una falta de respeto para la labor fiscalizadora que tenemos en la Cámara de Diputados, habiendo sido además el señor Crispi diputado y conociendo esta facultad fiscalizadora. Por lo tanto, más allá de la discusión jurídica que va a ser zanjada por la Contraloría, respecto de si es funcionario público o no, tenía el deber ético, el deber político de dar la cara”, cuestionó Soto.

En tanto, la diputada Marcela Bulnes (Ind.-RD) señaló que es “imprudente que el señor Crispi no haya venido, pero no creo que tenga la calidad de funcionario público que lo obligaba a asistir, porque hay dictámenes de Contraloría que dicen que las personas que trabajan honorarios para el Estado no tienen la calidad de funcionarios públicos”.

El PS Marcos ilabaca fue más allá y criticó en duros términos la posición asumida por Crispi: “Es impresentable que cualquier funcionario de gobierno evada la acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Mi tema es con esa situación, no podemos admitir que funcionarios públicos que cumplen un rol público no asistan a una citación de la cámara porque lo que estamos desarrollando es perjudicar la acción propia que le corresponde a cada uno de los parlamentarios”.