Los desacuerdos entre el Ejecutivo y Valencia durante el despacho a Sala del proyecto de Fiscalía Supraterritorial

En poco más de dos horas, una agitada comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a la Sala el proyecto que crea una Fiscalía Supraterritorial, parte de la batería de medidas del Ejecutivo para fortalecer al Ministerio Público con el fin de combatir el creciente crimen organizado.

¿Doce funcionarios más para la Fiscalía Supraterritorial? Esa fue una de las interrogantes que se tomó el debate no solo en los parlamentarios, sino que también entre el fiscal nacional, Ángel Valencia y los ministros representantes del Ejecutivo: Hacienda, Mario Marcel y Justicia, Luis Cordero, quienes se apersonaron en el Congreso para afinar los detalles de la iniciativa.

Los secretarios de Estado plantearon su negativa ante la propuesta de agregar doce funcionarios al eventual ente persecutor, argumentando inconvenientes presupuestarios. Así, la medida quedó en 98 trabajadores, cifra que dista de los poco más de cien que esperaba Valencia.

Ante la controversia, Cordero manifestó que los esfuerzos de este gobierno son los mayores que se han hecho en años para fortalecer las instituciones de seguridad y zanjó que “es simplemente comparar los números, me parece que esos son indicadores significativos. Con el fiscal nacional podremos tener diferencias sobre si esas doce personas que están asociadas pueden ser suplementadas, pero es una cuestión que tiene que ver con gestión al interior del Ministerio Público”.

Por su parte, el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, al respecto de los dudas de la continuidad del proyecto en el caso de que no se apruebe con más personal, señaló que “está fuera de toda proporción” y remarcó que “si de esos 12 funcionarios depende todo lo que aquí se ha mencionado tendrían que ser prácticamente dotados de poderes sobrenaturales”.

A estas declaraciones, el líder de la fiscalía arremetió con que “no son solo doces funcionarios administrativos, no cabe duda, eso es mas bien despreciar su importancia”

En esa línea, explicó: “Lo que hay es una contradicción entre lo que dispone el proyecto de ley que habla de tres delegaciones y con la dotación que se está proponiendo no alcanza”.

“Si ahora nos dicen que vamos a tener que recurrir a funcionarios del plan de fortalecimiento que estaban dirigidos a otro propósito para poder sostener una ley que originalmente tenía un soporte financiero distinto, significa entonces que ya tampoco tenemos el plan de fortalecimiento”, zanjó Valencia.

Asimismo, apuntó a que inicialmente tenían un consenso sobre los lineamiento del proyecto con el Ejecutivo y que tras esta modificación “el acuerdo sobre el particular no era tan confiable como creíamos”.

Palabras que no fueron bien recibidas por el frenteamplista Jaime Sáez, quien expresó: “Decir que el acuerdo que suscribimos no es tan confiable como parecía, me parece que no corresponde. Nadie está despreciando la importancia de esos 12 funcionarios y la labor que puedan desempeñar. Sin embargo, creo que decir que acá lo que se suscribe finalmente se lo lleva el viento, o no es, se cruza un límite que a mí, al menos, me parece que no es tolerable”.

El presidente de la instancia, Carlos Bianchi, distendió el debate y señaló que al ser un proyecto de gradualidad podría someterse a aumentar el presupuesto durante los años siguientes.

“¿Son necesarios para hoy? Bueno, usted señala que sí, pero yo entiendo que como hay una gradualidad de tres años, efectivamente se van a ir haciendo estas delegaciones regionales en los próximos meses, en los próximos años, y en el intertanto habrá una readecuación y luego efectivamente se buscará el presupuesto”.

Tras la aprobación del proyecto en Hacienda, el diputado radical miembro de la comisión, Alexis Sepúlveda, valoró el acuerdo y destacó que es “una señal potente y clara con respecto a la delincuencia y al crimen organizado, y por cierto, esperamos que esto contribuya a bajar los niveles en nuestro país”.