De la guerra civil a los días de la UP: los disímiles destinos de los otros ministros acusados constitucionalmente

El humo de los cañones tras las batallas de Concón y Placilla ya se había disipado cuando ocurrió. Una vez consumado el triunfo congresista en la guerra civil de 1891, y tras el suicidio del Presidente José Manuel Balmaceda, fue la primera vez que la historia registra una acusación constitucional contra un ministro.

En rigor, no fue contra un solo secretario de Estado y tampoco contra ministros en ejercicio. Con el dramatismo propio de una guerra, todo el derrotado gabinete de Balmaceda fue acusado. Así, los exministros Claudio Vicuña, Domingo Godoy Cruz, Ismael Pérez Montt, José Miguel Valdés Carrera (nieto de José Miguel Carrera), José Francisco Gana Castro y Guillermo Mackenna fueron suspendidos de sus cargos. Sin embargo, la suspensión y la notificación fueron inoficiosas, debido a que todos huyeron del país al conocerse la derrota balmacedista.

En concreto, se trató más de una vendetta que de un acto político. “Haberse alzado contra el orden constituido, creando una dictadura arbitraria y tiránica”, rezaba la primera causa –de 16– por las cuales se les acusaba.

Con la política desarrollándose dentro de los encopetados salones del Club de la Unión, el Teatro Municipal o el Club Hípico, el Congreso tuvo la hegemonía durante el período oligárquico, amén de la herramienta de la censura ministerial para derribar ministerios completos. Sí. Completos. Todo el gabinete debía salir si el Congreso aprobaba esta acusación, lo cual ocurrió en una multiplicidad de ocasiones.

Entonces, no es raro que todos los Presidentes del período tuvieran más de 10 gabinetes diferentes producto de esto, y que muchos nombres se repitieran (el sardónico Ramón Barros Luco, de hecho, fue ministro 16 veces). El que batió todos los récords fue Arturo Alessandri Palma, quien en sus primeros cuatro años, tuvo 18 gabinetes diferentes y 76 ministros. según detalla señala el historiador Leopoldo Castedo en su libro Chile: vida y muerte de la república parlamentaria (de Balmaceda a Alessandri) (Sudamericana, 1999). El “León”, fue especialmente enfático en acabar con las rotativas ministeriales en el marco de la nueva carta magna.

“Alessandri abogó con vehemencia por la superación de la rotativa ministerial privándose a los partidos políticos de la tuición directa y exclusiva sobre los secretarios de Estado”, señala Castedo en su citado volumen.

Con los agitados días que dieron forma a la Constitución de 1925 (plebiscito y golpes de Estado mediante), y tras el fin del Parlamentarismo, podemos encontrar ministros en ejercicio acusados constitucionalmente y suspendidos de sus funciones, en un formato bastante similar al que impera en nuestros días. El primer caso fue en 1926, cuando se acusó al entonces ministro del Interior, Maximiliano Ibáñez, pero fue desechada.

Pero en 1939, el Congreso acusó al ministro del Interior del Presidente Pedro Aguirre Cerda, el radical Pedro Enrique Alfonso. Como lo establecía la carta magna, este quedó suspendido ya que la Cámara aprobó la acusación, pero volvió a reintegrarse una vez que el Senado la desechó.

A “Don Tinto” le tocó una oposición especialmente dura, puesto que Alfonso fue solo el primero de tres ministros que fueron acusados y que quedaron suspendidos de sus funciones. Los otros fueron Guillermo Labarca, de Interior; y Abraham Ortega, de Relaciones Exteriores, todos en 1940. De ellos, solo fue destituido Labarca.

Desde ahí, hay que saltar a 1957 para volver a encontrar acusaciones constitucionales a ministros en funciones. Ahí la ofensiva recayó en tres miembros del gabinete de Carlos Ibáñez del Campo: Santiago Wilson, de Tierras y Colonización; Osvaldo Sainte-Marie, de Relaciones Exteriores; y Arturo Zúñiga, de Justicia. Todos quedaron suspendidos de sus funciones, pero solo Wilson recuperó su cargo.

Luego, en 1970, durante los últimos días de la “Revolución en libertad”, de Eduardo Frei Montalva, hubo dos ministros acusados y suspendidos. Eduardo León Villarreal, titular de Trabajo, y Sergio Ossa, Defensa. Para alivio de Frei, ninguno de los dos terminó siendo destituido.

A diferencia de lo que ocurre en nuestros días, por esos años, bajo la Constitución de 1925 la autoridad pública acusada exitosamente era depuesta, pero no quedaba inhabilitada para ejercer algún otro cargo. Eso sí, se le ponía a disposición de tribunales si el hecho cometido lo ameritaba.

Si hubo un período especialmente prolífico en acusaciones constitucionales a los ministros, ese fue durante el gobierno de Salvador Allende. En días donde la Unidad Popular aspiraba a la “Vía chilena al socialismo”, enfrentaba una oposición en el Congreso que se hizo sentir casi de inmediato.

En 1971, Allende enfrentó tres acusaciones constitucionales a ministros, entre ellos, al conductor económico de la UP, el socialista Pedro Vuskovic, en diciembre de ese año (poco después del fin de la prolongada visita de Fidel Castro a Chile). Sin embargo, ninguna se acogió.

Pero las cosas cambiaron en enero de 1972. La DC acusó al entonces ministro del Interior, José Tohá, de no ejercer su autoridad para mantener el orden público. El elemento gravitante fue el atentado al exministro Edmundo Pérez Zujovic, en junio de 1971, hecho que fue especialmente sensible para la falange.

“El elemento central de la acusación constitucional era la existencia de grupos armados ilegales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, que el Gobierno, y en particular el ministro del Interior, no podía o rehusaba controlar”, señala Mario Amorós en su libro Allende, la biografía (Ediciones B, 2013).

Tohá fue suspendido y luego destituido. Pero Allende no se complicó y lo reasignó al ministerio de Defensa, puesto que ocupó hasta julio de 1973. Alejandro Ríos Valdivia fue quien tomó el puesto de Tohá en Interior. Poco después, otro socialista asumió en Interior, Hernán del Canto, quien también fue acusado constitucionalmente, por razones similares a las de Tohá.

“Declarar, asimismo, que estima que el ministro acusado ha incurrido en grave abuso de poder al ordenar la detención arbitraria y preventiva de diversos periodistas, sin fundamento legal que lo justifique, para después querellarse en su contra por supuesta infracción de la Ley de Seguridad del Estado, atropellando así los derechos y garantías constitucionales que les protegen, y significando una presión, sanción o amedrentamiento inaceptable”, señalaba el texto de la acusación.

Del Canto fue suspendido y luego destituido, pero esta vez Allende no lo reubicó en ningún ministerio. Asumió como nuevo titular de Interior el también socialista Jaime Suárez Bastidas.

Pero las acusaciones no cesaron. En diciembre de 1972, fue el turno del ministro de Hacienda, el comunista Orlando Millas, a quien se le llevó al estrado por las consecuencias del paro de octubre de ese año.

"Se expresa en el libelo que el ministro de Hacienda ha encabezado, por muchos conceptos, las actuaciones gubernativas contra los gremios que adhirieron al paro de octubre. Estos actos son un manifiesto abuso de poder que persiguen “la lenta y progresiva aniquilación institucional y el acallamiento por cualquier medio de las voces opositoras que se alzan para denunciar las ilegalidades y arbitrariedades de este Gobierno”, rezaba el informe de la comisión acusatoria de la Cámara.

Millas fue suspendido, pero Allende replicó lo que había hecho con José Tohá y lo reubicó en la cartera de Economía, donde lo enrocó con Fernando Flores. Posteriormente, el Senado lo destituyó, pero ya no era el dueño de la billetera fiscal.

Pero Millas volvió a ser acusado, en junio de 1973, esta vez, debido a su gestión favorable a las JAP (Juntas de Abastecimientos y Precios). Los parlamentarios aseguraban que “no tienen gestación democrática”. Fue suspendido, y Allende no lo volvió a reasignar. Fue sustituido por José Cademartori, también del PC.

Luego vino algo inédito. En mayo de 1973, el Congreso impulsó una acusación constitucional conjunta para dos ministros: Luis Figueroa (PC), de Trabajo, y Sergio Bitar (Izquierda Cristiana), de Minería. Curiosamente, Bitar había trabajado en la campaña presidencial de Radomiro Tomic, en la misma elección donde resultó ganador Allende. Ambos quedaron suspendidos de sus funciones y luego destituidos. Jorge Godoy asumió en Trabajo, y Pedro Ramírez en Minería.

De ahí, hay que saltar a julio de 1973, donde encontramos al último ministro del Interior acusado y suspendido de sus funciones, bajo la Constitución de 1925. Se trató del socialista Gerardo Espinoza Carrillo, quien había sucedido en el cargo al general Carlos Prats. Espinoza fue acusado por la responsabilidad política de un violento allanamiento realizado por la policía civil a la sede del canal 6 de televisión abierta, entonces de propiedad de la Universidad de Chile.

“Este hecho, que reviste una gravedad extrema y que nos hace recordar fechorías propias de regímenes nazis hasta ahora desconocidas en Chile, no fue el producto de la casualidad o de la irresponsabilidad de un funcionario subalterno”, señalaba el libelo acusatorio.

Tras la deliberación de parlamento, Espinoza fue suspendido de su cargo, y posteriormente el Senado lo destituyó. Fue reemplazado por el socialista Carlos Briones, quien también fue acusado, pero esta iniciativa no prosperó y se mantuvo en su cargo hasta el día del golpe militar.

Tuvieron que pasar 47 años para volver a encontrar a otro ministro del Interior suspendido, como es el caso del UDI Víctor Pérez Varela. Se trata del primer jefe de gabinete sancionado desde el retorno a la democracia.

Pero Pérez no es el único caso. En 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste (DC), fue reemplazada por el ministro de Transportes, René Cortázar, mientras duró su período de suspensión, el cual derivó en la aprobación de la acusación por parte de la Cámara de Diputados. Cortázar hizo las veces de biministro, hasta que fue Mónica Jiménez de la Jara quien asumió definitivamente el cargo tras la destitución de Provoste.

A Provoste se le acusó por su responsabilidad política en el llamado Caso Subvenciones, donde la Contraloría detectó irregularidades en la entrega de recursos a sostenedores de colegios, en rigor, existían cerca de 600 millones de dólares entregados sin respaldar. La acusación prosperó gracias al apoyo del sector “colorín” de la falange.

En 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue el subsecretario Fernando Rojas quien reemplazó al ministro de Educación, Harald Beyer, mientras este último se encontraba suspendido de sus funciones.

Beyer fue finalmente destituido, por no perseguir las denuncias de lucro en las universidades. “Acusan al señor Ministro de haberse abstenido notoriamente de disponer, con especial énfasis en la aplicación del principio de oportunidad, todas las gestiones correspondientes a dar curso a procesos administrativos y/o judiciales referidos a las denuncias presentadas ante él, tanto por particulares como por autoridades administrativas”, decía el informe revisor de la Cámara.

Al aprobarse la acusación contra Beyer, fue Carolina Schmidt, entonces ministra del Sernam, quien asumió la siempre complicada cartera.

En lo que va de este gobierno, en tanto, además de la acusación contra Pérez, la oposición ha presentado otros siete libelos contra autoridades o exfuncionarios del gobierno.

Solo una ha prosperado tanto en la Cámara como el Senado: contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien quedó inhabilitado de ejercer cargos públicos durante cinco años. La otra que sorteó la valla de los diputados -pero se cayó luego en la Cámara Alta-, apuntó al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Los otros cinco libelos que fracasaron al ser rechazados por los diputados y concluyeron en esa instancia su tramitación fueron contra el ahora exministro de Salud, Emilio Santelices; la entonces titular de Educación, Marcela Cubillos; el Presidente Piñera; el exministro de Salud, Jaime Mañalich; y el libelo ingresado contra tres ministros de la Corte Suprema, por haber concedido el beneficio de libertad condicional a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad.

Si el Senado rechazará la acusación contra Pérez, como fue el caso de Carlos Briones, o si será destituido, como Guillermo Labarca, lo dirán los hechos que ocurran de acá en adelante.