El Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central analizó la discusión que se generó en redes sociales en torno a tres acontecimientos recientes: el caso Ámbar, el impuesto a los súper ricos y el acceso al bono de 500 mil pesos. Pese a que son hechos de distinta naturaleza, tras una revisión exhaustiva se halló un trasfondo en común: la conversación digital expresa el malestar de los ciudadanos.

El impuesto transitorio a los súper ricos es un proyecto que fue presentado por diputados de oposición. La iniciativa establece que las personas que tengan un patrimonio superior a los 22 millones de dólares paguen por una sola vez un impuesto del 2,5% de su patrimonio. Cifra que corresponde a 1.900 chilenos aproximadamente. El objetivo es recaudar entre 6.000 y 6.500 millones de dólares. Este beneficio permitiría que el 80% de los hogares más vulnerables, conformado por familias de tres personas, reciban por tres meses 369 mil pesos.

El ministro de Hacienda, Felipe Briones ha criticado la propuesta, ya que a su juicio, no está claro su objetivo y no lograría recaudar el monto señalado. Además políticos del oficialismo cuestionan la constitucionalidad del proyecto, debido a que los cambios tributarios son facultad del poder Ejecutivo. 

“En el caso del impuesto a los súper ricos el gobierno intenta dar argumentos técnicos, que no se va a recaudar lo que la gente piensa. Sin embargo, a la gente no le interesa si recauda más o menos. Detrás de la aprobación de este proyecto hay una cuestión simbólica, emotiva e incluso comunicacional”, explica Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.

El asesinato y violación de Ámbar Cornejo ha estremecido a todo un país, debido a la crueldad del acto y al estado de vulnerabilidad en el que vivía la menor de 16 años. Su padrastro, Hugo Bustamante es el principal imputado del hecho. La comunidad de Villa Alemana se volcó a las calles, realizando una masiva velatón para pedir justicia. El caso ha generado un gran interés mediático, teniendo una amplia cobertura en matinales y noticiarios. En redes sociales se cuestiona el rol que pudo tener la madre de Ámbar, Denisse Llanos en el caso, quien está en calidad de testigo y la decisión de la jueza Silvana Donoso, quien lideró la comisión que otorgó la libertad condicional en 2016 de Hugo Bustamante.

Cabe recordar que el denominado asesino del tambor, fue condenado en 2005 a 27 años de prisión tras el homicidio de su pareja, Verónica Vásquez y su hijastro de 9 años, Eugenio Honorato. Bustamante solo alcanzó a cumplió 11 años de su sentencia. Otro hecho que genera cuestionamientos es el informe elaborado por Gendarmería que era desfavorable a su excarcelación. Actualmente algunos parlamentarios anunciaron que presentarán una acusación constitucional a la jueza Donoso.

El bono de 500 mil pesos para la clase media también generó una serie de críticas en redes sociales, debido a las falencias que presentó durante julio la página web del Servicio de Impuestos Internos (SII) para poder procesar este beneficios. Posteriormente se abrió un proceso de rectificación para las personas que no pudieron realizar el trámite en línea. 

“Yo te puedo dar argumentos técnicos, a la gente no le importa el argumento técnico. Lo que se cuestiona, por ejemplo, en el caso de Ámbar es que el sistema no imparte justicia, sino que se aplican leyes. En el tema del bono de 500 mil se cuestiona a la institución. El SII no pudo realizar  el trámite porque se cae la plataforma. Y en el caso del impuesto de los súper ricos también se alude a un argumento técnico, señalando que no es un buen proyecto y que no sería efectivo, ya las familias más pudientes podrían eludir el pago de este impuesto. Todo esto genera un profundo malestar y rechazo, contra el Estado, la institución y quien administra el Estado que es el gobierno”, detalla Moreno.

A juicio de este especialista, el proceso constituyente va a estar tomado por la discusión que se va a dar en el territorio digital. “El caso Ámbar habla de malestares que pueden estar en la base de un próximo estallido social, como la justicia, la vulneración de derechos de los niños. El caso del impuesto a los súper ricos toca la tecla de la desigualdad y la crisis socioeconómica generada por la pandemia”, sostiene el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la UCEN.

La élite política y económica estaría desconectada de la emocionalidad que hay detrás de las demandas ciudadanas y de la discusión política que se genera en redes sociales. “Las políticas publicas tienen que tomar en cuenta un proceso de escucha inteligente, tratar de procesar esto que se conversa en la red y tomarlo como un insumo en la toma de decisiones”, propone Marco Moreno.

Agrega que las autoridades debieran darse cuenta que en el territorio digital hay un factor que puede ser gatillante de protestas y movilizaciones. “La élite gobernante y los empresarios deberían procesar, entender e incorporar esa dimensión cada vez que toman decisiones. La clave es gestionar políticamente las emociones”, puntualiza.

“El gobierno no debiera dar argumentos técnicos respecto al proyecto de impuestos a los súper ricos, por ejemplo, esa tecla no sirve en esa discusión. El gobierno también debería hablar desde la emoción. Gestionar políticamente las emociones”, recomienda.