Ninguneo constitucional: TC opta por no considerar reclamos oficialistas contra Ley Antiterrorista y envía severa señal a parlamentarios

A pesar de que durante la tramitación de la Ley Antiterrorista, especialmente las bancadas del Partido Comunista y el Frente Amplio hicieron reservas de constitucionalidad en contra esta nueva norma, que este martes fue promulgada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, esos reclamos políticos finalmente quedaron en nada.

De partida, ni en el Senado ni en la Cámara, los disidentes de la iniciativa lograron reunir las firmas para presentar un requerimiento formal ante el Tribunal Constitucional. La Constitución exige que estas presentaciones tengan el patrocinio de una cuarta parte de cualquiera de las ramas del Congreso: 38 diputados o 13 senadores.

Las quejas apuntaban especialmente al artículo 19 de la nueva ley, que habilita el uso de dispositivos electrónicos, entre ellos el IMSI catcher, para rastrear e intervenir celulares y direcciones de IP con el fin de detectar y neutralizar amenazas. A juicio de algunos legisladores, ello implicaba un invasión a la privacidad y una violación a garantías fundamentales, porque estos equipos rastrean sin discriminar a las personas no sospechosas.

Al no reunir esa cantidad de rúbricas, un grupo de diputados del PC y Frente Amplio, con el apoyo de algunos socialistas optaron por presentar un “téngase presente”, un simple oficio que no tiene el mismo peso jurídico que un requerimiento y que tampoco obliga al tribunal a pronunciarse.

Lo mismo hicieron en forma paralela los senadores Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC), Yasna Provoste (DC) y Francisco Huenchumilla (DC).

Ambas presentaciones, que en rigor no tenían mayor respaldo constitucional, más que el derecho a petición, intentaban aprovechar la revisión que iba a realizar, de todos modos, el Tribunal Constitucional. Dado que la Ley Antiterrorista incluía normas orgánicas constitucionales, inevitablemente debía pasar por el “control preventivo” del TC.

Pese a ello, el Tribunal Constitucional hizo un corte severo y no consideró los reparos.

Incluso, el oficio de los diputados ni siquiera fue incluido en el expediente, mientras que el “téngase presente” de los senadores, solo por deferencia, fue incorporado en la causa como un mero antecedente. En la práctica eso implicaba enviar el documento al archivo. Es más, hubo tres ministros del TC, de visiones jurídicas distintas, Raúl Mera, Catalina Lagos y Héctor Mery, quienes estaban por declarar improcedente este oficio de los senadores, ya que en un proceso de control preventivo de una reforma, como era este caso, no correspondía abrir espacio a que los legisladores intervengan como partes en un juicio.

En su sentencia definitiva, el tribunal determinó, además, que el artículo que intentaban impugnar los diputados y senadores, ni siquiera era de rango orgánico constitucional, por lo tanto, no se pronunció sobre las alertas de constitucionalidad planteadas por los legisladores.

Adicionalmente, en uno de sus considerando, en una suerte de recado al Congreso, los ministros del TC remarcan, que “no es factible examinar”, las reservas de constitucionalidad planteadas en el debate legislativo respecto del mencionado artículo 19 del proyecto (el uso de dispositivos de rastreo), ya que no se trataba de una norma sujeta a “control obligatorio” de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero, N° 1, de la Constitución. Por lo tanto, en subsidio, cualquier reserva de constitucionalidad debía ser legitimada con un requerimiento “del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio”.

Este fallo sienta una jurisprudencia del TC ante reclamos de parlamentarios que no reúnan firmas para impugnar formalmente un proyecto de ley. Con ello, se pone una lápida a los “téngase presente” y marca un precedente a los reparos que se querían levantar contra la reforma de pensiones.