PC, RD y socialistas meten presión a La Moneda para no facilitar un “perdonazo” a las isapres

Un nuevo dilema enfrenta el gobierno del Presidente Gabriel Boric en su agenda de salud, encabezada por la ministra Ximena Aguilera.

El informe que entregó este martes el comité técnico de la Comisión de Salud del Senado, con el que se busca aplicar el fallo de la Corte Suprema, reflotó la fuerte presión a la que está expuesto el Ejecutivo de parte de los legisladores que integran la alianza gubernamental.

Este documento de 105 páginas determinó un nuevo cálculo de los montos que las isapres deberían restituir a sus afiliados de acuerdo al fallo de la Suprema. Si bien originalmente la Superintendencia de Salud, con el aval de La Moneda, cifró la deuda de las isapres en más de US$1.400 millones, el nuevo informe técnico del Senado lo redujo a US$451 millones.

En el gobierno -que ya presentó una ley corta para hacer frente al fallo en mayo de este año- dieron tímidas señales favorables a la propuesta técnica que además recomendaba un mecanismo de pagos gradual en 10 años.

Sobre el tema la titular de Salud valoró el informe técnico del Senado como un insumo, en el entendido que no es un elemento vinculante ni definitivo. “Es un informe de consenso, donde no hay posturas de minoría. Efectivamente hay una propuesta que permite dar cumplimiento a la sentencia y a la vez dar estabilidad financiera al sistema, que es lo que a nosotros nos preocupa”.

La secretaria de Estado añadió que el documento surgió luego de “tres meses de trabajo arduo y serio, por lo tanto implica un análisis profundo por parte nuestra que se está proponiendo para recogerlo adecuadamente a través de las indicaciones”.

Sin embargo, las señales del gobierno, donde admiten que es un tema extremadamente delicado, generaron ruido en las filas del oficialismo.

El integrante de la Comisión de Salud del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), cuyo asesor -el exsubsecretario Cristóbal Cuadrado- dirigió a la comisión experta, planteó que “tenemos que estudiarlo más a fondo, pero lo que tenemos claro es que no estamos disponibles para perdonazos a las isapres, es decir, acá las isapres tienen que cumplir el fallo de la Corte Suprema y pagar lo que deben. El plazo se puede conversar, diez años, a priori, a mí me parece mucho”.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que “me llama profundamente la atención el tratamiento técnico que se le da a un fallo del Poder Judicial al disminuir a un tercio la deuda que por el sobrepago tienen las isapres con los usuarios. Me imagino que esto está pensado a la medida de la viabilidad de que se mantengan las isapres”.

De acuerdo a Carmona, “si Fonasa tiene en el aparato público las demoras que tiene (...), ¿qué pasaría si lo presiona todo el traspaso de isapres hacia Fonasa? Aquí el tema de fondo es cómo hay una interpretación que disminuye ostensiblemente la deuda que, sin presión de nadie, la Corte Suprema había resuelto”.

La bancada de diputados socialistas, en tanto, emitió una severa advertencia. “La deuda de las Isapres con las personas no puede terminar pagándola las propias personas. La propuesta que ha hecho la comisión técnica es una mala propuesta. Nos parece que es impresentable que la deuda de las Isapres terminen pagándola los chilenos. Estamos en contra de un perdonazo a las Isapres y creemos que las Isapres deben pagar su deuda que tienen con los chilenos”, dijo el jefe de la bancada PS, Daniel Manouchehri

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), planteó que “la deuda parece bastante reducida en relación a lo que nosotros teníamos entendido (...). Para ser responsables y serios, tenemos que verlo en detalle (...). Aquí lo que no va a haber es ningún tipo de perdonazo a las isapres (...). Nos saltan las preocupaciones con lo que hemos conocido”.

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), quien también integra dicha comisión y ha promovido una acusación constitucional en contra de la ministra Aguilera, manifestó que “el informe técnico recomienda un perdonazo descomunal a las isapres, desde los $1.400 dólares originales, a los $451 millones de dólares”.

No obstante, en el mismo oficialismo hay quienes le quitan presión a La Moneda.

El diputado Patricio Rosas (independiente Frente Amplio) sostuvo que “la Comisión Técnica propone una vía de solución que permite sostener la cobertura de salud de las familias afiliadas al sistema privado, pagar lo adeudado por cobros en exceso y al mismo tiempo da la estabilidad necesaria al sector, mientras se hace una reforma integral al sistema de salud que debe incorporar la red de prestadores públicos y privados, los aseguradores y un sistema de pagos entre las partes. Esta reforma ya no puede esperar”.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), quien preside la Comisión de Salud de la Cámara Alta, tomó distancia de lo que señalaron los diputados de su partido y precisó que el informe técnico sólo contiene simulaciones. “Hay que ponerlas en el plano de las hipótesis, no de las realidades. Nosotros lo vamos a tomar (el informe) con mucha libertad. Todo el mundo puede opinar y cada uno lo verá en su cámara con la guitarra en la mano. En estos momentos está en el Senado y lo estamos viendo con profundidad”, señaló.

El exsenador Guido Girardi (PPD), respaldó a la ministra Aguilera, quien a su juicio “debería tener el apoyo de todos y no hacer populismos porque la situación de salud es dramática. Hay que tener sentido común, solidaridad y generosidad con el país, qué sentido tiene cuestionar a la ministra”.

En el gobierno aún no ha existido una reunión interministerial para abordar el informe de la Comisión de Salud. La propuesta se encuentra en estudio por parte de algunos integrantes del gabinete y, en especial, dentro del equipo de la ministra Aguilera.

No obstante, la presión oficialista le genera una disyuntiva al Ejecutivo entre ceñirse a la demanda de sus parlamentarios o abrazar la propuesta del Senado, algo que ayudaría a resolver la crisis y evitar la quiebra del sistema.

Este dilema ya ha provocado tensiones en el propio comité político del Presidente Boric.

El grupo de ministros más cercano al Mandatario debatió el fallo de la Corte Suprema en diciembre de 2022 y, a mediados de abril de este año, volvió a invitar a Aguilera, para que presentara el borrador de su propuesta de “ley corta”.

Dicha iniciativa fue rebatida por representantes de Apruebo Dignidad, como la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, quien no compartió que la deuda se rebajara en un 90% para dejarla en US$140 millones. Tampoco tuvo acogida un plazo de pago mayor a los 24 meses.

Desde el entorno de Jara aseguran que ella mantiene su postura de evitar a toda costa una solución que sea vista como un “perdonazo”.

De todas maneras, desde el gobierno hoy plantean que se seguirá actuando bajo tres principios: garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas, velar por la estabilidad del sistema de salud y cumplir con el fallo de la Corte Suprema.

Como sea, se podrán presentar indicaciones al informe de la comisión experta hasta el próximo 20 de octubre. Dicha discusión comenzó este miércoles en el Senado.