Rebaja de dietas: La Moneda decide retirar indicación que excluía a ministros y otras altas autoridades tras cuestionamientos
Enmienda del Ejecutivo que fue ingresada este lunes y más tarde, el gobierno decidió consensuar disposiciones con todos los parlamentarios de la Comisión de Constitución para el proyecto que se encuentra en el Senado.
Retirar las indicaciones al proyecto que busca rebajar las remuneraciones de los parlamentarios y otras altas autoridades de la administración pública. Esa fue la decisión que tomó durante la tarde de este lunes la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) solo horas después de haber ingresado una serie de enmiendas a la moción parlamentaria que, además, deja en manos de un ente autónomo la fijación del salario de esas autoridades.
La idea de legislar sobre la iniciativa -que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado- fue aprobada por unanimidad por la sala del Senado el 31 de marzo, luego que se reactivara su tramitación ante la crisis económica suscitada por el Covid-19 en el país.
La determinación del Ejecutivo se dio luego que, a pocos minutos de que se diera a conocer el contenido de la propuesta del gobierno, tras el vencimiento del plazo para ingresar indicaciones, se desataron duras críticas desde la oposición.
Los cuestionamientos apuntaron principalmente al hecho de que La Moneda optara por excluir de la rebaja transitoria de un 50% -que contempla la iniciativa mientras comience a funcionar el ente externo- a ministros y subsecretarios, dejando bajo esa norma solo a diputados y senadores.
“En el período que media entre la publicación de la reforma constitucional que incorpora el artículo 38 bis y la primera determinación de remuneraciones y dietas del Presidente de la República, senadores y diputados, efectuada de conformidad al inciso anterior, dichos cargos tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente”, se leía en el texto.
Asimismo, se cuestionó que el gobierno dejara en manos del Consejo de Alta Dirección Pública -y no en una nueva institucionalidad, como habían propuesto los parlamentarios- la fijación de las remuneraciones de altas autoridades, además de incluir dentro de la normativa al Poder Judicial y al Ministerio Público.
“El Presidente pretende fijar su sueldo mediante decreto firmado por él. Eso es vergonzoso. Además, excluye a ministros, subsecretarios, asesores y operadores políticos del gobierno de la rebaja transitoria. Es francamente impresentable. Se requiere que todos los cargos políticos rebajemos nuestros ingresos”, sostuvo el senador Felipe Harboe (PPD).
Así, en medio de los cuestionamientos de la centroizquierda y también los que, en privado, transmitieron desde el propio oficialismo, los ministros Gonzalo Blumel (Interior) y Felipe Ward (Segpres) se contactaron con los miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para anunciarles que el Ejecutivo retiraría las enmiendas y que buscaría sostener un diálogo para consensuar la redacción del texto cuando la iniciativa retome su tramitación en la instancia.
La medida fue valorada por los senadores. “Otro error no forzado del gobierno. Mezclar jueces con políticos no era adecuado. Y, además, pretender mantener sueldos millonarios de ministros, asesores y operadores del gobierno parecía impresentable. Hay que rebajar los sueldos y dietas parlamentarias lo antes posible”, agregó más tarde Harboe tras la decisión de La Moneda.
El senador Andrés Allamand (RN), también miembro de la comisión, señaló que “el retiro de la indicación es correcto, ya que estaba muy mal concebida”. Y agregó: “En la Comisión de Constitución es posible llegar a un acuerdo que determine con racionalidad el universo al que se le aplicará la rebaja, el organismo que deberá resolver la materia y una fórmula de transición que, en no más de 30 días, permita que las rebajas sean operativas”.
Enmiendas opositoras
Por su parte, los senadores de la centroizquierda presentaron sus enmiendas.
En el caso de Harboe, en una indicación que también fue firmada por los socialistas Alfonso De Urresti y José Miguel Insulza se propone eliminar a las autoridades del Poder Judicial de esta legislación y, asimismo, la creación de un ente autónomo compuesto por cinco comisionados, que durarán seis meses en el cargo y serán “designados por el Presidente y ratificados por el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio” .
Esa instancia contempla a un exconsejero del Banco Central; un exministro de Hacienda; un exdirector de la Dirección de Presupuestos; un expresidente del Senado o de la Cámara, y un exdirector Nacional del Servicio Civil.
Asimismo, propone una rebaja transitoria del 30% a todas las altas autoridades contempladas en la normativa.
Desde el Frente Amplio, en tanto, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) presentó una enmienda que busca que esta medida solo contemple a legisladores, ya que, a su juicio, es la única forma de darle viabilidad en el corto plazo.
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