Robo de celulares, irregularidades y casos de maltrato: los sumarios que abrió el gobierno en su primer año

Casos de maltrato laboral, acoso sexual, hurto y diferentes irregularidades administrativas han abierto investigaciones sumarias en las dependencias de los distintos ministerios desde que asumió el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el 11 de marzo de 2022.

Así se desprende de una serie de oficios que el diputado del Partido Republicano Johannes Kaiser envió a todas las subsecretarías, y que fueron respondidos por las propias entidades públicas.

En los documentos administrativos -disponibles en Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados- se detallan las situaciones en particular de distintas entidades, indicando la falta, si hubo sanciones, la fecha en que ocurrió y si la investigación sigue pendiente o fue cerrada.

De todas maneras, hasta la fecha no todas las entidades respondieron los oficios, mientras que algunas se negaron a hacerlo argumentando que dicha información es reservada por ley.

En el Ejecutivo, en todo caso, algunos comentaron en privado a La Tercera PM que supuestamente algunas de estas investigaciones que se abrieron ahora son por hechos ocurridos durante las administraciones pasadas, o presuntamente por funcionarios contratados anterior a este gobierno. Asimismo, precisan que varios de los incidentes ocurrieron a nivel regional, como en las seremías, sin implicar que hayan pasado al interior de los gabinetes internos de los ministros o subsecretarios.

De acuerdo a lo que reportaron las entidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por Eduardo Vergara, informó sobre dos investigaciones sumarias vigentes por la “sustracción teléfono móvil institucional” y una por la “sustracción tablet institucional”. También se dio cuenta de reiteradas inasistencias por parte de un funcionario, dos sumarios abiertos por “eventual falta grave a la probidad administrativa”, casos de acoso, maltrato laboral y también un caso de “eventuales incumplimientos” por el proyecto de sistema de teleprotección “Plan Calle Segura”.

Daniela Cañas, jefa de la división jurídica de la Subsecretaría de Prevención del Delito, explicó a este medio que -respecto del robo de los aparatos electrónicos- “para efectos de darlos de baja del inventario institucional, es necesario realizar una investigación sumaria. Lo anterior, no obsta a que el funcionario deba pagar por el objeto robado o hurtado, ya que la investigación se remite a la Contraloría General de la República, la cual determina la responsabilidad civil o su eximición”.

Agregó que, en el caso de inasistencias, está pendiente una medida disciplinaria, y que, en los casos de maltrato, “existen, en el período consultado, cuatro procedimientos, tres terminados y sobreseídos por falta de antecedentes, y uno en cuyo caso se determinó el término de un contrato a honorarios, debido al incumplimiento de una de sus cláusulas y por la imposibilidad de aplicar alguna medida disciplinaria del Estatuto Administrativo”.

Sobre los incumplimientos del “Plan Calle Segura”, en tanto, afirmó que se refieren a contratos suscritos el 2020.

En el Ministerio del Interior, que lidera la ministra Carolina Tohá, se dio cuenta de una indagatoria pendiente por “responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de situaciones que afectan la gestión de la concesión del casino institucional y del cobro de gastos comunes”.

También hubo una denuncia de acoso laboral al interior del Diario Oficial; una situación pendiente sobre “establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la existencia de 305 expedientes de prestadores a honorarios sin tramitarse oportunamente”, lo que incluía la falta de RUT de estas personas.

Asimismo, se abordó el caso de una pérdida de un dispositivo GPS para el control de rutas y la “divulgación sin sujetarse a la normativa interna” de un decreto que concede pensión de gracia a ciertas personas. Además, hubo un caso de maltrato laboral y una indagatoria para verificar “situaciones que afectan la integralidad del activo fijo de la Subsecretaría del Interior”.

Consultados por este medio, desde Interior argumentaron que por ley no pueden referirse a sumarios reservados.

En la Secretaría General de Gobierno, a cargo de la ministra Camila Vallejo, se informaron seis casos de maltrato laboral -cuatro abiertos, uno sobreseído y otro sancionado-, y uno de acoso sexual que fue finalmente sobreseído.

De igual forma, hubo un incidente de ciberseguridad (que está pendiente de sanción), la “utilización de tarjeta de crédito institucional”, irregularidades en “entrega de textos” y en “uso de licencias médicas” y un caso de incumplimiento de órdenes superiores.

También se informó respecto de una situación ocurrida durante el gobierno de Sebastián Piñera, a principios de marzo, sobre “movimientos irregulares cometidos en chequera electrónica institucional”.

Desde la Segegob indicaron que “tenemos estándares al respecto. Existe una definición y se ha establecido que, ante denuncias que puedan implicar una falta a la probidad administrativa o el incumplimiento de las obligaciones funcionarias, se deben utilizar las herramientas legales disponibles que permitan determinar eventuales responsabilidades y sancionar cuando corresponda”.

En la Subsecretaría del Trabajo se dio cuenta de una “eventual irregularidad en licitación pública”, una “eventual irregularidad por pago de servicios a proveedor”, también la “eventual irregularidad por servicios realizados sin acto administrativo aprobatorio” y el caso de “demora en informes a la Contraloría General de la República”.

Asimismo, hubo casos investigados de un presunto hurto de celulares, el incumplimiento de normativa sobre teletrabajo y un caso de maltrato laboral. Desde Trabajo no respondieron las consultas de La Tercera.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) -encabezada por Nicolás Cataldo- informó del “préstamo de dinero entre funcionarios sin posterior devolución”, que terminó con una medida disciplinaria, mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones dio cuenta del caso de un funcionario que presentó “licencias médicas con fechas no compatibles”.

En la Subsecretaría de Previsión Social se informó sobre un caso de “imputación de acoso sexual, maltrato y acoso laboral” -del cual no se indica mes-, mientras que en la Subsecretaría de Minería se dio cuenta de seis casos de investigación pendiente para determinar si hay responsabilidades administrativas.

En Fuerzas Armadas, en tanto, un funcionario fue destituido por la “ausencia a su jornada laboral”. También hubo casos de acoso laboral en la Subsecretaría de Pesca y en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural.

Respecto de investigaciones que fueron sobreseídas, en Fuerzas Armadas se libró de culpa a funcionarios por la desaparición de cámaras del escáner del archivo institucional; en Educación Superior se sobreseyó un caso de unas “cartas anónimas” enviadas al ministro y a la subsecretaria, mientras que en Cultura se desestimó una situación de “falta a la probidad; uso de recursos públicos para fines privados”.