Subsecretaria Martorell presenta en Comisión de Constitución de la Cámara el proyecto del gobierno contra amenazas, coacción y hostigamiento

La subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell presentó en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados el proyecto del Presidente Sebastián Piñera contra amenazas, coacción y hostigamiento.

La iniciativa, ingresada el 20 de julio a primer trámite constitucional, “sanciona a quien por vías de hecho o medios remotos, intimidare o coaccionare a miembros de cuerpos colegisladores u órgano constituyente, a magistrados de los tribunales de justicia o a ministros de Estado, en razón de dicho cargo, con el objeto de condicionar su accionar o el ejercicio de la respectiva función pública”.

En 2020 se denunciaron 101 mil amenazas, según estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de redes sociales o de manera verbal.

“Más de 100 mil amenazas denunciadas el 2020. No podemos tolerar la violencia, la intolerancia, discriminación, el odio, la coacción ni abuso como formas de convivencia social y democrática. Este proyecto endurece actuales sanciones y tipifica también como delito el hostigamiento”, expresó la subsecretaria Martorell en su cuenta en Twitter, tras su participación en la sesión.

Con este nuevo proyecto, el delito de coacción verá aumentadas sus penas que irán desde 541 días hasta 5 años de presidio. Mientras que para el delito de amenazas, la iniciativa establece separarlo de las coacciones y el hostigamiento, creando figuras calificadas para el delito de amenazas como cuando ésta consiste en cometer alguno de los delitos más graves (homicidio, incendio, violación, entre otros) o cuando se realicen de manera anónima o con falsa identidad.

En el caso del hostigamiento, se tipificará el delito cuando una persona, ya sea verbalmente, a través de mensajes, llamadas telefónicas o mediante un medio de comunicación, afecta la intimidad, vida privada o integridad psíquica de otra persona, mediante acciones insistentes y no deseadas, tales como seguimientos, llamados telefónicos, intentos de tomar contacto o envío de comunicaciones. Este nuevo ilícito contemplará penas de privación de libertad desde 61 días a 5 años.

El proyecto, también conocido como “Antifunas”, sostiene que las llamadas “funas son un verdadero abuso del ejercicio de la libertad de expresión de que gozamos todos los ciudadanos, y afectan directamente la calidad de vida de las personas que reciben los ataques y las agresiones tanto físicas como verbales. Además, promueven una ola de violencia irracional que se manifiesta desde la comodidad de un celular o un computador, y que permea a todas las capas sociales”.

Además, el texto legislativo se fundamenta en el criterio que fijó la Corte Suprema ante este tipo de actos. En una serie de sentencias al respecto, el Máximo Tribunal expresó que la libertad de expresión tiene límites y que las “funas” vulneran el derecho a la honra, a la propia imagen y al buen nombre, acogiendo recursos a favor de los afectados y ordenando eliminar contenidos ofensivos.

El Presidente Piñera anunció la presentación del proyecto el pasado 15 de julio, argumentando que “la violencia también tiene un rostro encubierto que busca provocar miedo, dolor, a través de la amenaza, el temor, el hostigamiento y que lo que quiere es acallar la voz y las ideas de quienes piensan distinto y someter y doblegar la voluntad de aquellas personas que simplemente quieren vivir su vidas con libertad”.

La iniciativa se origina en una minuta de cuatro páginas elaborado a fines de 2020 por el l Ministerio del Interior, a cargo de Rodrigo Delgado, denominado “Agenda contra la violencia y amenazas digitales”. El jefe de gabinete comenzó a trabajar en ese documento ante amenazas que habían recibido algunas autoridades, con la inquietud de que un clima de amedrentamientos pudiera coartar la libertad de los convencionales constituyentes que redactan una nueva Carta Magna.