Tohá se abre a endurecer controles de Inteligencia tras caso Monsalve

El ambiente estaba un poco tenso al inicio de la sesión de la comisión mixta, conformada por diputados y senadores para resolver los nudos del proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Las últimas indicaciones del gobierno, que buscaban dar una respuesta a los puntos pendientes de la discusión, recién ingresaron el lunes a las 23.30 hrs., por lo tanto, ante la necesidad de dar una revisión a la propuesta gubernamental, el presidente de la comisión, el senador Iván Flores (DC), algo molesto, se negó a votar este martes, dejando pendiente la resolución de esta iniciativa para el próximo lunes en la mañana hasta total despacho.

Con ello, uno de los temas que iba a resolverse este martes quedó para el lunes: la decisión colectiva de los integrantes de la comisión mixta de eliminar las facultades del futuro subsecretario de Seguridad Pública para pedir informes y solicitar diligencias en materia de Inteligencia.

La voluntad transversal de los parlamentarios era dar una respuesta a la denuncia de violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien habría abusado de herramientas del Sistema de Inteligencia presuntamente en beneficio personal y para resguardarse ante las imputaciones.

De hecho, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, decidió dar curso al “retiro absoluto” de la institución de la exjefa nacional de Inteligencia Policial, Cristina Vilches, debido a que habría ejecutado tareas solicitadas por el ex subsecretario, por ejemplo, la revisión de cámaras, amparándose en la Ley de Inteligencia.

Tras la presión parlamentaria, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien expuso este martes ante la comisión mixta, se abrió a debatir esta innovación a luz del caso Monsalve.

Sin embargo, propuso un camino alternativo y sugirió que estas facultades sean restringidas y sometidas a un mayor control en la reforma al Sistema de Inteligencia, que está en manos de la Comisión de Defensa de la Cámara.

De hecho, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) presentó una indicación para que los subsecretarios y los ministros sean sometidos al régimen de responsabilidades y sean considerados infractores de la Ley de Inteligencia si incurren en un abuso.

En línea con esa propuesta, Tohá, dijo que “el Ejecutivo considera que es buena idea revisar algunos temas en esta materia a la luz de lo que ha sucedido. Pero tratemos de ser consistentes. Porque la verdad es que hubo un incidente gravísimo con un exsubsecretario del Interior. El día de mañana lo puede haber con un ministro. Esto no se resuelve anulando los subsecretarios, sino que teniendo normas de control”, dijo Tohá.

“Con la ley actual, si los hechos que se han denunciado terminan siendo comprobados, incluso con lo débil que es la ley actual, eso es ilegal”, agregó.

Sin embargo, insistió en que “no pensemos que sacando a los subsecretarios (se soluciona el problema), eso puede sonar bien, pero, sinceramente, es como el sillón de Don Otto, porque puede ser subsecretario, puede ser el ministro, puede ser el jefe de Inteligencia. El tema es que haya mecanismos de control, que la ley sancione y que haya chequeos”.

En esa línea, propuso como fórmula tentativa que estos informes de Inteligencia cuenten con el visto bueno de una segunda autoridad.

Además, respecto del caso de la removida jefa de Inteligencia de la PDI, dijo que ella no cometió ninguna ilegalidad, porque Monsalve habría justificado las diligencias presuntamente en un tema de seguridad. Además, explicó que la exfuncionaria no estaba obligada a informar al director de la PDI, pero que fue pasada a retiro al ejecutar diligencias en forma imprudente.

A pesar de la recomendación de Tohá, los diputados y senadores que integran la comisión mixta por el nuevo Ministerio de Seguridad, igualmente pretenden eliminar esta potestad del futuro subsecretario, quien solo indirectamente, a través del ministro, podría acceder a estos informes de Inteligencia.

El cambio tiene una explicación. Un subsecretario, según la Carta Fundamental, no puede ser objeto de acusación constitucional, a diferencia de un secretario de Estado. Por lo tanto, si en el futuro se detecta una falta a la probidad, una infracción o derechamente un delito por abusar de estas facultades de Inteligencia, el Congreso tendría herramientas para perseguir las responsabilidades políticas.

Dado que esta materia ya había sido aprobada en la reforma del nuevo Ministerio de Seguridad, se requería del acuerdo unánime de los legisladores de la comisión mixta para volver a revisarla. No obstante, incluso los parlamentarios del oficialismo están de acuerdo.

Con ello, el caso Monsalve probablemente tendrá un efecto en al menos dos reformas en tramitación: la mencionada creación del nuevo ministerio y la que perfecciona el Sistema de Inteligencia.

La diputada Alejandra Placencia (PC), dijo que “tenemos absoluta disposición para reabrir el debate sobre las facultades de los subsecretarios del nuevo Ministerio de Seguridad y hacer los ajustes correspondientes en la Comisión de Defensa respecto al Sistema Nacional de Inteligencia. Es fundamental que volvamos a conversar sobre este tema, considerando la mal utilización de la Ley de Inteligencia por parte del exsubsecretario Monsalve, lo que por supuesto también constituye un abuso de sus facultades”.

En las indicaciones que presentó el Ejecutivo este martes ante la comisión mixta, Tohá, jugó, además, sus cartas finales para destrabar la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, cuyo despacho se viene postergando por distintas diferencias políticas y jurídicas desde el año pasado.

En este oficio, la ministra insistía con la figura de una nueva autoridad regional que será el responsable del Ministerio de Seguridad en cada territorio a cargo de dirigir a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI), una suerte de “sheriff” en cada región, a la usanza del antiguo modelo anglosajón, que luego operó en el oeste de Norteamérica.

En el primer trámite en el Senado, esta autoridad regional se iba a denominar “comisionado”, pero tras un intenso debate que se dio en la Cámara, la secretaria de Estado se inclinó para que esta autoridad sea un “secretario regional ministerial” (seremi) de Seguridad Pública, ciñéndose a la nomenclatura que ya existe para los representantes que tienen las carteras de Estado en cada zona. El nombre, en todo caso, aún es materia de discusión, pero de todos modos se trataría de una nueva figura regional.

La gran diferencia es que este nuevo seremi o comisionado tendría la estratégica responsabilidad de conducir a las policías y está obligado a actuar ante cada requerimiento del delegado presidencial en la región, por ejemplo, para intervenir en desórdenes públicos o episodios de criminalidad.

Este modelo siempre fue el que defendió Tohá; sin embargo, ahora esta indicación del Ejecutivo supuestamente tendría el visto bueno técnico de asesores parlamentarios que trabajaron en esta fórmula de salida.

Según el proyecto, el Ministerio de Seguridad Pública ejercerá las funciones de control administrativo, financiero y disciplinario de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la supervisión de la gestión policial en el ámbito estratégico, tareas que a nivel regional serán ejecutadas por el nuevo seremi.

Tohá explicó que esta fórmula regional no es distinta a la que opera a nivel nacional, pues cuando el Presidente de la República considera que hay un hecho de orden público grave “llama al general de Carabineros, me llama a mí o llama al subsecretario y dice: lo que se está haciendo es insuficiente, refuercen, hagan otra cosa. El delegado debiera funcionar de la misma manera”.

La ministra comentó que “el delegado es el representante del Presidente. Y cuando el delegado ve que está la embarrada, porque en los colegios los baños no funcionan, tiene que llamar al seremi de Educación o puede llamar al ministro... Y cuando hay un problema en transporte, porque todos los días en la mañana hay unos tacos infernales, llamará al seremi de Transportes o al ministro... Bueno, en seguridad debe ser lo mismo. Eso no significa que el delegado se lava las manos o se desentiende, pero administrativamente y del punto de vista de las competencias sectoriales tiene un (seremi) especializado... que se encargará del personal de la seguridad... Pero el delegado está encima suyo”.

Pese a los argumentos de Tohá y al visto bueno de los equipos técnicos, algunos legisladores de oposición mantenían dudas y prefierían que el control de las policías siga en manos de los delegados, pero dado el plazo definitivo para despachar este punto (uno de los últimos nudos), solo quedaría votar o hacer algunos ajustes formales a la propuesta de gobierno.