El mayor estudio de abogados del país en número de profesionales enfrenta otro litigio con una asociada. Si hace casi dos años, Carey se enfrascó con una disputa legal con la abogada María José Martabit, por una supuesta discriminación de género y vulneración a la libertad de expresión, ahora es una asociada la que demandó al bufete.

Camila Beltrán Madrid presentó una demanda de tutela laboral en contra de la firma de abogados, acción en la que acusa la presunta vulneración de sus derechos fundamentales debido a discriminación por género y maternidad, daño a su integridad psíquica, honor y libertad de trabajo. En la acción judicial exige $ 80 millones por daño moral, $20 millones por daño emergente, y $10 millones por lucro cesante, totalizando $110 millones.

“No renunciaré a mis derechos ni permitiré que me traten así por ser madre”, sostuvo Beltrán en la acción judicial que se tramita en el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dirigida contra Carey y Cia. limitada, representada por el socio Jaime Carey.

Camila Beltrán ingresó al bufete en 2019 como asociada, con un contrato indefinido y un sueldo mensual bruto de $2.136.000. “Ingresé al equipo liderado por los socios Ricardo Reveco y Roberto Villaseca, mi jefatura, dedicado a la práctica de litigios, arbitrajes y procedimientos de insolvencia regidos por la Ley N°20.720″, dijo la abogada en la acción judicial en la que se representa a sí misma.

En su demanda, Beltrán sostuvo que tras anunciar su embarazo y regresar de su postnatal, en noviembre de 2022, comenzó a recibir un trato hostil. Su jefatura le asignó tareas menores y la excluyó de casos importantes, afectando su desarrollo profesional y económico.

La abogada solicitó su reasignación a otra área legal, con una jefatura distinta para evitar el “hostigamiento”. También destacó la exigencia de un plan de trabajo para prevenir el acoso laboral tras su regreso del reposo postnatal. Además, solicitó capacitaciones obligatorias presenciales y semestrales para todos los trabajadores, con expertos en temas de género, para promover la no discriminación por género y maternidad dentro de la empresa, apunta.

“Desde que me convertí en madre, fui condenada y postergada”, explicó en la acción judicial interpuesta el pasado 27 de julio. En el escrito, Beltrán denunció que sus superiores intentaron despedirla en enero de 2024, cuando tenía tres meses de embarazo, y dice que le propusieron un acuerdo de salida, instándola a renunciar a sus derechos laborales protegidos por el fuero maternal. Ella rechazó la propuesta, enfrentando mayor hostilidad laboral.

“¿Tener hijos en un ambiente laboral de feroz competencia? ¡Qué ocurrencia más inapropiada!”, describió Beltrán en su demanda, destacando el ambiente hostil y discriminatorio en la firma. “Me hicieron sentir inútil, infructuosa, completamente irrelevante y prescindible, prácticamente como un estorbo”, afirmó.

“Mis esfuerzos no fueron reconocidos, me relegaron a realizar tareas repetitivas y superfluas”, consignó en su demanda la asociada, quien recurrió a terapia y recibió licencia médica debido al estrés y la ansiedad.

“El lunes 1 de abril de 2024 regresé al estudio luego de mi periodo de licencias médicas. Me enteré de que mi empleador no estaba pagando las cotizaciones laborales y previsionales, ni el sueldo del mes de marzo de 2024, ni el bono correspondiente al año 2024. A pesar de enviar un correo para preguntar sobre dicha situación irregular, no recibí respuesta alguna. Así, me presenté nuevamente en la empresa; sin embargo, ese mismo día solicité teletrabajo a recursos humanos porque ir a la oficina agravó mi crisis de ansiedad y estrés”, concluyó.

Desde Carey explicaron que no comentan los procesos judiciales en curso.

Sin embargo, explicaron que “al momento de plantearle su desvinculación por hechos ajenos a su maternidad, la trabajadora no había informado ni a la empresa ni a su equipo que estaba embarazada. Cuando informa de su estado de embarazo, se le indicó de inmediato que, dado su fuero, su salida no se produciría y seguiría trabajando en la oficina”.

“En Carey promovemos el desarrollo de la carrera profesional de todas las mujeres dentro de la organización mediante numerosas políticas e iniciativas orientadas a la maternidad y paternidad. Confiamos en la rectitud de nuestro actuar y esperamos que los tribunales resuelvan dando cuenta de la inexistencia de cualquier vulneración a sus derechos fundamentales y de discriminación por maternidad que la abogada infundadamente nos atribuye”, añadieron desde el estudio.

También señalaron que respetan el derecho de todo empleado de la oficina a la maternidad y paternidad, adoptando medidas que tienen por objeto no sólo hacerla compatible con el trabajo, sino que, además, buscan promover especialmente el desarrollo de las carreras de las madres dentro de la organización.

El estudio, dicen, cuenta con una política de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.

“En 2023 relanzamos nuestro programa interno, bajo el nombre de Carey Mujeres, el cual surge para entregar herramientas concretas para apoyarlas en las distintas etapas de su vida profesional y desde los distintos roles que deben ir asumiendo y para generar espacios de conversación para conectar con otras mujeres y así potenciar la creación de redes de apoyo dentro del estudio”, concluyeron.