Alejandro Gil apela contra prohibición de acercarse a CLC y acusa que restringe su “libertad de trabajo”

Alejandro Gil, presidente del directorio de Clínica Las Condes (CLC), presentó el miércoles de esta semana una apelación en contra de la medida cautelar dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que le prohíbe acercarse a las dependencias del establecimiento. Esta restricción fue adoptada en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida, delito por el cual Gil fue formalizado el pasado 6 de agosto.

En su apelación, la defensa de Gil, encabezada por el abogado Álvaro Jofré, alega que la prohibición es una medida “arbitraria y desproporcionada” que carece de fundamento. “Gil es presidente del directorio de CLC y no posee acceso ni control sobre la totalidad de la información de una empresa con más de 3.000 empleados y más de 1.500 médicos en los períodos considerados en la investigación; además de centenares de proveedores y decenas de gerencias y departamentos. Su cargo se limita a integrar el directorio y relacionarse con las principales gerencias de la sociedad, sin intervención en procesos contables, administrativos, informáticos, etc.”, se argumenta en el escrito.

“Impedir que mi representado acceda físicamente a las dependencias de CLC le impide cumplir con sus deberes y obligaciones como director”, señala la defensa, insistiendo en que la medida afecta gravemente los derechos constitucionales de Gil. “Acceder a una medida cautelar como la solicitada supone restringir de manera muy relevante las garantías constitucionales de mi representado (libertad de trabajo, derecho de propiedad, etc.), basándose únicamente en las querellas de 21 doctores”, consigna el escrito.

“Al impedirle ingresar físicamente a las dependencias de CLC, el señor Gil está siendo gravemente vulnerado en su derecho de propiedad respecto de sus acciones en CLC, sin ningún tipo de argumento o necesidad de cautela que justifique dicha privación”, añade.

El recurso de apelación también argumenta que la decisión del tribunal no tomó en cuenta que el Ministerio Público, encargado de la investigación, no solicitó medidas adicionales a las de arraigo nacional y firma mensual. La defensa subraya que el tribunal basó su decisión en “meras afirmaciones vacías y vagas”, sin presentar evidencia concreta de que la presencia de Gil en CLC pudiera interferir en la investigación.

La apelación rechaza enfáticamente la idea de que Gil tenga un control absoluto sobre las operaciones de la clínica, calificando como “imposible” la posibilidad de que el presidente del directorio pudiera manipular los sistemas informáticos o financieros de CLC. Según el documento, Gil no tiene acceso directo a la información crítica de la empresa, que es gestionada por equipos especializados y un software automatizado. Además, se destaca que durante la ausencia de Gil en el extranjero, los pagos a los médicos continuaron realizándose de manera regular.

La defensa además presentó pruebas documentales que muestran que los médicos querellantes han recibido pagos que exceden los montos reclamados como retenidos, lo que, según ellos, desacredita las acusaciones de apropiación indebida. “Todos los querellantes han recibido pagos por montos superiores a las sumas indicadas en sus querellas”, se afirma en la apelación.

La medida cautelar fue impuesta tras las denuncias de más de 20 médicos que acusan a la administración de Clínica Las Condes de haber retenido ilegalmente sus honorarios, sumando deudas que superan los $2.600 millones. La fiscal Karin Naranjo ha sostenido que, bajo la dirección de Gil, la clínica habría utilizado los fondos destinados a los médicos para cubrir sus propias deudas, violando así el mandato otorgado por las sociedades médicas.

Según los querellantes, los testigos revelaron que Gil tenía un rol relevante en CLC al gestionar desde una posición ejecutiva la administración de la compañía.

Pamela Contreras, directora penal del estudio Colombara y abogada de algunos de los querellantes, señaló que en su apelación, la defensa de Gil no presenta nuevos argumentos. “En sus declaraciones, los testigos se refieren a él como la persona que dicta las órdenes al interior de CLC y quien decide el manejo de la clínica. Su abogado ahora está repitiendo los mismos argumentos que planteó en la audiencia. Nadie está diciendo que 3.000 personas cometieron el delito; aquí, los que lo cometieron fueron la plana ejecutiva y directiva”, afirma.

Por su parte, Patricio Fernández, abogado y exsuperintendente de Salud, representante también de algunos de los médicos afectados, sostuvo que “la apelación es una reiteración de los argumentos. Me parece que los fundamentos que tuvo la jueza para decretar la medida cautelar fueron bastante graves. En la carpeta investigativa hay antecedentes que revelan constantes intervenciones del señor Gil en la gestión y decisiones de la clínica”.