Codelco presentó este jueves un escrito a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que rechaza los cuestionamientos que planteó el abogado Juan Francisco Sánchez, quien de manera particular interpuso un recurso de amparo económico cuestionado la asociación de la cuprera con SQM y la creación de dos filiales de la estatal para ingresar al negocio del litio.

En su defensa, la cuprera estatal calificó el recurso como “improcedente, extemporáneo e impertinente”. Según la estatal, la acusación carece de fundamento, ya que el Decreto Ley 1.350, que creó la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, en 1976 y que regula su actividad, le otorga explícitamente facultades para “explotar minerales no ferrosos, dentro de los que se encuentra el litio”.

La representación legal de Codelco, encabezada por el abogado Aldo Molinari Valdés, argumentó que “el relato del recurrente presenta tergiversaciones y omisiones” y “mañosas imprecisiones” y aseguró que el acuerdo de asociación con SQM forma parte de la Estrategia Nacional del Litio, diseñada para garantizar “la participación temprana y controladora del Estado en el negocio del litio”.

“No es cierto que Codelco constituyó a Salares de Chile y Minera Tarar con el objeto de saltarse la creación de la Empresa Nacional del Litio anunciada por el Presidente. Siempre se trató de dos aspectos distintos y separados, con diferentes objetivos, de la Estrategia Nacional del Litio, que, a su vez, se encontraba en línea con una política de Estado desarrollada y estudiada a lo menos desde el año 2016″, argumenta.

Codelco detalló que el acuerdo con SQM no es un acto aislado, sino el resultado de una política pública iniciada en 2016 bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y que continúa con la actual Estrategia Nacional del Litio impulsada por el presidente Gabriel Boric. Según los antecedentes presentados, este marco estratégico permitió la creación de filiales como Salares de Chile SpA y Minera Tarar SpA, empresas diseñadas para liderar el ingreso estatal en la explotación del mineral.

“La estrategia estableció expresamente la participación de Codelco en la explotación de litio a través de una asociación público-privada, negociando en primer lugar con SQM, cuyo contrato vence precisamente en 2030″, señaló la defensa.

Además, la empresa estatal cuestionó el argumento central del recurso, que alega la falta de autorización legal para explotar litio, afirmando que dicha facultad está claramente especificada en su normativa. “La teoría del recurrente del supuesto giro limitado de Codelco no es más que un intento por desconocer las claras disposiciones legales que autorizan el amplio ejercicio de la actividad minera por Codelco”, indicó el informe.

“Codelco lleva más seis años involucrada en el negocio del litio en nuestro país de manera pública y notoria, a través de una de sus filiales, y el recurrente nada menciona al respecto”, dice sobre el recurso, que desacredita llamándolo “la fantasiosa teoría del Sr. Sánchez”.

Otro punto central de la defensa fue la extemporaneidad del recurso. Según Codelco, los hechos cuestionados ocurrieron hace más de seis meses, excediendo el plazo legal para interponer el recurso de amparo económico. “Desde el año 2018 Codelco lleva realizando actividades relacionadas con la exploración y explotación de litio de forma pública y notoria”, señaló.

Asimismo, desestimó la teoría del recurrente sobre una “infracción de tracto sucesivo”, calificándola de artificiosa y carente de base jurídica.

En su informe, Codelco subrayó que el acuerdo con SQM fue alcanzado bajo “la máxima transparencia y escrutinio público”. Según la estatal, tanto el Memorándum de Entendimiento como el Acuerdo de Asociación fueron informados oportunamente a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y discutidos en el Congreso.

“El Acuerdo de Asociación es el fruto de una negociación realizada a vista y paciencia de la opinión pública y bajo el mayor de los escrutinios”, aseguró Codelco, desestimando las acusaciones de opacidad.

Codelco argumentó que el acuerdo con SQM traerá importantes beneficios para el Estado, incluyendo ingresos proyectados entre US$21.700 millones y US$48.900 millones durante la vigencia del contrato. “El Estado de Chile, a través de Codelco, será titular de más del 50% de la sociedad conjunta con SQM, la que será controlada por el Estado a partir del año 2031″, enfatizó la defensa.

Con esta solicitud, Codelco espera que la Corte no solo rechace el recurso, sino que también declare que “la denuncia carece de toda base”, lo que podría abrir la puerta para exigir responsabilidades legales al abogado Sánchez Silva, desliza Codelco. “La responsabilidad por los perjuicios ocasionados es el mecanismo establecido por el legislador como sanción ante el ejercicio indebido de la acción popular del recurso de amparo económico, mecanismo respecto del cual esta parte hace expresa reserva de sus derechos”, indicó la empresa.

Otro asunto que desliza Codelco es la representación del abogado Juan Francisco Sánchez. La empresa afirma que la narración del recurso ha sido “realizada motu proprio por un abogado de la plaza, supuestamente ‘actuando como persona natural en ejercicio de la acción popular’”.

“No trabajo para nadie. Al menos no todavía. Esta es una acción deducida por un ciudadano, utilizando la acción popular que entrega una ley especial”, dijo a Pulso el abogado Juan Francisco Sánchez, socio del estudio Valdivia Legal, a comienzos de noviembre, cuando interpuso el recurso.

Ahora sumó a otro abogado al caso: Sánchez designó como abogado patrocinante y apoderado judicial al reconocido jurista Juan Ignacio Correa Amunátegui. Correa, quien también es escritor de novelas, es especialista en solución de disputas de negocio, conflictos regulatorios y de libre competencia y ha sido director de empresas como Salfa, Ladeco y Enami.

“El Estado de Derecho también se vincula a lo correcto. Y Juan Francisco, un discípulo mío, si es que no resulta pretensioso ese título, está en lo correcto. Él no tiene un cliente y yo lo apoyo”, explicó a Pulso.

“No soy palo blanco de nadie. No me extrañaría que ante la falta de argumentos se eche a correr esa infamia, tal como deduje una demanda en contra del plebiscito que originó el primer borrador del bodrio constitucional plurinacional. Ahora también actuamos como unos ciudadanos que reivindicamos una antigua vocación del ejercicio profesional del derecho”, explicó.